Permisología base cero. Trabas al desarrollo. Burocracia innecesaria. Los epítetos en torno a las decenas de permisos ambientales, sociales y administrativos para hacer un proyecto y que pueden tardar una década sólo en obtener el OK de la autoridad, suman y siguen.

Estas semanas se ha discutido en el Congreso un proyecto para mejorar los procesos y las candidatas Evelyn Matthei y Carolina Tohá debatieron hace unos días en torno a este tema en un foro de Icare. 

La complejidad de avanzar con todos los permisos en Chile ha hecho que la industria detrás de estas tramitaciones se profesionalice y genere una ardua competencia por quedarse con las licitaciones que hacen grandes titulares de proyectos para obtener permisos. 

Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el del proyecto H2 Magallanes, impulsado por la compañía TotalEnergies H2, que involucra una inversión de   US$ 16 mil millones, la mayor de la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que busca producir hidrógeno y amoniaco en la región más austral de Chile. 

En el anexo 17 de ese proyecto hay un documento de ocho páginas detallando los participantes del Estudio de Impacto Ambiental. Allí aparecen las empresas que lograron quedarse con ese millonario proyecto. FerradaNehme, DFM Consultores, Decibel, Acústica Austral, Tricao, Arqueológica Consultores y Geobiota, entre varias otras, aparecen en el listado. 

Justamente esta última firma, Geobiota, fundada y dirigida por el ecólogo Carlos Prado, y que ha estado en proyectos de SQM, Collahuasi y Los Pelambres, es una de las que más mencionan una decena de inversionistas, gerentes y asesores de titulares de proyectos de inversión consultados para este artículo.

En la “lista corta” de las principales consultoras para elaborar declaraciones o estudios de impacto ambiental se repiten los nombres de Jaime Illanes y Asociados, firma que ha estado detrás de proyectos como Dominga, la ampliación del Puerto de San Antonio o Los Pelambres; Gestión Ambiental, de Ricardo Katz; Arcadis y SGA, liderada por Ricardo Solari. Otros de los nombres más mencionados fueron el de Visiona, Awa, GHD, +MG, Sustentable y Geco, así como los consultores Rodrigo Guzmán y Paulina Riquelme. 

En cuanto a precios promedios, una consulta de pertinencia, que es un trámite voluntario, previo al eventual sometimiento de un proyecto a evaluación, puede costar unas 250 UF, unos $ 9 millones y muchos estudios de abogados lo hacen sin pasar por consultoras. 

Mientras que una declaración de impacto ambiental (DIA) varía en torno a los 3.000 y 4.000 UF, $ 156 millones. Y un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) supera las 15 mil UF, $ 588 millones. Sin embargo, algunos consultados revelan que han cobrado  US$ 30 millones por la tramitación completa de una EIA. 

Todos esos valores, además, han crecido con fuerza en los últimos cinco años. Algunos se han duplicado, dicen las fuentes. 

En el último tiempo, arqueólogos, paleontólogos, expertos en aves, ruidos y electromagnetismo, y especialistas en diálogo con comunidades incluyendo conocimiento de lenguas indígenas son algunos de los nuevos profesionales que más se buscan para contratar en los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Muchos de ellos son requeridos por consultoras, entidades gubernamentales y empresas privadas al mismo tiempo, por lo que el mercado de esas contrataciones se ha encarecido y ahora cuesta más encontrar a profesionales disponibles. 

Esto ha hecho, por ejemplo, que algunas consultoras globales pongan sus ojos en Chile. SLR es una empresa inglesa que el año pasado compró a la chilena GSA, una de las líderes de este mercado. La firma con base en Reino Unido opera en Estados Unidos, toda Europa y África y buscó este deal con SGA para crecer en Latinoamérica, con foco en Chile, Perú y Brasil, donde ya ha hecho algunos proyectos. GSA, por ejemplo, liderada por el conocido consultor Jaime Solari, ha estado detrás de proyectos como la ampliación de Albemarle en el Salar de Atacama, la ampliación y desaladora de Collahuasi y la conexión Kimal-Lo Aguirre. 

Existen decenas de consultoras en Chile para tramitar la interminable lista de permisos administrativos y gestionar relaciones comunitarias. Pero no más de cinco son las que se llevan los más suculentos contratos por los que puede cobrar, fácilmente, US$ 30 millones.

Otro de los temas que comentan en la industria es el cambio que se ha hecho a los “premios por éxito”. Antes era usual que estos proyectos tuvieran una cláusula de pago adicional o el depósito de la última cuota contra la aprobación del proyecto. Sin embargo, cada vez más consultoras ya no aceptan esos contratos. En cambio, sí pueden ir accediendo a fees, como una forma de incentivo, por declarar admisible el proyecto ante el SEIA, o la primera adenda, el informe consolidado y, eventualmente, tener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea negativa o positiva. 

“Ya nadie cobra contra proyecto aprobado. Uno, porque eso puede demorar 10 años y las oficinas deben seguir viviendo, y dos, porque la incertidumbre es tal que puedes hacer el mejor estudio que has hecho en tu vida como técnico, pero si hay una comunidad que es aliada política del gobierno local de turno, todo se va a frenar”, concluye un consultor