Las cifras son concluyentes. Según la FAO, el 63,8% del territorio de Chile está compuesto por montañas. Y a pesar de eso, los accesos para la mayoría de estos espacios están prohibidos. Solo en la Región Metropolitana el 80% de los cerros está en manos privadas, según la Fundación Cerros Isla.

Los últimos desconfinamientos, que han empujado a cientos de personas a buscar actividad física y relajo en los cerros, han sido el telón de fondo de varias disputas entre los dueños de los terrenos y quienes buscan usarlos, creyendo que se trata de bienes públicos.

En el Congreso han surgido una serie de iniciativas para “liberar” el acceso a cerros y montañas. Uno de estos proyectos es del diputado Sebastián Torrealba (RN), que busca promover el acceso a montañas cuando el terreno privado colinde con un predio fiscal. La iniciativa (que se rebautizó como “proyecto de ley Juan Pablo Mohr”, en honor al montañista chileno) todavía está en primer trámite constitucional. En las últimas semanas, otros parlamentarios -como Sebastián Keitel- han respaldado el plan.

Incluso, luego de la agresión que sufrió el exfutbolista Mark González en el Cerro Loma Larga de Lo Barnechea (de propiedad de la familia Montes Lira), el ministerio de Bienes Nacionales anunció un plan para facilitar los paseos por los cerros a través de un visor territorial que identifique zonas de tránsito precordillerano. Además, anunciaron una mesa de trabajo con alcaldes, propietarios y la sociedad civil para abordar el acceso a este tipo de terrenos.

“(Buscamos) que las personas y las familias puedan llegar con tranquilidad a esos lugares y puedan disfrutar del espacio abierto, respetando la propiedad privada, pero también el legítimo deseo de llegar a la naturaleza”, dijo a mitad de semana el ministro de la cartera Julio Isamit.