El 1 de febrero vence el plazo. Ese día todas aquellas “iniciativas populares” que logren 15 mil firmas de apoyo en cuatro regiones distintas podrán ser sometidas a discusión al interior de la Convención Constituyente. Así, cualquier persona natural o agrupación de la sociedad civil puede hacer llegar su propuesta de norma constitucional que le gustaría que esté presente en la nueva Carta Magna.

Hasta el cierre de esta edición, habían ingresado 236 causas, eso sí, ninguna de ellas ha alcanzado aún el mínimo de votos. Las únicas seis que hasta ahora superan los 2 mil apoyos son:

Uno, derecho a libertad religiosa y de conciencia (lo que incluye la prohibición de coaccionar a la persona para actuar en contra sus convicciones), impulsada por la agrupación Confesiones Religiosas en Chile.

Dos, defensa de la propiedad de los ahorros previsionales actuales y futuros (además de la libertad de elección entre instituciones públicas y/o privadas, igualdad de pensión entre hombres y mujeres, y el derecho a la pensión básica universal), impulsada por el grupo Con mi plata no.

Tres, derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres y libertad de enseñanza, de Acción Educar. Cuatro, “una educación feminista para Chile: laica, pública y no sexista”, desde la Red Docente Feminista. Cinco, “Por una Educación Libre y Diversa”, incentivada por la agrupación que lleva el mismo nombre.

Y por último, la incorporación de los animales a la Constitución (que el Estado garantice la protección y mayor respeto de todos los animales de acuerdo a su especie y en su calidad de individuos dotados de sensibilidad), impulsada por la Fundación Vegetarianos Hoy.