Una disputa que ya llegó a tribunales es la que el grupo Tur Bus -vinculado al empresario Jesús Diez y otros socios-, está librado en Copiapó, en contra del Gobierno Regional de Atacama.

El conflicto surgió puesto que dicha autoridad está buscando trasladar el movimiento de los buses interurbanos a un nuevo emplazamiento, Terrapuerto, un complejo a las afueras de la ciudad, emplazado en una concesión fiscal. Pero con esta medida el grupo Tur Bus queda imposibilitado de usar su propia infraestructura, su terminal en la ciudad de Copiapó.

Frente al impasse, el grupo, a través de la Sociedad de Inversiones en Infraestructura S.A., interpuso hace una semana, el sábado 03 de junio, un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó, denunciando un acto ilegal y arbitrario del Gobierno Regional de Atacama, el que fue acogido a trámite y sobre el que además la Corte dictó una orden de no innovar. Así, al menos por ahora, está suspendida la medida de la autoridad.

El recurso va en contra de la Resolución Exenta N° 342, de 19 de mayo de 2023, publicada el 24 de mayo, que prohíbe todos los días del año y en todo horario, la circulación de “buses tipo pullman” al interior de un determinado perímetro en la ciudad de Copiapó, que incluye el terminal de buses interurbano de Tur Bus.

En el recurso, patrocinado por el abogado José Miguel Huerta, de Claro y Cía, la empresa denuncia una serie de hechos que a su entender constituyen afectación de garantías constitucionales, como afectación a la “libertad económica” y la “igualdad de trato en materia económica”, porque la medida “en ningún caso afecta a los demás vehículos de igual o mayor tamaño, por ejemplo, a los camiones y demás vehículos pesados”.  Y porque decide expulsar los terminales del centro de la ciudad, “estableciendo una situación de privilegio para el Terrapuerto”, indica el recurso.

La acción legal añade que la medida del Gobierno Regional “vulnera el derecho de propiedad” de la compañía. “Esta resolución afectará gravemente su patrimonio, ya que la privará de los ingresos provenientes de los contratos de usos de andén, boleterías, salas de espera, locales comerciales, servicios a los pasajeros y servicios complementarios prestados a las empresas de transporte interurbano de pasajeros”.

“Resulta inexplicable que pretenda trasladar los servicios de buses rurales e interurbanos del centro de Copiapó al Terrapuerto, cuando dicho terminal carece de las condiciones mínimas para un funcionamiento seguro y adecuado”, añade el texto del recurso de protección.

En privado, fuentes cercanas al empresario hacen ver que bajo facultades para regular el tránsito, estas se están usando con otros fines, como es favorecer a otro terminal.
Esta pugna lleva ya tiempo desarrollándose, pues el año pasado el mismo Gore había dictado otra resolución similar, cuyos efectos fueron suspendidos por otra orden de no innovar y luego dejada sin efecto, apunta el documento.