La semana pasada la Corte Suprema confirmó el rechazo de la Corte de Apelaciones de Temuco respecto al recurso de protección presentado por el empresario José Miguel Martabid, en el que acusa a la Municipalidad de Pucón y a su Dirección de Obras Municipales de actuar de forma “arbitraria e ilegal” por no otorgarle los permisos correspondientes para obtener la recepción definitiva de su vivienda, ubicada en el sector de Correntoso, frente del Lago Villarrica.

El caso se destapó en 2019, cuando medios regionales dieron a conocer que el empresario (dueño del Holding Martabid, grupo que ha estado detrás de decenas de proyectos inmobiliarios en La Araucanía) había levantado una vivienda de 3 mil metros cuadrados con un permiso de edificación para una propiedad de 263 m2. Desde ahí, se gatillaron una serie de acciones judiciales y administrativas que -todavía- no dan por cerrado este episodio. La última novedad (la resolución del máximo tribunal), obliga al empresario a seguir esperando para regularizar la situación.

Personas vinculadas a la industria inmobiliaria comentan que este caso es solo la punta del iceberg y que representa un problema más profundo que afecta a Pucón, Villarrica y sus alrededores: cientos de propiedades sin permisos de edificación. No obstante, desde hace aproximadamente dos años la autoridad ambiental, judicial y municipal ha estado más atenta y ha rechazado una serie de proyectos que no cumplen con la normativa.

En mayo de 2022 la Contraloría ratificó dos extensos informes (uno sobre Pucón y otro de Villarrica) sobre esta situación. Esto, luego de recibir solicitudes de revaluación por parte de la Seremi de Vivienda de La Araucanía y la Cámara Chilena de la Construcción.

En particular, los documentos originales (publicados en 2020) establecieron que existían 363 construcciones al borde del Lago Villarrica sin permisos de edificación, lo que les generaba un millonario perjuicio a las municipalidades. Además, se estipuló que ambas entidades debían “elaborar un programa de control de la totalidad de las referidas viviendas, a fin de iniciar un proceso regularización de cada una de ellas”.

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Este informe, comentan fuentes conocedoras, movilizó a las autoridades a ser “más rigurosas” en el proceso de fiscalización y otorgamiento de certificados.

Por ejemplo, a finales de diciembre el Tercer Tribunal Ambiental acogió una reclamación de la Municipalidad de Pucón (en conjunto con asociaciones vecinales) y dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental (RCA) del Condominio Alta Vista Pucón II. Esto, porque no se habría realizado adecuadamente el descarte de los impactos del proyecto inmobiliario.

Tres semanas antes el mismo tribunal hizo lo mismo con el proyecto Paihuén en Villarrica. “El proyecto evaluado no descartó los impactos significativos adversos vinculados al tránsito vehicular, debido a que no se realizó una modelación en el peor escenario, así como también los impactos significativos adversos producto de las descargas que generaría el proyecto al lago Villarrica”, estableció uno de los ministros, Iván Hunter.