La Compañía Telefónica Rural (CTR), firma ligada al empresario José Cox, volvió a perder ante tribunales contra su socio en el proyecto de Fibra Óptica Austral (FOA).

Esta vez, fue en la Corte de Apelaciones, pues la empresa acudió a esta sede judicial para tratar de revertir la sentencia del árbitro Rodrigo Guzmán en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM), en una disputa que tardó 2 años en resolverse.

¿Qué pasó?, CTR demandó en 2021 a su socio comercial Inversiones Río Hurtado (IRH), con quien participó en 2017 para adjudicarse el mayor subsidio que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había dado hasta ese momento: el cable submarino Fibra Óptica Austral (FOA) por US$ 100 millones. Esta iniciativa buscaba mejorar la calidad de internet de las zonas entre Puerto Montt y Magallanes, y así dejar de depender de Argentina.

El problema surgió porque los socios ligados a Cox incumplieron con la firma del contrato de promesa de asociación, que convertía a Cristián Rojas -dueño de IRH- en socio formal de CTR con derechos equivalentes a una participación del 30% de la iniciativa y, por lo tanto, a ese porcentaje de sus utilidades.

La defensa de Cristián Rojas recayó en manos del experto José Miguel Gana, socio de Gana & Urrutia, quien alegó que IRH fue “determinante” para la adjudicación del concurso. “IRH fue quien llevó a CTR al negocio, incluso fue quien sostuvo las reuniones con Subtel y armó toda la sociedad para que resultase”, expresó el abogado en la demanda arbitral.

Tras el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, CTR tendrá que pagarle un tercio de las utilidades. Entre los clientes del FOA que están activos está Entel, WOM, GTD, Movistar Chile, Claro Chile y VTR, que se adhirieron como suscriptores. Por ello, se estima que las recaudaciones percibidas superan los US$ 10 millones anuales, mientras que los costos de operación en torno a US$ 1,5 millón.