Sólo entre 2020 y 2023 aumentaron en 28% los campamentos presentes en Chile, sumando 321 nuevos asentamientos en dicho periodo. Las razones principales para ocupar un espacio y armar una casa en un campamento son que no pudieron costear el arriendo de una vivienda, tener bajos ingresos o estar cesante, según un catastro de Techo-Chile.

Con el caso de la toma de San Antonio aún en la retina y con el Gobierno negociando con los dueños del terreno, el Centro de estudios de la organización venía hace tiempo preparando un informe titulado “Factibilidad técnica de radicación de campamentos en Chile”, el cual analizó 1.095 campamentos en el país para ver cuáles de ellos cumplen todos o alguno de seis criterios para poder radicarse en el lugar donde están. Es decir que pasen de ser toma ilegal, a una solución habitacional permanente, como lo que se está buscando hacer en San Antonio. 

Según explica Javiera Moncada, directora del centro de estudios de Techo-Chile, dentro de las variables que analizaron está si el terreno tiene permiso de uso de suelo para edificar, si existen al menos dos servicios básicos, y si no tiene riesgos naturales inminentes.
 

El estudio arrojó que un total de 226 campamentos en Chile pueden ser radicados en el lugar en el corto plazo, por cumplir la mayoría de los requisitos dispuestos por la legislación. El principal número está en la Región de Valparaíso, con 109 campamentos factibles de radicar. 

Por el contrario, hay otros 390 campamentos que cumplen menos requisitos técnicos del terreno o legales, y que, de ser radicados, tendría que ser en el largo plazo para lograr cumplir con los pendientes. 

“En la actualidad, existen al menos 1.290 campamentos en Chile, de los cuales un 68% prefiere la radicación como solución habitacional, mediante regularización de servicios básicos y obtención de títulos de dominio o construcción de proyectos en los mismos espacios”, explica el estudio. 

Y agregan que “las políticas habitacionales han sido insuficientes para enfrentar la crisis habitacional, sumado a que los campamentos no son una prioridad para éstas. Lo anterior se traduce en la falta de acceso a los subsidios por parte de la población más vulnerable, que se ve expuesta a seguir viviendo en exclusión sociohabitacional, desplazándose a estos asentamientos en busca de un lugar donde habitar y subsistir ante el encarecimiento de los distintos aspectos de la vida”.

A partir del análisis de estos 1.095 campamentos, se determina que un 20,6% podría eventualmente radicarse al cumplir con las condiciones mínimas del terreno donde se encuentra ubicado. Los campamentos de las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos serían los más factibles de hacerlo, de acuerdo a los Instrumentos de Planificación Territorial y el acceso a los servicios.

Por otro lado, las regiones más críticas, y cuyas comunidades deberían optar por otras alternativas principalmente por estar en zonas imposibles de edificar -como quebradas- se concentran principalmente en las regiones de la macrozona norte de Chile, sumadas a la Región Metropolitana y Magallanes.

Para el caso de Valparaíso, que concentra parte importante de los campamentos en Chile, Moncada explica que se debe a que ha sido una región en la que históricamente ha crecido su mancha urbana en base a los campamentos. Ha sido la ciudad la que ha alcanzado a los campamentos, y no al revés. 

El problema es que muchos de estos emplazamientos enfrentan largos juicios con los dueños del terreno quienes, como en el caso de San Antonio, exigen que se les restituya su propiedad. Según Techo, existen más de 200 campamentos en Chile con notificación judicial o verbal de desalojo. 

Consultados en el Ministerio de Vivienda sobre los campamentos con riesgo de desalojo, dijeron que “es difícil saber qué asentamientos con orden de desalojo vigente enfrentan una situación inminente; eso lo resuelven los tribunales. Este año ha habido alrededor de una decena de desalojos, pero como ocurrió en esos casos y en el de San Antonio, claramente se busca solucionar armónicamente las situaciones. Al margen de lo anterior, a enero se estimaba en 52 los campamentos con alguna orden de desalojo”. 

En la cartera comandada por Carlos Montes apuntaron que uno de los objetivos que tiene el ministerio es erradicar a las familias de los campamentos y que opten a alguna de las soluciones habitacionales que ofrece el Estado. “Es el objetivo del Programa de Asentamientos Precarios.

Actualmente se trabaja en 14 proyectos habitacionales que este 2025 beneficiarán a 681 familias de campamentos, y se iniciarán 18 proyectos que beneficiarán a otras 1.119 familias, todas ellas de asentamientos que no pueden radicarse. Por su parte, gracias a trabajos de urbanización, cerca de mil familias serán radicadas”.

En paralelo, agregaron, se avanza en planes maestros y urbanizaciones, principalmente en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso y Biobío.

Sobre las negociaciones con diferentes dueños de terrenos para radicar los campamentos y convertirlos en barrios, desde Vivienda dijeron que cuando el terreno es fiscal y es hábil para radicar se busca que ello ocurra, siempre y cuando esos terrenos no estén destinados a otro proyecto habitacional, “en los casos en que la propiedad es privada no se considera radicar, salvo que los ocupantes se organicen para ofrecer comprar el terreno, por ejemplo, vía cooperativas”.