El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago paralizó parcialmente el desarrollo de un proyecto habitacional que lleva adelante la empresa Miradores de La Dehesa SpA, denominado Roof y que se ubica en Nueva La Dehesa 12.090.

La obra se emplaza en un lote de 11,4 hectáreas (en el denominado Cerro del Medio de Lo Barnechea) y considera 54 casas, cuyos precios parten en las 33.590 UF, casi $ 1.200 millones, con la idea de ser entregadas a sus propietarios durante el primer semestre del próximo año.

El municipio de Lo Barnechea, que encabeza Cristóbal Lira, recurrió al Tribunal Ambiental en octubre pasado, para que éste ordene a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de la empresa y requerir el ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, pidió que mientras se resuelve el fondo la obra sea paralizada.

El tribunal acogió parcialmente la solicitud, resolviendo que una determinada superficie del terreno (que incluye el área destinada para las viviendas numeradas desde la 35 a la 46) no podrá ser intervenida por obras o actividad alguna, mientras se resuelva el fondo de la cuestión debatida.

A juicio de la corte, existen diferencias relevantes en la superficie que abarca el proyecto para los efectos de un eventual ingreso de éste al sistema de evaluación de impacto ambiental, cuestión que -dijo- corresponderá definir en la decisión de fondo.

“Dicha diferencia constituye, a juicio de este tribunal, una presunción grave del derecho que se reclama y de los hechos denunciados, así como un riesgo de peligro en la demora, debido a que una eventual realización del proyecto sin ingresar al SEIA en forma previa -debiendo hacerlo- frustraría tanto la pretensión de la reclamante como la protección del interés jurídicamente tutelado”, dijo el tribunal en una resolución del 28 de octubre.

A juicio del municipio de Lo Barnechea, el proyecto habitacional debió ingresar a evaluación por tratarse de una obra inmobiliaria cuyas intervenciones reales se emplazan en un sector de más de 7 hectáreas, y porque se ubica en un área colocada bajo protección oficial. No obstante, la superintendencia archivó la denuncia el 15 de septiembre de este 2022. Dijo que los hechos evidenciados no cumplen con los requisitos de ninguna de las tipologías de ingreso a evaluación.

Los dueños del proyecto sostienen que, pese a tener norma urbanística de Zona J-La Dehesa, que permitía construir edificios, la inmobiliaria limitó el potencial de desarrollo urbanístico del terreno a la construcción de 54 casas emplazadas en 6,8 hectáreas.

“Las peticiones efectuadas en este reclamo de ilegalidad (…) implicarían decisiones públicas con un alto impacto económico y un retraso considerable en la ejecución del proyecto, y eventualmente, incluso la imposibilidad material de poder desarrollarlo”, sostuvo el abogado de la empresa, Carlos González, en un escrito a la justicia.

El proyecto -diseñado por la oficina 2RS Arquitectos Asociados y a cargo de la firma h. Constructora- es de propiedad de Urban Investment (Urbest), dedicada a la estructuración de proyectos inmobiliarios residenciales, fundada en 2012. Sus socios son Sebastián Budnik, Christian Cafatti y Felipe Moreno.