Aunque la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) es la más visible de las organizaciones reivindicativas de la causa mapuche, no es ni por asomo la única ni la más radicalizada. Si en 2018 eran dos o tres, a la fecha ya son siete los grupos de resistencia que pugnan por la hegemonía en la macrozona sur, un territorio donde -amparados por el repliegue del Estado- en lo que va del año se han producido más de 70 ataques incendiarios y 14 personas han sido asesinadas y contando.

Se trata de, además de la CAM, la Weichan Auka Mapu, liderada por Fidel Lautaro Tranamil Nahuel; el grupo Resistencia Mapuche Malleco, con Jorge Álvaro Huenchullán Cayul como figura más visible; Resistencia Mapuche Lafkenche, liderada por José Benicio Huenchunao Mariñán. A ellas se suman Liberación Nacional Mapuche, Wiñotauiñ Taiñ Malon y Kutral Mahuida.

¿Cómo sobreviven la mayoría de estas organizaciones? 

A la par de ellos, ha ido creciendo una industria criminal ligada al robo de la madera, que este año totaliza US$ 45 millones en hurtos, con 25 mil metros cúbicos de madera extraída de los bosques solo en 2022, sumando pérdidas por US$ 266 millones desde 2018, además de robo de vehículos, maquinarias y equipos, informa el gremio forestal Corma.

Y coligado a éstas, proliferan las plantaciones de marihuana, el procesamiento de pasta base, tráfico de otras sustancias ilegales, armas, municiones, entre otros. Solo el año 2021 se decomisaron 1.549 kilogramos de cocaína y pasta base y 11.875 plantas de marihuana, un 53% más de droga incautada que el año 2020, se señala en una demanda ante el Tribunal Constitucional interpuesta en julio de este año por el excoordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar.

“En esta área geográfica desde Arauco a Los Ríos, las compañías legales han sido reemplazadas por otras empresas, que no pagan impuestos, ni imposiciones, no respetan los derechos laborales, ni los horarios de sus trabajadores”, explican conocedores del territorio.

Incluso, según empresas que operan en la zona, el gobierno de Estados Unidos habría manifestado su preocupación por el tránsito de sustancias ilegales en el Golfo de Arauco, en la Región del Bío Bío. El Área Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI dijo no tener antecedentes al respecto. Pero en junio de este año, la policía civil recibió la visita del director del FBI, Christopher Wray, quien se reunió con sus contrapartes locales, entre ellos el director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz.

Si bien el motivo del encuentro fue la ampliación de los intercambios entre las agencias de ambos países y facilitar un intercambio más sólido de información y prevención del crimen, conocedores de la visita aseguran que además el estadounidense hizo ver la preocupación por el conflicto mapuche.

Consultada la Embajada de Estados Unidos, dijeron que “una de las funciones de esta misión diplomática es promover los intereses de Estados Unidos en Chile en todos los ámbitos. En esta función, nos comunicamos regularmente con nuestros socios y contrapartes en el gobierno de Chile, en las agencias de aplicación de la ley, así como en el sector privado y la sociedad civil para colaborar en las materias que son de interés mutuo”.

En referencia a la consulta sobre si hay preocupación de lo que ocurre en el Golfo de Arauco con el tránsito de droga y otras mercancías ilícitas (armas), la delegación diplomática señaló que “Estados Unidos mantiene relaciones sólidas con las agencias de aplicación de la ley chilenas y trabaja estrechamente con ellas para desarrollar las capacidades mutuas en la lucha contra el crimen transnacional, a través de los intercambios bilaterales, cursos de capacitación conjuntos y el intercambio sobre mejores prácticas”.

“La crisis de seguridad de la macrozona sur tiene ribetes internacionales desde varios puntos de revista: el primero es el modus operandi y la directa conexión de orgánicas radicalizadas de Chile como la CAM con orgánicas radicalizadas argentinas como la RAM a través de la instrumentalización de demandas del pueblo mapuche para justificar sus delitos puros y duros”, señala Pablo Urquízar. 

En segundo término, agrega el abogado, la presencia en Chile de Facundo Jones Hualas, principal cabecilla de la RAM, condenado en Chile por un grave atentado incendiario en la Región de Los Ríos, amparado por la CAM y hoy prófugo de la justicia y, en tercer término, la reivindicación en Argentina a través de atentados incendiarios de integrantes de la CAM como Pablo Marchant.

Hay tanta preocupación que incluso, señala el exsubsecretario del Interior de la administración de Sebastián Piñera, Juan Ignacio Galli, los gobiernos de los países europeos preguntaban por ciudadanos alemanes, suizos e italianos y sus descendientes que aún viven en la zona. Es más, hay empresas que han abandonado las inversiones, como el caso de las forestales Volterra (de capitales japoneses) o Tierra Chilena (de la también nipona Mitsubishi), entre otras compañías. 

¿Cuándo se produjo el punto de quiebre en la macrozona sur, cuándo se transformó en un territorio sin ley?

Aunque la mayoría de los consultados señala que fue un proceso de lenta gestación, otros responden que el abandono se produjo a partir de octubre de 2019.

Un exsubsecretario de los gobiernos de la Concertación explica que si bien la inmensa mayoría de las más de 300 comunidades indígenas son pacíficas, varios acuerdos suscritos en el gobierno de Patricio Aylwin en los años ‘90 con el mundo indígena nunca se cumplieron, como el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y la entrega de tierras. “Hay listas de espera de más de 10 años, y obviamente eso genera frustración y alimenta el resentimiento de generaciones”, explica una ex autoridad. 

Un ejecutivo de una gran forestal señala que desde el estallido social de 2019 y luego la pandemia, que reorientó el esfuerzo policial hacia las ciudades, las zonas rurales del sur fueron presa de estos grupos que siempre habían existido, pero que ahora se tomaron el territorio. Con las tierras sin sus dueños, se empezó a plantar y procesar marihuana.

A esto se suma un cambio generacional en los liderazgos mapuches y enconada rivalidad entre los distintos grupos, con agresiones armadas. Este año, por ejemplo, el medio electrónico Werkén Noticias reportaba que las comunidades mapuche-lafkenche de Tirúa Sur y Hueñaliwen denunciaron el asesinato de Manuel Huenupil Antileo por parte del grupo rival Weichán Auka Mapu. 

Reconocida como “antisistema”, Pablo Urquízar explica que esta organización opera a través de sus brazos armados, los Órganos de Resistencia Territorial (ORT), que son grupos operativos integrados por un reducido número de personas, encargados de coordinar y ejecutar ataques a objetivos determinados.

Son al menos ocho las ORT: Kalfken; Lafkenche; Nagche; Pehuenche; Wenteche; Williche; CAM y Pablo Marchant. Se distribuyen en las cuatro regiones de la macrozona sur. Sus principales “líderes” son Héctor Llaitul Carrillanca; Ernesto Llaitul Pezoa y Juan Pichún Collonao, cuyo hermano Pascual fue contratado por el gobierno en la Seremi de Salud de La Araucanía en el equipo de Comunicaciones.

Héctor Llaitul es el más mediático de los representantes de la CAM. De 56 años y nacido en Osorno, estudió Trabajo Social en la Universidad de Concepción, militó en el MIR y posteriormente en el FPMR. Es crítico del gobierno de Gabriel Boric y suele dar entrevistas en el medio electrónico Werkén Noticias.

Sus acciones más violentas datan de 2013 y partieron como una facción escindida de la CAM, con un foco contra la Iglesia Católica como institución que posibilitó la pérdida de la identidad mapuche. Entre los años 2014 y 2021 este grupo se ha adjudicado 137 atentados incendiarios. Solo en lo que va del 2022 ha materializado siete atentados.

“Dentro de las personas que la WAM ha reivindicado en cada hecho de violencia se encuentran Luis Tranamil, actualmente en prisión preventiva por el asesinato del cabo Naín; Emilio Berkhoff, en la cárcel por tráfico de drogas; los primos José y Luis Tralcal, condenados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay; y Freddy Marileo Marileo”, señala el escrito en el que se pide que se declare inconstitucional esta organización, y que fue rechazado por el TC.

Su actuar se ha materializado en las regiones de La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos de la macrozona sur predominantemente sobre predios agrícolas, cabañas de veraneo, camiones de transportes, faenas forestales, camiones forestales, capillas católicas y evangélicas, entre otros. Sus principales “líderes” son Fidel Tranamil Nahuel; Marco Millanao Mariñán; Luis Tralcal Quidel; y Luis Tranamil Nahuel.

Data del año 2011: el atentado a un helicóptero de Masisa en la comuna de Victoria. Entre los años 2014 y 2021, este grupo se adjudicó 47 atentados incendiarios. En lo que va del 2022, ha materializado 12 atentados. Sus objetivos son variados: predios agrícolas, camiones de transportes y camiones forestales, maquinaria agrícola y forestal, puentes, sedes comunitarias, torres de alta tensión, antenas radiales y telefónicas, vehículos particulares, capillas católicas y evangélicas.

Según Pablo Urquízar, este grupo está muy vinculado al tráfico de drogas, el robo de vehículos, el robo de madera, entre otros. Uno de los “líderes” de esta orgánica es precisamente Jorge Huenchullán Cayul, quien se encuentra prófugo por tráfico de drogas e infracción a la ley de control de armas.

Esta fue la organización que el 15 de marzo del año 2022, intimidó con disparos a la ministra del Interior, Izkia Siches, en su visita a la comunidad Temucuicui.

Opera en el cono sur de la provincia de Arauco. Entre los años 2014 y 2021, este grupo se adjudicó 26 atentados incendiarios. Solo en lo que va del 2022 ha realizado más de 12 atentados.
Opera como una organización criminal enfocada al robo de madera y, complementariamente a esta actividad, a la posesión de armas, robo de vehículos y maquinaria pesada. Sus ataques se han concentrado contra personal policial (Carabineros – PDI), comuneros mapuches vinculados a empresas forestales, a quienes se les califica como “yanaconas” y en último término, cualquier otra estructura mueble e inmueble asociado al ámbito forestal, turístico, de las telecomunicaciones o estatal. Sus principales “líderes” son José Huenchunao Mariñan y Domingo Mariñan Millahual.

Se caracteriza por operar tanto en Chile como en Argentina, los llamados “territorios históricos de la nación mapuche”. No tiene un líder conocido. En noviembre del año pasado se adjudicó 20 acciones de sabotaje en la zona de Vilcún, Lautaro, Panguipulli, Temuco, Loncoche y Victoria, casi todos contra la industria forestal. En estos últimos días, este grupo se atribuyó dos ataques incendiarios en Victoria y Lautaro.

Formada por comuneros separados de la CAM, opera en la provincia de Biobío y su principal reclamo territorial está en la zona del Rañihuenco. Los integrantes estarían en las comunidades de Caunicu, Pitril y Callaqui y surgió como grupo autónomo en 2021.

Está integrada por comuneros del sector oriente de la comuna de Collipulli (Malleco) en la ruta R49.