Han pasado nueve años desde que Curauma cayó en insolvencia. El proyecto inmobiliario ideado por el empresario Manuel Cruzat que buscaba crear una nueva ciudad y urbanizar un bosque en la ruta entre Valparaíso y Santiago, no salió bien. Y todavía se disputa la joya de la corona: un terreno de 535 hectáreas. 

Más de 10 veces se ha tratado de rematar ese terreno en particular, pero diferentes líos judiciales tienen detenido ese camino que ha tratado de sacar adelante el síndico de la quiebra, César Millán. Él mismo ha acusado a Cruzat de “entorpecer el proceso” a través de presentaciones diversas en tribunales y con eso no poder remediar las acreencias por más de $ 115 mil millones que dejó la empresa fallida. 

La última de estas acciones legales ocurrió el 5 de julio. La abogada civil de Cruzat, Jessica Torres, acudió hasta el Segundo Juzgado Civil de Santiago, donde se tramita el proceso de quiebra, para invocar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y pedir que intervenga la Corte Interamericana de Justicia. 

El fondo del asunto, según se lee en la demanda de 55 páginas a la que DF MAS tuvo acceso, es que el tribunal y el síndico están vendiendo el terreno a menos de 10% de su valor, con lo que se violarían diversos derechos humanos del empresario, la sociedad en quiebra y los acreedores. 

En junio de este año, el síndico Millán fue nuevamente hasta el tribunal y pidió publicar el remate del terreno. 120.000 UF era la apuesta mínima. Aquello, dicen quienes lo conocen, molestó al empresario.

De acuerdo a una tasación de 2015, dicho terreno tiene un avalúo de 1.116.262 UF, lo que hoy sería algo así como $ 33.964 millones. Muy lejos de los $ 4 mil millones que impuso el juez como monto mínimo para la subasta del 4 de agosto vía Zoom. 

“En ningún caso la Ley faculta al Síndico liquidar los bienes a precio vil”, dice la demanda que solicita la asistencia internacional de la justicia.

El año pasado, la apuesta mínima era de 200.000 UF, pero ha ido solo bajando. Incluso, en 2016 salió a remate en 1.100.000 UF, pero con el mismo destino: no llegan postores. Y en eso puede influir que Cruzat le ha dicho a los eventuales interesados que este proceso está judicializando y a ese precio “vil” Curauma no se vende. 

“El juez no entregó ningún parámetro para fijar las rebajas, a pesar de que la tasación originalmente se determinó por pericia. Era en consecuencia, evidente, que se debía contar, en forma previa, con una pericia que pudiera determinar cuanto se puede rebajar un inmueble sin entrar a afectar la esencia del derecho de propiedad y garantizar el derecho de prenda general a su vez”, agrega la demanda que debe resolver el tribunal, y si no la acepta, debe ser la Corte de Apelaciones la que dirima y así seguir escalando hasta Costa Rica, donde está la Corte Interamericana.

El 3 de agosto, un día antes de la fecha del remate, se publicó un inserto en medios que se titulaba solo así: “Advertencia legal”.

En el pequeño aviso se explicaba que “El síndico de Curauma S.A. omite informar al público que se encuentran recursos pendientes de ser conocidos por la Corte de Apelaciones en relación a la legalidad del remate de un bien cuya postura mínima equivale a una fracción ínfima menor al 5% de su valor real”.

Y adelanta su arremetida internacional. “Lo anterior además es inconvencional y como tal será llevado al Sistema Interamericano de Justicia de ser necesario”. 

Pero también deja una advertencia directa a los eventuales interesados en comprar el terreno por ese precio. “Habiéndose advertido en reiteradas publicaciones la existencia de recursos pendientes e investigaciones, quienes pretendan adjudicarse el inmueble en este proceso no podrán ampararse en el beneficio de la Buena Fe para todos los aspectos legales”, termina el inserto firmado por las sociedades Forestal Tafalla e Inmobiliaria La Aldea, parte del grupo empresarial de Cruzat y acreedoras en el proceso de quiebra. 

Los abogados de Cruzat también ejemplifican en la demanda que el valor del terreno no está en condiciones de mercado. Y ponen como ejemplo que el 15 de mayo se publicó un aviso similar de un terreno en Curauma, por un valor varias veces más alto. Fueron 51 hectáreas que se remataron a un precio mínimo de 382.500 UF. Es decir, un terreno 10 veces más pequeño que el de Empresas Curauma, a más del triple del valor. 

En Curauma ya viven 40 mil personas, más que todo Concón, y con el cambio de plano regulador no haría más que seguir creciendo. 

Esta nueva arista legal no es la única de Cruzat. Hay más de 60 causas en tribunales del empresario contra Euroamérica, el síndico, el Fisco y Valparaíso. Además, hay una investigación penal en su contra por quiebra fraudulenta y otras causas civiles.  

Abogados conocedores del caso explican que la pretensión de Cruzat, de que sean tribunales internacionales quienes condenen al Estado chileno de violar la Convención de Derechos Humanos, es difícil, sino imposible. 

Cruzat y su equipo creen lo contrario. De hecho en una de las partes del libelo se puede leer algo de la razón detrás de la demanda y que impide a Cruzat acceder al sistema financiero tras casi una década de este juicio. 

Dice la demanda que el precio del remate está perjudicando no solo los intereses de Cruzat, “quien además ve que el inmueble de su propiedad (cuyo fin es pagar una deuda que le permita salir del status de pertenecer a una sociedad “fallida”, que actualmente le impide acceder a fondos de crédito financiero para el desarrollo de las actividades comerciales que constituyen su sustento de vida) se está regalando a prácticamente el 10% de su valor real”. 

Y en otro pasaje recalca: “La obtención de un justo precio afecta directamente los intereses tanto del beneficiario de esta N.O.P.I. (Cruzat) como de la familia cuya “economía familiar” sustenta, pues permitiría al beneficiario cubrir en gran medida sus obligaciones y poder alzar la calidad de fallido, que detenta la sociedad de la que es socio, lo que le impide en el ámbito personal de sus negocios, acceder a fondos de crédito financiero”.

El documento también cita una serie de jurisprudencias para defender su causa ante la Corte internacional y demostrar que se está violando el derecho a la protección judicial, a igual protección de la ley y el derecho a la propiedad privada, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre la jurisprudencia citada está el caso de la jueza Karen Atala, por la discriminación en que incurrió el Estado chileno al no permitirle criar a sus hijas solo por su orientación sexual. También cita otros casos chilenos, mexicanos y peruanos de personas que demandaron a sus Estados. 

Pero también habla de la propuesta de nueva Constitución y del Presidente Gabriel Boric. 

Según la demanda, la decisión tomada por el tribunal del precio de la subasta del 4 de agosto, dice, “impiden la obtención de un justo precio (garantía expresamente establecida en la propuesta de Nueva Constitución entregada el 4 de julio de 2022 al Presidente de la República, quien ya convocó a plebiscito para que se vote su aprobación, contando dicha propuesta con el apoyo del primer mandatario, tal cual lo ha manifestado de manera pública) que le permita (a Cruzat) cubrir en gran medida sus obligaciones y poder alzar la calidad de fallido lo que le impide en el ámbito de sus negocios, acceder a fondos de crédito financiero”. 

La cruzada internacional de Manuel Cruzat va en serio. Según personas informadas, ya estaría sondeando abogados en Estados Unidos para seguir reclamando ante cortes internacionales.