Un año exacto ha pasado desde que la gestora de inversiones llamada Swell se convirtiera en el “caso Swell”. El 2 de julio del año pasado, el dueño de un tercio de la empresa y gerente de inversiones, Octavio Gamboa, fue hasta la Fiscalía de Las Condes y se autoinculpó de haber engañado a sus otros socios y manipulado los sistemas de la empresa, lo que habría provocado pérdidas por casi $ 7 mil millones. 

Dijo que actuó solo, que nadie más sabía. Y la empresa cayó, cerró sus oficinas y los otros socios de la firma, Juan Luis Montalva y Nicolás Iglesis, tuvieron que poner $ 400 millones de su bolsillo para resarcir en algo a los cerca de 50 clientes afectados. 

Pero en el año que la Fiscalía lleva investigando han aparecido nuevos antecedentes. Según explicó en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el fiscal Felipe Sepúlveda en junio, una auditoría interna de Swell reveló que había un grupo de clientes coordinados con Gamboa. El problema es que aquellas personas se presentaron como víctimas ante el proceso de reorganización de la firma e iban a ser indemnizados. 

Michael Suárez, el contador de la empresa y a quien Gamboa habría supuestamente engañado, pero que también era cliente de la empresa; el exempleado de Swell Daniel Garrido, así como Enrique Morandé y Mauricio Silva, exclientes y también socios de Gamboa, se habían presentado como víctimas, pero ahora la Fiscalía los trata como imputados. 

“El informe técnico del analista José Antonio López (experto externo elegido por Swell para encabezar una auditoría) da cuenta que a estas empresas se le hicieron abonos por conceptos de retiros improcedentes, dado que no tenían fondos que respaldaran esos retiros de dinero. Esto es, que no tenían un saldo a favor en sus operaciones de forward con Swell, lo que significa que los dineros que se retiraron eran de propiedad de esta última y no de estas empresas”, explica el fiscal Sepúlveda en una petición de congelar dineros a estos imputados que hizo al tribunal.

El documento -al que tuvo acceso DF MAS y es hasta ahora desconocido públicamente- tiene 21 páginas y fue redactado en junio.

Agrega que el análisis interno de Swell estableció que la sociedad La Cristi, de Mauricio Silva, hizo retiros irregulares por al menos $ 287 millones; Gedesa de Enrique Morandé, por unos $ 65,2 millones; Altué, de Daniel Garrido, otros $ 1,8 millones y Michael Suárez, a través de Amanda, retiros en exceso que alcanzan al menos los $ 4,2 millones. 

Sobre ellos “se indagan delitos de apropiación indebida, cometidos por todos estos imputados en concierto con Octavio Gamboa, quien mantiene vínculos laborales y societarios con todos los beneficiados con estos egresos de dineros injustificados”, explica el fiscal.

Y señala que todas estas empresas recibirán cheques de Swell como parte del acuerdo de reorganización. Por eso el fiscal pide congelar esos cheques y no entregarlos. 

Argumenta que pagarles “resulta un total despropósito: puesto que los imputados podrían percibir tales pagos, no obstante haber defraudado a la compañía, sin tener derecho, aumentando en esa forma el perjuicio ocasionado a Swell (...) Lo más prudente es que estos pagos queden retenidos o pendientes de enterar, mientras se indaga o pesquisa la responsabilidad penal de los imputados en los hechos de esta causa. Proceder de esta forma permitiría evitar el altamente nocivo efecto de que Swell tenga que pagarle a quienes la defraudaron”.  

El fiscal además pone en duda la historia que se había relatado hasta ahora y que establecía que Gamboa actuó solo y engañó a socios y clientes. 

El persecutor hace pública una segunda declaración de Gamboa, del 20 de julio del año pasado. “Aprovechando mi calidad de ejecutivo, apoderado y representante de Swell, no detuve la ejecución de operaciones forwards en dólares entre Boris (firma de inversiones de Gamboa) y Swell, para lo cual manipulé información, engañando al contador de Swell (Michael Suárez), que tenía la función de contralor de riesgo y de mantener actualizada la información relativa a garantías.

De esta forma, logré que pareciera que Boris aún tenía garantías que le permitían respaldar los sucesivos contratos que entre enero y julio 2021 ejecutó”. Aquella afirmación ocurrió el 1 de julio de 2021.

El fiscal plantea que 20 días después Gamboa se contradice y reconoce que el contador Suárez no fue en verdad engañado: “En realidad no le entregué información falsa, lo que hice fue decirle al contador el problema que tenía debido a los malos negocios de Boris Ltda, solicitándole que me ayudara a alterar el informe semanal de garantías que se le enviaba a los socios y un PDF que se le enviaba a Sartor con la información de los fondos”.

El 17 de junio de 2022, la jueza Carolina Araya accedió a la solicitud de la Fiscalía y prohibió que los exclientes fueran a reclamar sus dineros.

Antes de enterarse de aquel cambio, el 1 de julio reciente, Mauricio Silva intentó cobrar el monto. Según una presentación de su abogado, Matías Balmaceda, ese día concurrió a retirar el cheque que había sido girado en favor de la sociedad La Cristi.

“Sin embargo, uno de los abogados de Swell nos comunicó que el retiro del mismo no era posible puesto que, en el contexto de esta causa judicial, vuestro tribunal habría dictado una medida cautelar real de retención sobre dicho dinero, de la cual estábamos en completo desconocimiento”.

Alegó entonces que nunca se enteró y que esto habría violado derechos de su cliente. Además, argumentó que el imputado es la persona natural, y no la sociedad La Cristi, que es la que iba a recibir el cheque. La jueza rechazó dicho reclamo dos veces, por lo que desde esta semana el tema pasó a la Corte de Apelaciones. Balmaceda en sus presentaciones dejó otras evidencias.

“El informe realizado al efecto (que constituye la única base para intentar culpar a mi representado) no analiza a todos los clientes, sino que solamente a un universo acotado de ellos y seleccionado en forma antojadiza, no precisando cómo operaban los clientes no analizados. En ese sentido, no existe ningún antecedente que dé cuenta que el resto de los clientes -no analizados- no hayan operado de la misma manera. Solo de esa forma sería prudente emitir un juicio de valor respecto de los analizados”, explica.

Balmaceda además apunta a los otros socios de Swell.

“Salta la duda en relación con la debida diligencia a que faltaron los socios de Swell en términos de manejar prudentemente el negocio (...) Si los propios querellantes eran socios de Swell, ¿no era deber de ellos (como socios y dueños del negocio) impedir que clientes pudiesen operar sin garantías? Ello más aún considerando que la utilidad de Swell provenía de las comisiones de las operaciones que estos clientes efectuaban, y que por tanto, los propios querellantes recibieron todas las comisiones en los casos que los clientes operaron sin garantías. Así, resulta algo tendencioso culpar a los clientes por operar sin garantías en un sistema o negocio del cual ellos mismos eran los responsables”.

El caso Swell, 365 días después, parece estar lejos de cerrarse.