Sólo en noviembre han existido cinco secuestros de alta connotación pública. Cada uno, de distintas características y resultados.

En la primera semana del mes se llevó a cabo un secuestro express en un presunto vehículo de la aplicación Uber. Cerca de las 22:30 en Huechuraba un cliente de la plataforma se subió a un auto que parecía tener el color, modelo y patente que le mostraba la aplicación. A los pocos metros ingresó un individuo que obligó al usuario a entregarle su celular y billetera, además de exigirle sus claves bancarias. Después de una hora, lo soltaron en Lampa.

El miércoles de la semana siguiente, alrededor de las 13:00, un grupo de sujetos armados irrumpió en las instalaciones de la empresa Haiser, en Rancagua, para secuestrar al dueño y empresario, Rudy Basualdo, quien estuvo casi 40 horas sin paradero. Esto, hasta que el OS9 de Carabineros detuvo a los responsables.

Dos hechos ocurrieron en Iquique en un lapso de menos de 24 horas el pasado fin de semana. El primer caso, un hombre fue secuestrado a la salida del pub Zona Cero, a quien amordazaron, le cubrieron la cabeza y se lo llevaron en un automóvil amenazándolo con un arma de fuego. Pidieron un rescate de $ 10 millones que se efectuó rápidamente.

Ese mismo día el afectado llegó a su casa por sus propios medios mostrando leves lesiones. En el segundo caso, ocurrido en Alto Hospicio, un grupo captó a un joven boliviano. Luego de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada, se rescató al afectado y se capturó a los presuntos responsables.

El último ocurrió en Pedro Aguirre Cerda este miércoles: un joven escolar que, mientras caminaba a su colegio, fue capturado por personas que manejaban un auto sin patente. El menor fue regresado a las pocas horas del hecho.

La situación es compleja, coinciden autoridades y expertos: el aumento del crimen organizado ha generado un alza de este delito. Y los datos lo avalan. Entre 2016 y 2022 los secuestros en Chile se triplicaron, pasando de 14 a 46, según el último reporte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.

Peores cifras las entregó Carabineros en su informe anual: durante 2022 existieron 508 delitos de este tipo, lo que significó un aumento de 79% respecto al año anterior. Este año la situación es incluso más compleja: según el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) -base de datos del Ministerio Público-, entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2023 se han ingresado 685 casos de delitos por secuestro.

Si en 2019 la mayoría de los detenidos por secuestros eran de origen chileno, en 2022 -de acuerdo con el informe de la PDI- pasaron a ser ciudadanos venezolanos. Ese año, de los 76 detenidos totales, 44 fueron de dicho país, mientras que 23 tenían ciudadanía chilena. Nueve fueron colombianos.

No solamente ha cambiado la nacionalidad, sino que también el tipo de delito. Si en 2016 existieron cinco secuestros vinculados a la extorsión y narcotráfico, en 2022 esa cifra aumentó a 22, más del doble que lo obtenido en 2021, según la PDI, quien a través de la BIPE explicó que “en su mayoría, los secuestros se cometen en el contexto de bandas rivales ligadas al tráfico de sustancias estupefacientes”.

Visita del fiscal general de Colombia

Esta semana Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia, llegó a Chile junto a su equipo. El objetivo del viaje era mantener una serie de reuniones en las oficinas de la Fiscalía Nacional junto a persecutores locales. La idea era compartir experiencias sobre el combate al crimen organizado en Colombia, que tuvo su peak en la década de los ’90.

Dentro de las instancias, Barbosa se refirió directamente a la ola de secuestros que ha afectado a Chile.

“Nos han explicado cómo se disgregaron los distintos grupos de tráfico cuando se acabó el cártel de Cali y el de Medellín. O sea, quiénes fueron los herederos de todo eso. Entonces ha sido bien educativo y a uno le empiezan a calzar ciertas piezas después de escuchar toda la historia completa”, relata uno de los asistentes, Mario Carrera, fiscal regional de Arica, localidad que, si bien no ha tenido casos de secuestros a personas sin prontuario, sí ha debido enfrentar el crecimiento de células como “Los Gallegos”, una variante de El Tren de Aragua que se especializa por homicidios, secuestros y tráfico de personas.

Carrera, quien viajó a Santiago para reunirse con Barbosa, añade: “(Colombia) tuvo una época donde efectivamente el número de secuestros de esta naturaleza era muchísimo. Y actualmente, si bien es cierto no se ha erradicado 100%, la tasa de ocurrencia es baja en comparación con lo que tenían antes.
Entonces ahí hay una experiencia que estamos tratando de analizar para ver cómo han ido resolviendo estas investigaciones”.

Respecto a los secuestros entre bandas criminales, el fiscal regional de Arica afirma que “eso lo hemos tenido desde hace bastante tiempo y no trasciende porque no siempre hay denuncias. Y cuando las hay, muchas veces ocurren cambios de versiones y análisis contrarios a las líneas de investigación de la Fiscalía. Las situaciones que hemos tenido últimamente donde se han vinculado a particulares, a gente común, es un poco nueva, es un delito que estaría recién apareciendo que obviamente vemos con cierta vigilancia de cómo va evolucionando. Porque nos preocupa, obviamente nos preocupa”.

Cinco tipos de secuestros

Germán Díaz Urrutia es director del Centro de Seguridad Urbana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, un grupo dedicado a la investigación y desarrollo en prevención de violencia. Este sociólogo dice que los secuestros en Latinoamérica han estado ligados, históricamente, a una manera que tiene el crimen organizado para diversificar su operación. “Además, es algo muy lucrativo”, apunta.

Cada tipo de secuestro, comenta Díaz, tiene una naturaleza distinta que requiere investigaciones y tratos particulares. El primero, afirma, es el de ajustes de cuentas y control territorial. “Es en un alto número y está subrepresentado en las estadísticas”, advierte, ya que la mayoría de los afectados está vinculado a la actividad delictual, por lo que no denuncia los ilícitos.

El segundo, sería aquel por motivaciones económicas o lucrativas. El más común, explica, es el exprés: cuando una persona es captada, le roban sus pertenencias y le exigen sus claves bancarias. También está el extorsivo, que implica investigación previa de la futura víctima, luego aprehendida y retenida por más de 24 horas. Usualmente se pide una recompensa al Estado o al grupo familiar. “Este es el más complejo por las acciones que deben desplegar las policías”, advierte Díaz.

También están los secuestros con fines políticos. El sociólogo señala que, si bien no son comunes en Chile, podrían aumentar con los años, como ha ocurrido en Argentina, México y Colombia: “Pasa con grupos criminales cuando ven que las autoridades políticas, judiciales y policiales son incorruptibles. Van hacia sus familias y ellos mismos para lograr influencia”.

Otros dos tipos de este delito, menos comunes, son los con fines de explotación sexual y el virtual. Este último sucede cuando no existe una captación real, pero se logra incomunicar una persona para hacerle creer a su círculo cercano que ha sido capturado. Todo esto, para lograr un traspaso de dinero.

¿Soluciones?

Richard Kouyoumdjian, ex CEO de Drake Food Service, paulatinamente se está alejando de los negocios. Ahora, en su calidad de vicepresidente del directorio de AthenaLab, se está enfocando en dictar reservados seminarios a gerentes y empresarios sobre seguridad internacional y nacional.

En uno de ellos, llevado a cabo recientemente, explicó que en la situación de los secuestros “cuando le sumas a las bandas que operan con altos niveles de fuego en zona norte y sur, además de la situación económica, un gobierno débil con poca capacidad legislativa, una ministra del Interior y un subsecretario del Interior que no son expertos en seguridad, se vuelve algo complejo”. Por eso, el ejecutivo explica que la única forma de solucionar este incremento en la inseguridad es subiendo las penas y dotando a las policías de más facultades.

Díaz, por su parte, afirma que cualquier fórmula que plantee soluciones simples para solucionar el alza de los secuestros es reduccionista. “No se acaban secuestros por tener penas más graves o endurecer las penas. La experiencia internacional demuestra que hay que tener algo más robusto”, comenta.

Lo primero, explica, es la especialización de los entes investigativos. “En México hay una fiscalía sólo especializada en homicidio”, comenta. “Lo mismo pasa con las policías. Actualmente, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones están detrás de casos de secuestro”. El director del Centro de Seguridad Urbana de la UAH explica que lo ideal es articular los modos de actuar para lograr resultados similares.

También, dice, es clave involucrar al Banco Unificado de Datos (BUD), una plataforma informática que permite que nueve instituciones vinculadas al proceso penal (Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, Registro Civil e Identificación, Ministerio de Justicia, Poder Judicial y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública) intercambien información para mejorar la toma de decisiones en el trabajo operativo y contribuir al seguimiento y desarrollo de políticas públicas de seguridad.

Algo similar comparte el fiscal Mario Carrera: “La principal forma de abordar este tipo de delito es crear equipos especializados, es decir, crear equipos de trabajo abocados a esta problemática de manera especializada. Creo que para allá tenemos que caminar, porque modificar las penas… estos tipos siempre actúan sobre la base de que no los van a sorprender. Entonces claro, no siempre subir la pena tiene un resultado. Y lo otro que a largo plazo da resultados es perseguir la ruta del dinero. Muchas veces estos sujetos, más que preocuparse de los costos asociados a algún tipo de prisión, lo que más les preocupa es que no los afecten económicamente. Que no les quiten las propiedades, el dinero o los bienes que tienen o han adquirido”.

En lo que sí hay consenso es en el error en el que incurrió el Gobierno al anunciar el pago de una recompensa, en el caso de la liberación del empresario secuestrado en Rancagua. “El Ejecutivo no debe entrometerse. Eso lo deben hacer las fuerzas especiales”, dice Valdés.

Coincide Germán Díaz Urrutia: “Si bien todos estamos de acuerdo en que el fin es resguardar el bienestar último del afectado, la autoridad política tiene que quedar al margen en los diálogos. Falta definir los interlocutores, que son los percutores. Yo concuerdo, es un error”.

Seguridad privada: aumentan escoltas y autos blindados

Los secuestros no son lo único que va en alza en Chile. Por ejemplo, según cifras del gobierno, en 2022 el país alcanzó la mayor tasa de homicidios, violaciones y porte ilegal de armas de la década. Eso sí, otros ilícitos bajaron su frecuencia, como el robo en lugar habitado, los hurtos y desórdenes.

El aumento de sensación de inseguridad en los últimos años ha llevado a que altos ejecutivos, empresarios e inversionistas extranjeros que llegan a Chile pidan protección. Esto es confirmado por Jorge Valdés, exgeneral de Carabineros, especialista en antisecuestros y liberación o negociación de rehenes y actual dueño de Protección Chile, una de las agencias de seguridad privada más grandes de Chile.

“Debido a la situación de Latinoamérica con los secuestros, muchos seguros internacionales están pidiendo escoltas para los ejecutivos que entran al país. A mí me llegan muchas compañías estadounidenses y británicas con solicitudes de protección de sus ejecutivos que vienen al país. Eso ha ido aumentando. Es una inquietud que tienen muchos extranjeros que están ingresando”.

Valdés dice que estas acciones están motivadas por las alertas internacionales. Por ejemplo, se refiere a la alerta que levantó la Embajada de Estados Unidos en Chile por la “creciente tendencia criminal” en Valparaíso y Viña del Mar. En el comunicado recomiendan tener cuidado al caminar o conducir y a no resistir físicamente ningún intento de robo.

También aborda la creciente demanda de vehículos blindados que están llegando al mercado. “El más común es el blindaje nivel 3 de armamento corto, y algunos empresarios han tomado la determinación de que su familia sea entrenada”, complementa Valdés.

Los escoltas también se han expandido en los últimos años porque las compañías de seguro los exigen en sus contratos para las firmas que se dedican al transporte de especies. “Donde sí o sí piden compañía de seguridad es cuando los contenedores llevan computadores, teléfonos y salmones”, explica un ejecutivo de una empresa de seguros.