En el estacionamiento de una tienda en Peñalolén, en noviembre del año pasado, un sujeto rompió el vidrio de la camioneta de un técnico de telecomunicaciones. Robó dos cosas: una caja de herramientas y una “fusionadora”, una máquina hiperespecífica que sirve para unir las decenas de pequeños cables que tiene una red de fibra óptica. Lo que no sabía el sujeto es que esa máquina, avaluada en casi $3 millones, tenía instalada un GPS.

Al mes siguiente, en Renca se ubicó dicha fusionadora. El nuevo dueño era parte de la empresa Line Net, una supuesta operadora que entrega internet a domicilio en Renca.

Todo eso se desprende de una querella que la empresa Mundo interpuso en contra de los representantes legales de dicha firma. Pero como esas, hay decenas de otras demandas por diversos delitos en contra de empresas de telecomunicaciones a quienes les cortan las redes de fibra óptica. El tema tiene preocupada a la industria completa, al gobierno, y a la Fiscalía. Probar que hay efectivamente sabotaje industrial y no solo vandalismo, es el gran dilema por estos días.

A principios de la década pasada, y cuando el precio del cobre estaba -otra vez- por las nubes, el robo de cables estuvo a la orden del día. Especies de mafias incluso llegaron a desbaratarse de quienes robaban y revendían el metal rojo que estaba adentro de estos cables. Esa podría ser la explicación más obvia para lo que está ocurriendo ahora con los consecutivos cortes de fibra en distintas zonas del país.

Hay un gran pero: los cables de fibra óptica casi no tienen cobre, y querer revender un montón de trozos de plástico no parece muy rentable para ninguna banda de revendedores. Y en el caso de las fusionadoras, no tienen otro uso ni valor. El ejecutivo de una empresa que pidió mantener en reserva su nombre, cuenta que han identificado casos en que las fusionadoras las arriendan por día. Hasta $ 400 mil han sabido que cuesta dicho “servicio”.

Por eso que la hipótesis más aceptada por estos días es que aquí o hay grupos organizados que por puro y duro vandalismo cortan cables y dejan sin conexión a miles de hogares. O hay algo más detrás.

Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Atelmo, dice: “Nos preocupa que se puede llegar a afectar el servicio de miles de usuarios simultáneamente con el corte de cables y robo de equipos. Para abordar este problema estamos en coordinación con el Ministerio Público, organismo con el que se entabló una mesa de trabajo que permitirá en conjunto proteger la conectividad de miles de personas y la continuidad de sus servicios”.

Cifras de este gremio revelan que en los últimos 12 meses se han reportado 3.156 denuncias de robo o vandalismo de red de telecomunicaciones en todo el país.

En la Subsecretaría de Telecomunicaciones destacan que es un problema que le corresponde al Ministerio Público, y que en cuanto a los eventuales operadores que trabajan sin una concesión, están incumpliendo la ley.

“Todas las empresas que presten algún servicio de telecomunicaciones deben contar con la debida autorización de Subtel para este fin. En el caso específico de los proveedores de servicios de internet, estos no pueden ofrecer servicios a usuarios finales sin contar con el permiso de concesión, de lo contrario estarían vulnerando la Ley General de Telecomunicaciones”, respondieron desde la cartera.

También se ha detectado otro tipo de robos. Las antenas de telefonía celular tienen baterías de litio que funcionan como respaldo para que en caso de un corte de energía eléctrica, los clientes no queden sin señal. Esas baterías también han sido robadas. Varias empresas han empezado a marcar las baterías para que no se genere un mercado negro de estos productos.

En el caso de los decodificadores o routers de internet también se han encontrado ilegalidades. Otra querella de Mundo, esta vez en el Juzgado de Garantía de Talagante, relata que cuando un técnico fue a hacer una instalación en mayo del año pasado a un hogar en Isla de Maipo, vio que había dos equipos de internet, ambos de propiedad de Mundo, incluso con el logo en una esquina, pero que además tenían el logo de TuWiFi en la otra.

TuWiFi, según se lee en su web, ofrece planes de internet en La Pintana, La Granja y San Ramón y “cuenta con una extensa red de fibra óptica la cual sigue creciendo para dar soluciones a los sectores denominados Rojos por las grandes empresas”. Según la querella, TuWiFi no tiene la concesión solicitada ante la Subtel para operar como proveedor de internet.

Hay varias zonas de la Región Metropolitana donde se han reportado más incidentes de este tipo: Huechuraba, Colina y Talagante. Coincidente o no, en dichas localidades había poca cobertura de internet de alta velocidad y más empresas están llegando a competir con los pequeños operadores locales que se pueden buscar en la web y que ofrecen planes de internet más caros y con menos gigas que los que ofrecen los operadores establecidos.

Expertos explican que “colgarse” de banda ancha es casi imposible. Pero lo que sí ocurre es que contratan un bloque grande a alguna operadora para tener un gran ancho de banda y luego lo revenden irregularmente a otras casas.

¿Qué están haciendo las empresas? Varias han contratado guardias privados para vigilar los sectores donde se provocan más cortes de fibra óptica. Incluso, VTR por ejemplo, cuenta con drones para vigilar los puntos más conflictivos.

En una querella alojada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, esta compañía cuenta que uno de sus guardias descubrió en julio del año pasado en la caletera de Avenida Américo Vespucio en Recoleta a dos personas premunidas de sierras, martillos y napoleones robando cables de fibra óptica. Ambos sujetos están con prisión preventiva.

Para este reportaje fue contactada la Fiscalía Nacional, así como TuWiFi y Line Net, pero no contestaron.