Manuel Cruzat Infante no se detiene. Y no tiene interés en dejar de oponerse al remate “ilegal” -a su modo de ver- de Curauma, el desarrollo inmobiliario que inició hace dos décadas. La última acción fue concretar una presentación contra el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ingresó el 8 de febrero.

En ella, los abogados de Cruzat alegan que se violaron sus garantías fundamentales, entre otras razones, por asignarse arbitrariamente el tribunal donde se revisó la causa de quiebra de Curauma que viene desde 2013. Pero, además, indica que hay irregularidades que han permitido que el remate intente hacerse a un 10% del valor real de las propiedades, afectando con ello a acreedores y a él como propietario.

En el escrito de 14 páginas presenta una serie de casos similares ocurridos en diferentes países de América Latina para usarlos como ejemplo de las faltas que estaría cometiendo Chile en el proceso de quiebra de Curauma.

En paralelo, el pasado 12 de febrero, el síndico del proceso César Millán trató por vez número 20 rematar 500 hectáreas de Curauma, pero dicho proceso, nuevamente, fue suspendido. Esta vez, según explicaron en el entorno de Cruzat, la decisión del tribunal obedece a un “vicio procesal significativo: la falta de notificación por cédula a todas las partes involucradas, un requisito esencial para garantizar el debido proceso y la legalidad de la subasta. Este error, que contraviene lo ordenado por el tribunal en noviembre de 2024, pone en entredicho la conducción del proceso y abre interrogantes sobre la transparencia y rigurosidad con la que se ha manejado este caso”.

Y agregaron que “la suspensión del remate no sólo retrasa la resolución del litigio, sino que también refuerza la necesidad de revisar a fondo los procedimientos adoptados. En este contexto, surgen dudas legítimas sobre si la prisa por ejecutar el remate ha derivado en omisiones que podrían afectar los derechos de las partes”.