Caso Irina Karamanos

El martes en la tarde comenzó a circular una resolución que daba cuenta del cambio de nombre del Gabinete de Primera Dama a Gabinete Irina Karamanos. Este cambio refleja cómo la pareja del presidente ha buscado alejarse de la figura de primera dama y que se refieran a ella por su nombre.

Pero la intención fue mal ejecutada y terminó por personalizar una institución, que no es algo simplemente nominal sino que también conlleva gasto público. A pesar de que al día siguiente se corrigió, el episodio revela contradicciones más profundas. Por una parte, es un caso más en que vemos a integrantes del gobierno hacer cosas que criticaron duramente cuando eran oposición o durante la campaña presidencial.

Es del todo normal que se produzcan esos cambios porque el gobernar y administrar el Estado es de una gran complejidad que no se aprecia cuando se es oposición y la crítica es parte del juego político. Pero cuando estas inconsistencias entre dichos y hechos son tan recurrentes se afecta la credibilidad del proyecto político. Y lo de Irina Karamanos es un gran ejemplo porque es algo que habría sido más fácil cumplir.

La segunda contradicción que muestra el caso es desde una perspectiva feminista. Ninguna mujer (ni nadie en general) debiese administrar recursos públicos por ser esposa, pareja o familiar de alguien. Punto. Aunque se ha dicho que el objetivo es transformar la institución, esa tarea la podría llevar adelante una profesional.

Por lo demás, en la resolución que fue retractada no solo había cambio de nombre sino ampliación de funciones, incluyendo “identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas” relativas a grupos históricamente excluidos. El objetivo es ciertamente loable, y la tentación grande para una profesional y política como Karamanos, interesada en estas temáticas. Pero esas políticas debiesen desarrollarse desde los ministerios sectoriales.

Tensiones en las coaliciones de gobierno

El día jueves se anunció que el gobierno solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de excepción para las Provincias de Arauco y Biobío y la Región de la Araucanía tras una evaluación positiva de sus efectos. Esto nuevamente tensionará a las coaliciones que sustentan el gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

En la última extensión del estado de excepción, varios diputados y diputadas de Apruebo Dignidad rechazaron o se abstuvieron por estar en contra de la medida, dando cuenta de la imposibilidad del gobierno de alinear a quienes debiesen ser sus más estrechos aliados.

Esta semana, además, ha habido críticas cruzadas entre parlamentarios del Partidos Socialista y Apruebo Dignidad, en particular por el rol del Ministro Giorgio Jackson. Más allá del contenido de las críticas, éstas y los resultados en el Congreso dan cuenta de que, habiéndose cumplido 100 días del gobierno, no se vislumbran avances hacia la construcción de una coalición común.

De hecho, esta construcción se ve aún más dificultada por las diferencias internas en cada partido/coalición. Por ejemplo, senadores socialistas han tenido opiniones distintas a diputados, convencionales y la nueva presidenta, Paulina Vodanovic. 

Cierre Ventanas

La noticia de la semana fue el anuncio del cierre de la fundición Ventanas tras años de evidencia y discusión respecto a la contaminación en la “zona de sacrificio” Puchuncaví-Quintero. Una decisión que es incuestionablemente correcta y necesaria – desde el punto de vista de salud pública, ambiental y económico – se vio opacada por el rechazo de los trabajadores de Codelco, cuya federación realizó un paro nacional.

A pesar de que el paro no pasó de un día y terminó el día jueves con el acuerdo de sentarse a una mesa de trabajo para resolver el futuro de los trabajadores de la fundición, fue evidente que no hubo coordinación con los sindicatos antes del anuncio. Tampoco es claro que la decisión haya sido conocida por todos los actores relevantes con suficiente anticipación, incluyendo a la Ministra Hernando, la misma que reconoció errores comunicacionales.

Así, como en tantos otros temas en el gobierno, una cuestión de forma termina haciendo más ruido del necesario. La discusión debiese estar en la decisión misma y lo importante que es para la agenda del gobierno y para el país avanzar en mejor estándares ambientales y combatir el cambio climático.

En Estados Unidos, la Corte Suprema, respondiendo a la demanda de estados conservadores, está a punto de lograr limitar la capacidad del gobierno federal para regular las emisiones de la industria del carbón. La decisión del gobierno chileno y Codelco, es en este contexto, aún más destacable.