18 días antes de que la Asociación de Funcionarios del Serviu de la Región de Antofagasta enviara un correo electrónico a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), denunciando eventuales anomalías en la transferencia de recursos de la Seremi a Democracia Viva -la fundación liderada por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de Revolución Democrática-, llegó al escritorio del entonces Seremi Carlos Contreras, un documento clave que quedó “olvidado” en un cajón.  

Una auditoría que el mismo funcionario RD solicitó para esclarecer algunas materias ligadas a las transferencias que el ministerio concedía a distintas fundaciones vinculadas al mejoramiento de la vida de las personas que viven en campamentos. 

El documento de 49 páginas fue realizado por el auditor interno de la Seremi, Marco Moreno Meléndez, contador público, cuyo rol es controlar y auditar si los procesos al interior del ministerio ocurren de manera regular y conforme a las normativas.

Fue él quien examinó el funcionamiento del Programa Asentamientos Precarios, sobre operaciones realizadas durante el año 2022 a través de una muestra aleatoria de tres instituciones sin fines de lucro, constituyendo el 30% del total de 10 que recibieron recursos durante ese período: Procultura, Espacio Lúdico y Fusupo. 

En este informe del 14 de abril ya se sugería -conforme a las significativas observaciones detectadas- la realización de un sumario para determinar eventuales responsabilidades administrativas en el proceso de transferencia de recursos, cuestión que no ocurrió hasta mediados de junio, después de que estallara públicamente el caso. 

Si bien el informe de la auditoría establece que la Seremi ha cumplido en términos generales con la normativa vigente, se observan “importantes debilidades operativas y de control interno” que evidenciaban que las cosas no se estaban haciendo bien.

Se detectan una cantidad importante de rendiciones atrasadas por parte de las fundaciones, por presentarse fuera de plazo o debido a observaciones planteadas por la Seremi, las cuales no han sido respondidas en los plazos establecidos en los convenios suscritos, en abierto incumplimiento de la Resolución número 30 de la Contraloría, que fija normas sobre los procedimientos de este proceso.

El documento indica que existen gastos de arriendo de oficinas presentados en las rendiciones de cuentas por parte de algunas fundaciones que no se encuentran regulados ni autorizados por la normativa vigente; convenios suscritos en estado vencido; inexistencia de cláusulas de control, seguimientos y fiscalización de los convenios, además de otro tema preocupante: presupuestos presentados por las organizaciones referente a los gastos operacionales que no se encuentran pormenorizados -sólo se presentan valores globales-, no están en las partidas ni tampoco formalizados. 

Además, indica que existe un claro incumplimiento en las rendiciones presentadas por las instituciones sin fines de lucro, en la presentación de saldos bancarios que demuestren los fondos transferidos y utilizados. 

En su auditoría, Meléndez plantea que tanto la Seremi como el Serviu han sido defectuosos en los controles y seguimientos de los convenios y plantea la inexistencia total de un procedimiento formal del Programa Asentamientos Precarios, además de la ausencia de una estructura administrativa que establezca los roles y perfiles en el proceso del programa. 

El informe dedica un espacio especial a los profesionales que cumplen un doble rol en las fundaciones y en el ministerio, detectando un “mecanismo” que se utilizaba en los convenios sellados con las fundaciones en Antofagasta, una práctica que estaría extendida a lo largo del país: personal contratado por las instituciones sin fines de lucro -cuestión que en casos específicos lo permite la ley, pero detalla el documento, son profesionales que desarrollan “labores de línea en la Seremi regional, lo cual representa una situación anómala, distante de la normativa vigente”, reza el documento.

Además, especifica que “los profesionales externos utilizan correo institucional del ministerio; firman libro de asistencia en la entrada del edificio institucional, utilizan el sistema contable y de la oficina de partes de la Seremi”.

Por otra parte, el auditor afirma que se detecta a través de las rendiciones de cuenta, que en determinadas oportunidades “existen fluctuaciones de sueldos a profesionales contratados por las fundaciones sin la debida justificación ni autorizadas por el Serviu o la Seremi, conforme al presupuesto presentado en su oportunidad.

Además, se advierten diferencias en montos de sueldos a profesionales que desarrollan similares labores, algo irregular y complejo de enfrentar según las conversaciones que sostuvo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, con las fundaciones en la reunión del día miércoles.  

Junto con ello, en el documento se especifica que además de todo eso, parte del personal contratado a través de las fundaciones no cuenta con un perfil de cargo adecuado y pormenorizado que determine claramente las funciones que deberán desarrollar en las dependencias del ministerio. 

Asimismo, pone ojo en otra práctica irregular: existen profesionales que desarrollan labores en la Seremi, por parte de las instituciones, que no cuentan con un contrato de trabajo. De conocerse estos antecedentes, dice el informe, no sólo presentaría reparos de la Contraloría, que hoy investiga el funcionamiento de estas fundaciones y su relación con el ministerio, sino que también una eventual denuncia de la Dirección del Trabajo, que podría extenderse si otras reparticiones del Estado aplican similares mecanismos.