El 16 de mayo, la Municipalidad de Las Condes saldó una deuda de $ 10 mil millones con la inmobiliaria Nueva El Golf. La empresa dueña del proyecto Vespucio 345, emplazado en Renato Sánchez, tras ocho años de conflicto, ganó en todas las instancias judiciales al municipio que le paralizó las obras tres veces y recibió ese monto en indemnización.

El edificio se convirtió en una especie de emblema de disputas entre alcaldes e inmobiliarias, similar a lo ocurrido con la inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa y su proyecto Eco Egaña.

Lo que casi no se recuerda es que Felipe Alessandri, su hermano Jorge y su madre, María Constanza Vergara, fueron de los primeros en ir a la Municipalidad de Las Condes en septiembre de 2017 a decir que el permiso de edificación otorgado a Inmobiliaria Nueva El Golf era ilegal.

En ese entonces acusaron que las dimensiones del proyecto no cumplían las ordenanzas sobre un conjunto armónico. Señalaron aumentos indebidos en la constructibilidad de la zona; también que se “aplicó incorrectamente las normas urbanísticas al momento de calcular la densidad permitida de viviendas por hectárea”, que los pisos sobrepasaban las alturas máximas permitidas y que el proyecto no cumplía con las proporciones exigidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones entre superficie construida con destino habitacional y usos distintos.

La entidad dirigida entonces por Joaquín Lavin no resolvió dicha solicitud y la familia Alessandri, representada por el abogado y también vecino de El Golf, Alberto Dalgalarrando, fue a la Corte de Apelaciones con un reclamo de ilegalidad, diciendo que las mediciones estaban mal hechas y que el proyecto no debía hacerse.

El vínculo de los Alessandri con esta zona de la ciudad conocida como barrio El Golf es desde la infancia. Tanto el actual alcalde de Lo Barnechea como su hermano parlamentario se criaron en dicha zona y su madre aún vive en la vivienda que ahora se ve afectada por la sombra de su nuevo vecino.

Tras el pago de la millonaria indemnización, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, apuntó sus dardos a la administración Lavín. “El fallo establece con claridad que la administración de la época no tenía atribuciones legales para detener las obras. Esta sentencia nos obliga a pagar por errores cometidos por la administración de Lavín, se trata de una indemnización histórica que afecta duramente el patrimonio municipal y de la que lamentablemente tenemos que hacernos cargo hoy”.

Personas al tanto indican que el municipio podría iniciar acciones legales contra todos aquellos responsables de este millonario juicio.