Cada año, la industria minera en Chile genera cientos de toneladas de residuos peligrosos. Gestionarlos es un negocio que mueve miles de millones de pesos en licitaciones públicas y donde la competencia es feroz. Ahora, una disputa entre dos compañías de ese mercado llegó a tribunales con acusaciones que trascienden lo técnico: fraude al fisco, cohecho y prevaricación. En el centro del conflicto están Codelco, Enami y Rafael Prohens, senador por Atacama.

La historia, en simple, es la siguiente: Soluciones Ecológicas del Norte S.A. (Solenor), una compañía chilena dedicada al tratamiento de residuos y vinculada a la familia Izquierdo Menéndez -un diversificado clan con negocios en los rubros inmobiliario, pesquero y energético-, acusó indirectamente a Codelco y Enami de haber cometido una serie de acciones que podrían constituir delitos como fraude al fisco, asociación ilícita, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Estas acusaciones ya se encuentran en pleno proceso judicial, luego de la presentación de una querella en el Juzgado de Garantía de Copiapó a mediados de noviembre de 2024. La respuesta no tardó en llegar: la semana pasada, su contraparte, Confinor S.A., llevó el caso en otra dirección y acusó -mediante otra acción penal- al socio de Solenor, Gonzalo Izquierdo Irarrázaval, y al senador por Atacama, Rafael Prohens (RN). ¿El delito? Cohecho. 

 

Antes de empezar a narrar la historia, es fundamental explicar un concepto clave: la inertización. En pocas palabras, se trata de un proceso típico de la ingeniería ambiental que significa “dejar inactivo” un residuo peligroso. Este tratamiento implica someter esos materiales a una modificación de sus propiedades y características para neutralizarlos.

Este procedimiento es clave en la minería de cobre y para asegurar que los residuos peligrosos no contaminen el medio ambiente. Solenor se adjudicó un contrato con Codelco en 2014 para, justamente, dedicarse -entre otras cosas- a la inertización de materiales peligrosos generados en las operaciones mineras. Este vínculo comercial duró siete años, hasta que la minera estatal, en una nueva licitación de 2022, le adjudicó un nuevo contrato a Confinor S.A., una firma ligada -según el libelo- al empresario Juan Antonio Llarlluri. La naturaleza de este nuevo vínculo fue proveer el servicio de transporte y disposición final de residuos, el cual también incluía el proceso de inertización. 

Aunque Solenor participó de aquella licitación, Codelco se la adjudicó a su competidor. Este elemento significó el punto de quiebre en su relación con la minera estatal, ya que, a juicio de la compañía privada, Confinor no contaba con la autorización ambiental para inertizar, que era un punto señalado -según la querella- en las bases técnicas del concurso público. 

De acuerdo a un documento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que data de abril de 2024, Confinor -luego de someterse a una fiscalización ambiental- recibió una formulación de cargos por, entre otras cosas, incurrir en “recepción y disposición de residuos sin inertizar y/o estabilizar aun cuando su composición química lo exige”.

Si bien Confinor tiene una autorización ambiental para su centro de manejo de residuos industriales en la región de Atacama, este espacio -de acuerdo a Solenor- sólo está autorizado a recibir y disponer materiales peligrosos que ya hayan sido previamente inertizados.

A pesar de esta restricción, se lee en la querella, Confinor “se adjudicó la licitación y actualmente continúa proporcionando servicios a Codelco que incluyen el transporte y la disposición final de residuos en su centro de manejo”. De esta forma, agrega la acción judicial, esta licitación fue adjudicada de forma irregular y no cumplió con las exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente ni en el contrato de concesión.

De hecho, apuntan a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA): “De forma inexplicable (Confinor) se adjudicó a una empresa cuya RCA señala lo siguiente: ‘En consecuencia, los residuos que ingresarán al proyecto serán aquellos que se encuentren inertizados, neutralizados y/o estabilizados por parte de sus generadores’”. 

Lo sensible de este punto, acusa Solenor, es que los residuos involucrados en estos servicios incluyen arsénico, plomo, petróleo y rellenos cerámicos, todos elementos potencialmente tóxicos que, sin un tratamiento adecuado, pueden contaminar el medio ambiente y afectar la salud humana. ​

También habrían existido irregularidades en el transporte y en la manipulación de dichos residuos. Según la querella -de 52 páginas- los retiros de dichos materiales se realizan “mediante camiones de empresas que no cuentan con la autorización correspondiente”.

En la formulación de cargos que realizó la SMA, el regulador estipuló que efectivamente Confinor realizó “actividades de transporte, recepción y disposición de residuos peligrosos, fuera del ámbito de su autorización”.

A pesar de esta formulación de cargos, Confinor presentó en abril pasado un plan de cumplimiento (PDC), el cual, en julio, fue recibido por la SMA. 

La semana pasada, Confinor, representada por Mayed Nasser Llarlluri, presentó una querella que apunta directamente a dos figuras: Gonzalo Izquierdo Irarrázaval y el senador por Atacama, Rafael Prohens. A ambos los señala como autores del delito de cohecho.

Antes de entrar en la supuesta trama de influencias sobre funcionarios públicos, la empresa -asesorada por el estudio Cadiz Legal- entregó antecedentes que contradicen de manera directa lo expuesto por Solenor en su querella de noviembre.

Según el escrito, Confinor sí cuenta con la autorización para procesar parte de los residuos peligrosos que recibe, específicamente los polvos provenientes de fundiciones de cobre. Un permiso que, afirman, su contraparte no tiene: “No cuenta con la autorización sanitaria respectiva, enfocándose mientras tanto en obstaculizar el funcionamiento de quienes sí ya están ejecutando dichas labores”.

El principal señalado en la querella de Confinor es el senador Rafael Prohens, descrito como una figura con amplia influencia y conocimiento en la Región de Atacama. Según el documento, su respaldo a Gonzalo Izquierdo tiene grados de “opacidad” y una tenacidad que “está lejos de ser gratuita o altruista”.

En particular, se acusa que el senador intervino en dos ocasiones ante autoridades ambientales “con el directo propósito de ejercer influencia para que adopten decisiones que perjudiquen a Confinor”.

El primer acto atribuido al parlamentario fue la presentación de una denuncia ante la SMA a mediados de 2023. En ella, Prohens sostuvo que la empresa estaba prestando servicios a Codelco sin cumplir con lo establecido en su Resolución de Calificación Ambiental. Según Confinor, esta acción tuvo su origen en “el contacto que Gonzalo Izquierdo hizo con él a través de un abogado pagado por este último para estos efectos”.

El segundo episodio ocurrió en enero de 2025, cuando, en pleno procedimiento administrativo ante la misma entidad, Prohens solicitó reformular los cargos contra Confinor y rechazar su Programa de Cumplimiento. El objetivo, según la querella, era que Confinor “sea sacada del mercado”.

El escrito también señala que el senador, pese a no ser abogado, presentó este requerimiento con un lenguaje técnico propio de especialistas en regulación ambiental. Por eso, afirman, el documento fue redactado “por terceros, pero firmado por él, para con su investidura presionar a la fiscal del caso para adoptar una decisión que perjudique a la empresa que represento y de paso beneficiar económicamente a Solenor”.

De Gonzalo Izquierdo también hablan, aunque dicen que su intervención es más “sutil”, ya que “se sirve de terceros, que pagados por él, despliegan sus redes para obtener en su favor lo que necesite”.

En particular, el escrito explica que Izquierdo usa “abusivamente” la ley del lobby, porque ha sostenido a la fecha 20 reuniones con autoridades públicas. En seis ocasiones, dice el libelo, ha participado Felipe Riesco Eyzaguirre en representación de Solenor, quien es el mismo que sostuvo reuniones con el senador Rafael Prohens para “hablar contra Confinor”.

“Esto lo sabemos porque es él quien reconoce haber concretado esos encuentros con el senador, en una declaración que prestó con fecha 31.07.2024 en una denuncia criminal que inició él mismo señor Riesco contra la empresa Confinor y que también se investiga en la Fiscalía de Copiapó”.

Además, apuntan a que un ex jefe de la división de fiscalización de la SMA ahora figura “entre los lobistas de la empresa Solenor junto a Felipe Riesco”.

Ante las acusaciones, Gonzalo Izquierdo manifestó a DF MAS que “la querella es infundada y refleja una reacción desesperada para distraer la atención de los hechos que relatamos en la denuncia. Estamos disponibles para que las autoridades pertinentes investiguen este asunto”.

Contactado Codelco, manifestó a DF MAS que se trata de un proceso judicial en curso en el que la minera “no es parte, por lo que no corresponde emitir opinión. No obstante, en caso de ser requeridos, la Corporación colaborará disponiendo de todos los antecedentes con los que cuenta”. 

En paralelo a todas estas acciones judiciales, la Fiscalía de Copiapó, liderada por el persecutor Christian González, mantiene abiertas las investigaciones derivadas de ambas querellas. La Superintendencia del Medio Ambiente todavía no se pronuncia sobre la validez del Programa de Cumplimiento presentado por Confinor. Enami no ha respondido públicamente a las acusaciones sobre la licitación adjudicada. Por ahora, todos están atentos al siguiente movimiento de fichas.

Solenor, “al borde de la quiebra”
La querella de Solenor, si bien no apunta a ninguna empresa o persona en particular, ahonda en otra licitación, esta vez vinculada a Enami. Según el documento, la estatal adjudicó en 2022 un contrato de procesamiento de minerales a una empresa que, a juicio de Solenor, no cumplía con las exigencias ambientales.

El escrito denuncia que, a pesar de que las bases técnicas exigían procesos de inertización para residuos peligrosos, la firma seleccionada -Cobres y Metales, la cual, según el libelo, ha trabajado con Confinor- “carece de la autorización ambiental requerida para llevar a cabo” esa tarea.

Solenor también acusa un conflicto de interés: “En junio de 2023, mi representada se dirigió para reclamar de las ilegalidades en la licitación con el abogado y director de Enami, Carlos Arturo Claussen. Según se ha descubierto, a pesar de su calidad de director de Enami, el señor Claussen es abogado de la empresa Cobres y Metales”, narra la querella.

“En la reunión, el señor Claussen reconoció estar consciente de que Confinor no contaba con los permisos necesarios para participar en la licitación con Enami. Sin embargo, él ignoró esta ilegalidad y afirmó que la empresa los obtendría en septiembre de 2023. Esta defensa es una excusa irrelevante, dado que, ante la ausencia de permisos, era imposible que la empresa pudiera siquiera participar en la licitación, y tampoco obtener su adjudicación”.

El impacto, afirman, ha sido devastador. “A pesar de contar con 15 años de experiencia en el sector y disponer de las autorizaciones ambientales requeridas, Solenor ha sido ignorada arbitrariamente y ha perdido todas las licitaciones frente a empresas que no cumplen con dichos requisitos”. La compañía acusa que esto la ha llevado al borde de la quiebra.

Esta no es la primera polémica que involucra a la familia Izquierdo en el negocio del tratamiento de minerales. En los años ‘90, la familia, a través de su sociedad de inversiones Andacollo, instaló una fundición de plomo en las cercanías de Marchigüe, en la Sexta Región. Con el tiempo, sumaron otras dos, operando indirectamente (vía arrendamiento) un total de tres plantas con aprobación ambiental.

En 2018, el conflicto entre arrendatarios de esas plantas escaló. Un video mostró a uno de ellos arrojando una batería de auto al horno sin tratamiento previo. La grabación se usó en una ofensiva mediática contra la empresa propietaria, derivando en una serie de juicios que apuntaron a Gonzalo Izquierdo Menéndez, padre de Gonzalo Izquierdo Irarrázaval.

Tras ese episodio, la familia decidió salir del negocio del plomo y expandirse a otras áreas del manejo de residuos. Así nació Solenor en Copiapó, con capacidad para manejar distintos tipos de materiales, incluidos hidrocarburos, maderas y metales como cobre y plomo de baterías.
Pero ese nuevo rubro tampoco estuvo libre de disputas.