Falsificación de vacunas

Días antes de que terminara 2020, mientras en Inglaterra se desarrollaba la primera etapa de vacunación con adultos mayores, un estafador le ofreció a una anciana una supuesta vacuna contra el Covid-19. La mujer de 92 años abrió las puertas de su casa y desembolsó £162 (equivalente a $160 mil) en la inyección. Y sorpresa: era falsa.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) intuía un posible aumento de varios delitos asociados a la fabricación y traslado de las vacunas en el mundo. Por esta razón, es que el organismo decidió levantar una alarma naranja para los 194 países miembros y advirtió posibles “actividades delictivas relacionadas con la falsificación, el robo o la publicidad ilícita de las vacunas”.

En Chile, el llamado lo recogió la PDI, a través de Jaime Ansieta, jefe nacional de Delitos Económicos y Contra el Medio Ambiente. “En el país no hay vacunas extra circulando, todas están en manos del Ministerio de Salud. Si llegan a ofrecer una, la persona está buscando estafar y de paso puede poner en riesgo la salud del afectado”, dijo a DF MAS.

Sobre la estrategia para evitar fraudes sostuvo que en la web siempre habrá alguien ofreciendo lo que la ciudadanía quiere. “Por esto hacemos un llamado a denunciar si las personas son testigos de eventuales ofertas”, comentó el oficial.

Robo de vacunas

No es solo una alerta. Ya ha ocurrido. En Estados Unidos, Hasan Gokal —un doctor de Texas— fue acusado de robar un frasco que contenía la vacuna contra el Covid-19. Según la información entregada por medios locales, el vial que habría hurtado incluía nueve dosis.

En Chile, este tipo de delitos la PDI los reconoce como robos por un “insider”, una persona que participa de una institución que trabaja con la vacuna y que eventualmente podría extraerla. “Se podrían vender desechos o viales vacíos, por eso no se botan y se resguardan”, comenta Ansieta, quien dice que el Minsal tiene un registro de todos los recipientes vacíos.

Carabineros también trabaja en el resguardo de las vacunas, como quedó demostrado en diciembre, cuando llegó la primera tanda de vacunas Pfizer-BioNTech.  Su operativo contó con más de 500 efectivos para el traslado y el resguardo del medicamento, utilizando helicópteros y aviones institucionales para completar el proceso.

"En otros países, para minimizar los riesgos, se hicieron grandes centros de vacunación masivos, que es algo que estamos analizando con el Minsal. Mientras menos centros sean, la seguridad fija será mayor. Nosotros ya tenemos protegidas todas las áreas de riesgo: amenazas de extraños, robos internos y externos, y las posibles colusiones”, agrega la autoridad de la PDI.

El lucrativo negocio de los salvoconductos

Ni la distancia social ni las cuarentenas fueron impedimentos para los estafadores, quienes vieron una gran oportunidad con la venta de salvoconductos falsificados durante la crisis sanitaria, principalmente en localidades que tenían restricciones de libre circulación.

En agosto del año pasado, en Antofagasta, se hizo conocido este delito. Un hombre fue acusado de vender durante dos meses 550 salvoconductos y permisos únicos colectivos mientras la capital regional estaba en cuarentena. Las autorizaciones eran vendidas entre $ 10 mil y los $ 20 mil, por lo que las autoridades estipularon que las ganancias fueron cercanas a los $ 11 millones.

Un caso similar ocurrió a más de 2 mil kilómetros de distancia. En Puerto Montt un sujeto habría imitado la técnica del nortino, vendiendo más de 650 autorizaciones para transitar en la ciudad. Según fuentes policiales, el hombre habría obtenido más de $10 millones por la venta de estos documentos.

El último suceso se destapó esta semana en Concepción. Un hombre de 34 años comercializó más de 3.500 salvoconductos durante el segundo semestre del 2020, generando una utilidad cercana a los $20 millones. El investigado utilizó la Clave Única de diferentes empresas penquistas e incluso la de Metro.

El artículo 318 del Código Penal sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública al infringir las reglas establecidas por la autoridad sanitaria. Por esto, desde el Poder Legislativo decidieron endurecer la norma para que no quedaran exentos de sanción los organizadores de eventos clandestinos.

Para Pablo Aranda, jefe de estudios (s) de la Defensoría Nacional, el artículo 318 ha sido mal interpretado: “Sanciona de igual forma a una persona que tiene que salir a trabajar todos los días porque vive de eso, a una que organiza una fiesta masiva. La ley no hace la diferenciación entre ese punto”. Sin duda este fue el delito que más ocurrió durante el 2020. La Fiscalía Nacional registró 258.843 denuncias a lo largo de todo el año pasado.

Algo que va de la mano con las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se evidencia que en julio se alcanzó la mayor cantidad de estos casos, con 30.278. En los meses siguientes se arrojan números a la baja, gatillado por el aumento de las libertades para movilizarse (ver gráfico).

Pero aquello abrió otro flanco: las fiestas masivas. Los casos más emblemáticos fueron los de Espacio Broadway y Cachagua. Según datos de Carabineros, en diciembre se registraron 29 celebraciones y hasta el 17 de enero de 2021 ya se consignan 28 eventos, lo que acumula un total de 148 fiestas clandestinas (ver gráfico) y 2.541 detenidos por participar en ellas.