El conflicto lleva más de un año y recientemente aterrizó, brevemente, en la Corte Suprema de Chile. Pero donde hoy se juega la parte más activa de esta disputa es en la Corte del Distrito Este de Pennsylvania, en Estados Unidos. Hasta ese tribunal federal han llegado tanto los abogados de GWSI como los de CMPC, con acusaciones cruzadas que abren un frente judicial aún en desarrollo. La naturaleza del caso puede parecer logística, pero detrás hay una controversia contractual que ya escala a solicitudes por cifras millonarias. Según documentos presentados el 21 de marzo pasado, GWSI exige una compensación de US$ 45 millones por presuntos incumplimientos en contratos de almacenamiento y transporte de celulosa. La Papelera, por su parte, tiene una versión distinta: asegura que su contraparte alteró unilateralmente los términos del acuerdo y luego intentó hacerlos exigibles. Esta es la historia.

Del contrato al conflicto

CMPC tiene diversos negocios en Estados Unidos, país que representa un mercado estratégico en su operación internacional. Llegaron formalmente a ese territorio en 2002, con la creación de CMPC USA, su primera oficina comercial en Norteamérica. Desde entonces, su presencia ha crecido: hoy cuentan con dos plantas industriales y una oficina comercial, y en febrero del año pasado emitieron un bono sostenible por         US$ 500 millones en el mercado estadounidense.

GWSI, por su parte, es una compañía de logística que opera una red de bodegas en distintos puntos de Estados Unidos, incluyendo Pennsylvania, Carolina del Sur y Florida. Parte de su negocio consiste en ofrecer servicios de almacenamiento, tanto de corto como de largo plazo. En paralelo, y en conjunto con otros operadores, también gestiona etapas clave de la cadena logística: la descarga de materia prima desde buques en terminales portuarios y su posterior transporte hacia centros de distribución.

En marzo de 2020, según consta en documentos judiciales a los que accedió DF MAS, CMPC inició un proceso de licitación para seleccionar nuevos proveedores logísticos en EEUU. GWSI participó y propuso un plan que incluía bodegaje, junto con la coordinación de descarga en puertos y distribución terrestre.

La clave del caso es que, según GWSI, el acuerdo con CMPC contemplaba una garantía de volúmenes mínimos de carga. En base a ese supuesto, la firma norteamericana asegura que destinó infraestructura exclusiva para la operación. Pero la versión de CMPC es distinta: sostienen que nunca se comprometieron a un volumen fijo, que el contrato no contempla penalidades y que GWSI está intentando “hacer valer una versión incorrecta y alternativa” del acuerdo firmado entre ambas partes.

En la disputa, GWSI está representada por el estudio Morgan, Lewis & Bockius, con más de 2.200 abogados y presencia en América del Norte, Europa, Asia y Medio Oriente. CMPC, en tanto, actúa a través de los estudios Eckert Seamans Cherin & Mellott LLP, y Parker, Hudson, Rainer & Dobbs, LLP, ambos de menor tamaño, pero con trayectoria en litigios complejos.

Punto de quiebre

Los primeros envíos desde CMPC a GWSI comenzaron en diciembre de 2020, aunque -según los documentos judiciales- el contrato definitivo se firmó recién en febrero del año siguiente. Mientras tanto, las partes ajustaban detalles: hubo reuniones en Atlanta (en oficinas de CMPC), intercambios de correos y, como es habitual en este tipo de procesos, distintas versiones del acuerdo comercial.

De acuerdo con GWSI, una vez que CMPC aceptó su propuesta, la firma logística comenzó a invertir en infraestructura y equipos para cumplir con el compromiso de manejar un volumen mínimo de carga. Aunque en un inicio los despachos de CMPC estuvieron por debajo de lo esperado, hacia fines de 2021 la tendencia se revirtió brevemente: “En algunos casos, CMPC despachó más del 500% del volumen comprometido”.

Ese exceso habría colapsado la capacidad de GWSI y habría generado sobrecostos. CMPC -afirma su contraparte- pagó millones de dólares por cargos asociados a la retención de contenedores, lo que, según ellos, refuerza que existía un acuerdo basado en mínimos operativos. Las partes renegociaron, y GWSI asegura que se pactó extender la relación comercial hasta 2029. Pero en enero de 2023 volvieron las fricciones: el flujo de contenedores cayó por debajo del umbral y GWSI envió cartas reclamando pagos. “Hasta la fecha, CMPC no ha cumplido con sus compromisos”, sostienen.

Por estos motivos, la firma norteamericana acusa a CMPC de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito y representación fraudulenta. En cada una de estas acciones repiten el mismo petitorio: exigen un fallo que obligue a la Papelera a pagar al menos US$ 45 millones, junto con daños indirectos, intereses, costas, honorarios legales y cualquier otra compensación que el tribunal estime adecuada.

Contactado CMPC, respondieron a DF MAS que no se refieren a procesos judiciales en curso.

The Home Depot afectado

Al otro lado de la vereda, CMPC sostiene que nunca existió un compromiso contractual para cumplir con cuotas mínimas de almacenaje o transporte. Según su versión, fue recién en enero de 2024 cuando GWSI le comunicó que debía pagar US$ 1,1 millones por supuestos incumplimientos. La empresa nacional respondió que ni el contrato original ni sus enmiendas posteriores contemplaban penalidades de ese tipo, y que las condiciones habían sido revisadas y aceptadas por ambas partes. Poco después -alega CMPC- GWSI le envió una “versión incorrecta y alternativa” del acuerdo, distinta a la firmada y negociada previamente, en un intento por justificar esos cobros.

No sólo eso: esta versión del contrato, acusa la empresa de los Matte, contenía una firma diferente en representación de GWSI respecto a la versión oficial acordada entre las partes.

En abril, GWSI volvió a insistir, esta vez con una nueva cifra: US$ 3,1 millones por los mismos cargos que CMPC seguía rechazando. Al mes siguiente, el conflicto pasó del intercambio de cartas al plano operativo. Según una demanda civil presentada por la firma chilena en agosto de 2024, la firma norteamericana “comenzó a negar a CMPC el acceso a sus productos y a rehusarse a despachar y cargar su mercancía desde las bodegas de GWSI, basándose en su posición de que CMPC adeudaba varios millones de dólares en penalidades por incumplimientos de volumen”.

Estos actos, acusa CMPC, vulneraron los acuerdos comerciales firmados y le generaron un perjuicio económico cuyo monto deberá “ser determinado en juicio”. Pero el impacto no fue sólo interno. Según la compañía, las restricciones afectaron indirectamente a varios de sus clientes en Estados Unidos, entre ellos Hampton Lumber y The Home Depot.

El caso sigue en desarrollo. En abril pasado, GWSI presentó su oposición formal al intento de CMPC por desechar parte de las contrademandas. Por ahora, esa decisión está en manos del juez federal Michael Baylson, quien deberá resolver si el litigio sigue avanzando.