El 26 de octubre de 2020, cuando el reloj marcaba las 14:20, el periodista Ignacio Franzani recibió un WhatsApp. El número era desconocido y el mensaje inusual. El texto —que compartía datos personales— mencionaba que su cédula de identidad había sido clonada y que el afectado no podía hacer nada para detener la situación. “Serás suplantado”, establecía la comunicación.

Pero Franzani no fue el primero ni tampoco el último. Desde mediados de 2019, diversas personalidades del mundo público recibieron mensajes similares: algunos con amenazas y otros con extorsiones.

Luego de diversas denuncias, la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) dio con un presunto culpable. David Jesús Vega Sánchez, 23 años, quien el sábado 9 de enero pasó por control de detención, siendo imputado por los delitos de amenazas simples contra personas y propiedades, y suplantación de identidad. Durante la misma jornada, el Juzgado de Garantía de Colina decretó prisión preventiva.

La formalización estuvo a cargo del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, quien ha participado en investigaciones como el caso Cascadas.

“Ha efectuado reiterados llamados y enviado diversos mensajes a víctimas que en algunos casos son personas conocidas públicamente con el fin de amenazarlos de manera seria y verosímil con atentar contra sus vidas, de sus familiares o incluso contra su libertad sexual”, aclaró el fiscal Marcelo Carrasco durante la audiencia del 9 de enero.

No se sabe mucho de la vida de David Vega. Según quienes conocen el caso, el imputado -domiciliado en la Región del Maule- viene de un ambiente de alta vulnerabilidad social. Además, añaden que no tiene conocimientos desarrollados en informática. En todo caso, la carpeta investigativa del Ministerio Público todavía está en proceso.

El diputado PS Marcelo Díaz, la abogada Carmen Gloria Arroyo, el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y su mujer Karen Doggenweiler, el director general de la PDI Héctor Espinosa, el periodista de Informe Especial Alejandro Meneses y miembros de la familia de Andrés Chadwick fueron algunos de los afectados por Vega Sánchez.

“Recibía amenazas directamente en contra de mi integridad física y de mi vida. Eran llamadas bien recurrentes, yo al final las identifiqué para no contestar nada”, afirma Marcelo Díaz a DF MAS, quien agrega que “es un delito grave y corresponde que se aplique la justicia y la ley”.

Según la Fiscalía, en muchos de los casos David Vega llamaba a distintas compañías de teléfono para cancelar los contratos. Eso sucedió con Carmen Gloria Arroyo. El 9 de julio de 2019 el imputado contactó al call center de Movistar, se identificó como la abogada y solicitó el bloqueo de su teléfono y el de sus hijas.

Tiempo después, cuando Arroyo reactivó el servicio, el acusado volvió a hacer la misma operación. En medio de esto, además, le envió mensajes vía WhatsApp con amenazas de muerte y de carácter sexual. Todo con un número internacional.

Diversos expertos advierten que este tipo de delitos es cada vez más frecuente. “Ya no usamos un teléfono, usamos un dispositivo inteligente, el cual puede ser clonado. El dueño del teléfono sólo se dará cuenta cuando intente hacer llamadas, pero todas sus aplicaciones, incluso aquellas donde tiene cargados métodos de pago, serán usadas por el delincuente”, afirma Juan Pablo López, abogado experto en ciberseguridad.

Todavía no se conocen los objetivos concretos de los mensajes. “En algunos casos pide dinero, en otros solo amenaza. No tenemos claro lo que buscaba el imputado”, aclara un conocedor de la situación.

El único caso donde se pidió un rescate económico fue con Marco Enríquez-Ominami, quien durante la noche del 30 de octubre recibió mensajes por WhatsApp. “Empieza a preocuparte. Tengo todos tus datos personales. Y no soy tu hermano. Ponte vivo”, se leía en el texto. Según información del Ministerio Público, el excandidato presidencial también recibió una llamada. “Le exigió el depósito de $ 40 millones en la cuenta RUT, a cambio de no divulgar sus datos personales”, cuenta la minuta de la Fiscalía.

Además, en muchos casos los mensajes hacen alusión a un grupo que está detrás de estos ataques. Sin embargo, desde la PDI y el Ministerio Público no se han encontrado pruebas que confirmen esa arista. De hecho, durante la audiencia se discutió entre los asistentes si el imputado tenía una especie de discapacidad intelectual. Es por eso que ofició al Hospital Horwitz un informe de las facultades mentales del imputado.

“El llamado hoy es a desconfiar, no clickear links desconocidos porque pueden ser páginas fraudulentas que llevarán a robos de credenciales bancarias. Tampoco hay que compartir información personal, ni menos claves personales o información sensible de la familia o empresa, porque no sabemos qué hará con ellas el destinatario. Por mucha confianza que tengamos, es un tercero que puede usarla para extorsionarnos”, advierte el abogado Juan Pablo López.