El pasado 8 de diciembre ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra de Alto Maipo SpA, donde una serie de recurrentes acusaron supuestos actos de espionaje en su contra.

Francisca Fernández, María Jesús Martínez, Maite Birke y Anthony Prior -todos activistas en contra del proyecto Alto Maipo- acusan a la empresa de una “conducta arbitraria e ilegal al ejecutar una operación de espionaje en contra nuestra, por medios y con objetivos ilegales”.

Los recurrentes citan a una investigación del medio Interferencia, que estableció que AES Andes -accionista mayoritario de Alto Maipo SpA- invirtió $ 3 millones mensuales en servicios de ciberinteligencia para conocer detalles de la vida de los opositores al proyecto hidroeléctrico.

Sin embargo, el 10 de diciembre la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso. Y aunque los recurrentes volvieron a solicitar la reposición, el tribunal de alzada mantuvo la impugnación.

En noviembre, AES Andes anunció que su filial Alto Maipo SpA solicitó acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. “(Se busca) crear una estructura de capital sostenible en el largo plazo, maximizando la recuperación para todos sus acreedores”, informaron ante la CMF.