Fue en enero de este año cuando el médico de nacionalidad española José Antonio Valero ingresó en la justicia chilena una acción penal, tras haberse concretado la venta de Clínica Las Condes (CLC). La acción la dirigió en contra del entonces presidente de la compañía, Alejandro Gil, y de personeros de Indisa y EuroAmerica, los compradores del centro de salud privado, hasta ese momento en manos del Grupo Auguri.

El médico había sido parte de un grupo inversor -la sociedad Kumey- que también había negociado la compra de CLC, pero finalmente el controlador la enajenó a aquellos otros proponentes, lo que desató la molestia de Valero y su grupo. Y llegó a tribunales chilenos argumentando que los compradores habrían transgredido normas de libre competencia, al no consultar la operación a la FNE -Indisa ya participa en el rubro salud-, y también al omitir una toma de control, pese a actuar ambos en forma conjunta y concertada, según la querella. Para esta acción penal, trabajaron con el abogado penalista Carlos Cortés como patrocinante.

Sin embargo, a tres meses de aquello, Cortés renunció a aquel patrocinio, y no en los mejores términos.  Según documentos ingresados al tribunal en que se ventila la causa, adujo hasta razones de ética profesional. “Esta renuncia dice razón con una absoluta falta de comunicación y contacto con el cliente; y en razón de causas graves a que se refieren los art. 18 e) y 19 del Código de Ética Profesional”, dijo el abogado en un escrito ingresado el 15 de abril.

Según el mencionado código de ética, la renuncia puede ocurrir “por causa justificada sobreviniente que afecte su honor, su dignidad o su conciencia, o por incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abogado”. O también “si el cliente incurre en actos ilegales o incorrectos”.

DF MAS intentó contactarse con ambas partes, sin éxito, hasta el cierre de esta edición.