El 28 de diciembre pasado, en la sesión ordinaria del concejo municipal de Panguipulli, se aprobó (por 5 votos a favor y 1 abstención) una ordenanza que preocupó a la comuna y zonas aledañas. El documento prohíbe el desembarco, circulación y navegación de toda clase de embarcaciones que funcionen en base a cualquier tipo de combustible hidrocarburo tales como diésel, gasolina y kerosene.

También aplica sanciones de entre 3 a 5 UTM (de $ 163 mil a $ 272 mil). Esto en tres lagos: Calafquén, Pellaifa y Pullinque.

Según diversas fuentes consultadas, esta fue una promesa de campaña del alcalde en ejercicio Pedro Burgos (Independiente), ex director regional de Sernatur. “Tiene un vínculo muy estrecho con el medioambiente, por eso quiere descontaminar las aguas”, dicen en su entorno. También tiene una relación cercana con comunidades locales de Huitag y Coñaripe, quienes se oponen a la utilización de embarcaciones motorizadas.

“El alcalde está tratando de abuenarse con Coñaripe, donde hay un grupo que quiere que la zona sea autónoma. Y ellos quieren además que se prohíban las lanchas”, argumenta un vecino.

Fuentes del concejo municipal añaden que la idea, en general, es valorada por los locales, pero no por las personas que tienen casas de veraneo, quienes generalmente ocupan sus lanchas en el periodo estival. Los críticos afirman que la municipalidad no tiene las facultades de prohibir el tránsito en lagos y menos -tal como se indica en el documento- pedirle a la Armada que fiscalice esta situación.

El alcalde de la comuna afirma que lo que buscan con esta ordenanza es “hacer un gesto político y poner en el debate público un tema de discusión. El interés nuestro es que la conversación respecto a este tema produzca los diálogos que se están produciendo hoy, situación que hace tiempo no ocurría”.

Sobre la presentación de Contraloría, el edil recalca que “vamos a perseverar en una normativa que de alguna u otra forma, de manera consensuada, avance en cuerpos legales que vayan en el cuidado y protección del medioamnbiente. Si esto lo dejamos, en la labor fiscalizadora de otros entes que tienen esta facultad, vamos a lamentar situaciones como las que han ocurrido en nuestro país, donde luego de que los daños están realizados, se toman medidas”.

Ante la pregunta de por qué elegir estos lagos y no Panguipulli, que tiene más vehículos motorizados, afirmó que esta es una prueba en el lago Calafquén, y de ser exitosa, se evaluará seguir a otros territorios.

El concejal David Ruiz. que se abstuvo en esta votación argumentando que no fue consultada a los gremios del turismo y “fue un proceso rápido, no sociabilizado y sin estudios técnicos”, afirma que esta ordenanza se debe a presiones que habrían hecho las comunidades ancestrales al alcalde, donde en una carta exigen a la institucionalidad chilena asumir la resolución tomada por ellos de prohibir los vehículos motorizados en los lagos.

“Las comunidades, los lonkos y los territorios ancestrales ya tomaron una decisión que es derechamente la prohibición de las lanchas sobre estos lagos. Esa decisión ya está tomada, para resguardar estos lafquen y los ríos que existen”, declaró a un medio local (Diario Panguipulli) el miembro del Lof Pilihue-Hueninca, Orlando Colipan, a lo que su par, Yoselyn Quezada, agregó: “Esta es una decisión que está tomada. Aquí no se está pretendiendo negociar. Es una decisión que vamos a hacer respetar”.

Ante esto, la Armada de Chile, a través del vicealmirante Carlos Hube, director general del territorio marítimo y de marina mercante, solicitó el pronunciamiento a Contraloría, afirmando que la ordenanza municipal es ilegal y por lo tanto “inoponible en su aplicación para esta autoridad marítima”.

En el oficio, también afirman que otra manifestación evidente de ilegalidad es al encomendar su fiscalización a la Armada. Es decir, se arroga la competencia de establecer una prohibición, sin efectuar mención alguna a las facultades establecidas a la autoridad marítima, y luego se encarga de entregarle la labor de fiscalización.

La polémica escaló hasta el Ministerio del Interior: Rodrigo Delgado le solicitó al delegado presidencial de la región de Los Ríos, César Asenjo, que elabore un informe en derecho para tomar medidas y corroborar la legalidad de la ordenanza.

Judicialización

Desde el lado de los vecinos de Calafquén, el 31 de diciembre ingresó a la Corte de Apelaciones de Valdivia un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Panguipulli que acusa que esta última incurrió en un acto “arbitrario e ilegal”.

El documento fue presentado por la Inmobiliaria San Nicolás, empresa propietaria de un inmueble habitacional ubicado en Puerto Calafquén y representada por Federico Nicolás Molina Desgroux, un empresario de la zona con distintos proyectos inmobiliarios‎.

“La propiedad del recurrente tiene como principal atracción turística el Lago Calafquén, y la posibilidad que éste otorga de poder navegar en el mismo. A su vez, la ordenanza perjudica a los trabajadores de la zona, comerciantes, lancheros, pescadores, hoteles, restaurantes, etc., quienes se verán perjudicados en el presente periodo estival a consecuencia de la medida”, señala el escrito.

Este miércoles el recurso fue declarado admisible por el tribunal de alzada de Valdivia. Además, la Corte le dio un plazo perentorio de seis días a la municipalidad de Panguipulli para justificar la legalidad del decreto.

Los abogados patrocinantes, Carlos Castillo y Carlos Berríos, de la oficina Rokha, dicen que esta ordenanza pasa a llevar tres derechos constitucionales: igualdad ante la ley, libre tránsito y propiedad. Además, Castillo dice que el municipio “no adjuntó un informe toxicológico para comprobar los niveles de contaminación”.

El jueves ingresó un segundo recurso de protección. Esta vez, de más de 40 vecinos de Calafquén que acusan a la Municipalidad de Panguipulli de actuar de forma “absoluta, total, flagrante y abusivamente arbitraria, ilegal e inconstitucional, al tiempo de infringir de manera francamente sorprendente el principio de legalidad, entre otros vicios que se indicarán en el cuerpo de este recurso y durante la tramitación del mismo”.

Además, el abogado José Manuel Gallegos estaría preparando un tercer recurso de protección representando a vecinos de la zona. Este está en análisis y esperando un pronunciamiento de Contraloría.

Efecto dominó

La polémica ya escaló a otras comunas. El alcalde de Villarrica Germán Vergara (Independiente), afirma que está de acuerdo con aumentar las fiscalizaciones a las lanchas y otros vehículos motorizados, pero asegura que la fórmula del alcalde de Panguipulli no corresponde. “No lo puedes cortar de un viaje, hay gente que vive de esto, hay que dialogar y buscar en conjunto una solución, pero el alcalde nunca se ha contactado con nosotros”, asegura a DF MAS.

Vergara cuenta que en conjunto con la Municipalidad de Pucón están trabajando en un plan y se le ha pedido a la Armada que congele los permisos de lanchas. Este plan está contemplado para 2025, y consiste en ser más rigurosos con las fiscalizaciones, procurar que todos los lagos tengan marinas para que las lanchas no se abastezcan de bencina en el agua y generar acuerdos con empresas de vehículos motorizados para buscar alternativas menos contaminantes, pero “todo a mediano o largo plazo, con mesas de trabajo y mucho diálogo”, afirma el alcalde.

Si bien desde todos los frentes se coincide en que la problemática de la contaminación de los lagos es real, y que de alguna forma debiera regularse el uso de motorizados, esto debe hacerse de forma gradual.

“Por ejemplo partir por eliminación de motores a dos tiempos, después se pueden poner cuotas, manejo de embarcadero de las lanchas El problema es que no puedes hacer algo de este tipo con el impacto directo e indirecto que genera de un día para otro. Esto se hizo de la noche a la mañana, sin preguntarle a nadie”, asegura Rubén Rosenberg, vecino de Calafquén.

El viernes en la mañana -y luego de todo el ruido que generó la medida-, la municipalidad de Panguipulli publicó un comunicado donde informó que “mientras los organismos no se pronuncien y no se cierre el procedimiento de la Contraloría, no entrará en vigencia (la ordenanza)”.