Aunque es una figura presente en casi todo el mundo y es muy recomendada por la OCDE, el delator anónimo tendrá su estreno en sociedad en la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso. Busca empoderar a la ciudadanía en la lucha contra la elusión y la evasión, con el incentivo de que si se entrega información precisa, verídica y comprobable que permita llevar un caso y recaudar más dinero, el denunciante se queda con el 10% de lo recaudado.

La figura, sin embargo, es vista con recelo por los expertos porque puede ser usada maliciosamente: para sacar a la competencia del mercado; por enturbiar las relaciones al interior de la empresa o prestarse para vendettas personales, incluso para desviar recursos del Servicios de Impuestos Internos a causas estériles desde el punto de vista de la recaudación.

En el mundo financiero y de libre competencia, su eficacia ha sido probada, señala la experta Soledad Recabarren, de Recabarren & Asociados. Y de hecho el mecanismo hizo posible detectar incumplimientos a la normativa de emisiones de gases de Volkswagen o los de los camiones de Nissan. En el caso de la libre competencia, el cartel del “Papel Confort” partió por la autodenuncia de una compañía (CMPC), lo mismo que en el caso de las farmacias (en esa oportunidad, Ahumada). 

Estados Unidos: 645 denuncias en 2021

Entre los países en donde existe la figura, el Ministerio de Hacienda destaca Estados Unidos, país en el cual los incentivos económicos para el denunciante rondan entre el 15% y el 30%. En Canadá, los incentivos oscilan entre un 5% y un 15% de los impuestos recolectados, más amplio que la propuesta del proyecto de ley chileno. Un tercer ejemplo destacado por Hacienda es Reino Unido, que contempla incentivos al denunciante sin un porcentaje determinado, quedando a criterio de la administración tributaria dicho premio. 

Las cifras de Hacienda indican que, en el caso de Estados Unidos, las denuncias han crecido en los últimos tres años. En 2021 se registraron 645 denuncias, un 26,4% más que en 2019, cuando ingresaron 510.

En cuanto al monto de los premios y la recaudación, ha sido variable. Así, en 2019, se recaudaron por este concepto US$$ 616 millones y los premios llegaron a US$ 120 millones; el año siguiente fueron recepcionados US$ 472 millones y los denunciantes percibieron US$ 86,6 millones. En 2021, se recaudaron US$ 245 millones y en incentivos se distribuyeron US$ 36 millones.

Para el Ministerio de Hacienda, es claro que en “aquellos países que introducen la figura del denunciante anónimo siempre incorporan un beneficio económico, pues es este elemento el que puede ser decidor para el éxito de una medida de estas características”.

Huele a peligro

Los expertos consultados estiman que el incentivo monetario puede resultar riesgoso. “Se podría crear un posible mercado de “cazarrecompensas” en materia tributaria”, alerta Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC Chile. Juan Alberto Pizarro, director ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, enfatiza que “como medida específica puede ser efectiva en el combate a la evasión, el punto es la forma, ya que si no está bien rayada la cancha se puede prestar para arbitrariedades y extorsiones”.

Carolina Fuensalida, experta tributaria, ex asesora del gobierno de Sebastián Piñera, considera que para que la figura del denunciante anónimo sea efectiva debiese ser más preciso en los casos en que se debe usar: “no puede ser una norma tan genérica, debe precisarse más”, dice. En ese sentido, puntualiza que “puede ser un arma muy útil para luchar contra la evasión, “pero se debe definir los delitos tributarios en que el denunciante anónimo tiene que intervenir”, señala.

La experta estima que existen otros mecanismos para el combate a la evasión más efectivos como la simplificación del sistema tributario, tener una mayor confianza en los impuestos, que igualmente tendrían un efecto recaudatorio. En ese sentido, comparte el punto de vista el experto del Colegio de Contadores, quien señala que si se partiera desde una mirada más positiva, desde una relación de buena fe entre la autoridad fiscal y el contribuyente, podrían obtenerse buenos resultados.  

Cambios en la contabilidad

Los abogados consultados son enfáticos en señalar que con la reforma el sistema tributario se va a complejizar y con ello los balances y la labor del contador y los mismos abogados, habiendo un mayor espacio para errores. 

“La norma a las empresas les obligará a revisar sus estándares de cumplimiento y de manejo de información clave, probablemente se evaluará el nivel de confianza en los actuales equipos de contadores y asesores”, opina Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores. 

Pero, más allá de los problemas “normales” de aplicación, ¿qué pasa si un contador, al revisar un balance, se da cuenta de un fraude? ¿Tiene la obligación de denunciar?

Juan Alberto Pizarro señala que “en la  práctica si un contador se da cuenta de un fraude contable de competencia o tributario en el ejercicio de su profesión, puede denunciar a la CMF y FNE, que ya tienen canales de denuncia compensada,  el SII tiene canales de denuncia, que pueden operar pero sin compensación monetaria como indica la reforma tributaria”, detalla el experto.

“Puede, pero no está obligado a hacerlo”, señala la abogada Dayana Barría, socia de TH Partners, quien explica que mientras que en otras jurisdicciones se está levantando el secreto profesional en caso de ilícitos, en Chile éste sigue para abogados y contadores, por lo que si un cliente está cometiendo un delito, no pueden informar. 

Pactos de confidencialidad

Javier Vergara, socio fundador de Valtin Capital, considera que la figura será extremadamente exitosa para denunciar fraudes y evasiones en empresas, pero pondrá en aprietos a las consultoras. “En planificaciones tributarias, en que trabajan muchas personas en distintos niveles de responsabilidad, cualquiera puede acusar y tener distintos incentivos, personales, laborales, económicos, para hacerlo. Si yo fuera el cliente, le pediría un acuerdo de confidencialidad firmado a cada uno de los miembros del equipo que me van a hacer el trabajo tributario”, sentencia. 

Soledad Recabarren, de Recabarren & Asociados, agrega que esa ya es la práctica habitual en muchas empresas y que puede implementarse con otros miembros del staff. 

En planificaciones tributarias más “agresivas”, es posible que el consejo del asesor tributario sea “verbal” y no escrito como es lo usual.

Caza de brujas y extorsiones

Soledad Recabarren hace ver que sí o sí se va a deteriorar el clima de las empresas. De hecho, mucho de eso ya se produce en la actualidad, donde el SII tiene un sistema de denuncia que no es completamente anónimo.

Recabarren confidencia que, en casos que ha debido llevar, muchas veces denuncian irregularidades que no son tales, simplemente para hacer pasar un mal rato a la contraparte. “Una vez, un exarrendatario denunció a su arrendador y claro, cuando fuimos a aclararlo, con todos los papeles en mano, se vio que era una denuncia sin fundamento, pero esto implicó horas de trabajo y tuvo un costo”, señala.

Loreto Pelegrí, de PwC, se hace eco de esta crítica, porque la figura “sí puede reducir la confianza entre miembros de un mismo grupo” . Y agrega: “pueden generarse denuncias de exempleados, que sin entender la complejidad de la materia tributaria, podrían iniciar una denuncia al SII infundada. Sería una consecuencia indeseada que se instrumentalizara a la autoridad tributaria para resolver disputas entre exempleados y exempleadores o para quienes pretendan lucrar en este ámbito sin medir las consecuencias que puede tener para un contribuyente”.

La abogada Dayana Barría sugiere que, de aprobarse la figura del denunciante anónimo, se legisle y regule alguna especie de compensación para la empresa o la persona que es acusada y respecto de la cual después resulta que la acusación era falsa. Esto, porque hoy el proyecto establece que si la información entregada por el denunciante es maliciosamente falsa, tendrá una multa de 100 UTA. Pero esa multa, primero, es a beneficio fiscal y no para el acusado falsamente; y, segundo, deberá acreditarse eso de “maliciosamente”, porque el concepto de malicioso implica dolo y eso es algo que debe acreditarse.

Otros expertos señalan que incluso el instrumento puede usarse para sacar a un competidor del mercado en una contienda muy agresiva. 

Juan Alberto Pizarro, del Colegio de Contadores, enfatiza que hay mucha inquietud entre los clientes por este tema. “Preguntan mucho, pero en general por varios puntos de la reforma que van en la misma línea, ya que el denunciante anónimo se suma a mayores atribuciones al SII tales como el acceso a la información bancaria, el proyecto de delitos económicos en curso y medidas que contempla esta reforma tributaria tales como la aplicación  vía administrativa de la norma general anti-elusiva. En general existe preocupación porque se avanza en muchas atribuciones a la autoridad fiscal y hay casi nulo avance en los derechos de los contribuyentes”. 

No respetar el anonimato

El SII tiene hoy un mecanismo para hacer una denuncia de evasión o fraude tributario, aunque no hay cifras respecto de qué tanto impacto ha tenido. 

En este sistema el anonimato no está garantizado, señalan varios de los consultados, porque en la práctica, los denunciados conocen en alguna parte del proceso quién los está denunciando. Dayana Barría explica que en el nuevo proyecto también puede producirse una fuga de información, porque el denunciante debe solicitar su anonimato, éste no es automático, y puede pasar un tiempo entre el registro de la denuncia y la obtención del anonimato, quedando expuesto el denunciante. Esto es especialmente delicado en casos de fraudes de gran escala y complejidad, donde el denunciado puede tomar medidas de presión contra el denunciante. 

Denunciante Anónimo de la CMF: 21 casos en un año de aplicación

El 19 de julio de 2021 debutó la figura del denunciante anónimo en la CMF, como una forma de ampliar la fiscalización en el mercado financiero. A la fecha, la CMF ha recibido 21 solicitudes de reconocimiento de la calidad de “Denunciante Anónimo”. Según el organismo, el sistema ha demostrado ser una herramienta adecuada e idónea para acceder a información sobre irregularidades que, de otra forma, habría sido muy difícil de detectar por la Comisión.

El Ministerio de Hacienda explica que el denunciante expresamente debe solicitar acogerse a este procedimiento y no puede presentar una denuncia quien ha incurrido en la conducta o tenga el carácter de víctima. Además, detalla la autoridad, hay sanciones penales (presidio menor en sus grados mínimo a medio) y multa (6 a 10 UTM) en caso de mal uso.

Si la información recibida se traduce en una sanción, el denunciante anónimo tendrá derecho a recibir por su colaboración un porcentaje de la multa aplicada, que va entre el 10% y el 30% de la multa, con un tope de 25.000 UF ($838 millones), destaca Hacienda. Este premio no constituye renta para efectos tributarios.