Claudio Orrego, pese al ruido judicial y político que lo rodea, no ha bajado el ritmo. El jueves estuvo en Puente Alto con el alcalde Matías Toledo. Más tarde, en La Florida se reunió con dirigentes de taxis colectivos. Días antes, pasó por Maipú para encontrarse con Tomás Vodanovic.

Así cerró una semana cargada de actividades públicas, pero también marcada por nuevas controversias legales que lo tienen en el centro del debate. Dos investigaciones apuntan a su gestión y lo obligan a desplegar una estrategia defensiva. Al mismo tiempo, enfrenta presión política: el Partido Republicano busca su destitución y Chile Vamos evalúa plegarse a esas gestiones.

El origen está en una arista del caso ProCultura. En 2022, el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Orrego, firmó un convenio con la fundación dirigida por Alberto Larraín por unos $ 1.600 millones para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.

Sin embargo, la Fiscalía detectó posibles irregularidades en la asignación de esos fondos, en particular por la doble militancia de Larraín, quien además integraba la Corporación de Desarrollo Regional. Y este martes, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora del caso, que responsabiliza del mal uso de recursos públicos a los gobernadores involucrados, entre ellos a Orrego. La autoridad salió a responder que dicho informe tiene “errores de hecho, profundos, que lo invalidan”.

En ese contexto, una figura central ha sido el abogado Israel Chamorro, jefe del Departamento Jurídico del Gobierno Regional. Es él quien lidera la estrategia de defensa legal de la gobernación. Llegó al cargo en octubre de 2023, tras haberse desempeñado como socio del estudio Lastra y Jorquera.

La gobernación también lleva adelante una ofensiva legal: mantiene un litigio contra la aseguradora ASPOR por negarse a pagar cinco pólizas de garantía -por un monto superior a los $ 1.000 millones- tras el término anticipado del convenio con ProCultura. La causa, patrocinada por el Consejo de Defensa del Estado, sigue en curso.

Esta semana se le abrió un nuevo flanco a Orrego por un informe de Contraloría: tras auditar una serie de programas del Gobierno Regional, el organismo liderado por Dorothy Pérez detectó presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a una asesoría externa.

Este servicio contratado apuntaba a fortalecer competencias internas y mejorar el clima laboral. Pero, según los fiscalizadores, parte de las sesiones incluyó referencias directas a coyunturas electorales y estrategias de campaña. La gobernación, sin embargo, no comparte la tesis del órgano contralor y anunció que presentará un requerimiento formal para revisar y esclarecer los hechos. El mismo Chamorro es quien sigue de cerca, junto a su equipo, este nuevo caso.

Por estos días Orrego se ha apoyado en Joaquín Orellana, su jefe de gabinete desde enero de 2025, y en Felipe Barnachea, asesor de confianza y colaborador habitual en temas políticos y de gestión territorial.