El 13 de septiembre, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a cinco bancos y una cooperativa, por no entregar al Ministerio Público información a tiempo de clientes que estaban siendo investigados por la justicia. 

Aunque la cuantía fue menor, y asciende a 1.251 UF, unos $ 41 millones, el hecho siguió siendo conversado por abogados de la plaza. Varios de ellos consultados por DF MAS comentaron que los tiene preocupados esta definición de la CMF y las fiscalías de los bancos están en estado de alerta. 

Según la CMF, dichas firmas incumplieron su deber de entregar información al Ministerio Público en causas judiciales en Santiago, Alto Hospicio, Los Lagos y Biobío, en la persecución de delitos como lavado de activos, cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

“El Banco infringió una obligación imperativa legal y obstaculizó el correcto desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público sobre delitos de malversación de caudales públicos, pues, no obstante ser requerida para que remitiera dentro de plazo legal los antecedentes bancarios solicitados, no lo hizo en forma oportuna”, se lee en las resoluciones. 

Pero al revisar los expedientes de los seis casos, que suman 265 páginas, es posible encontrar patrones comunes en casi todos los retrasos. El principal de ellos tiene que ver con la alta demanda de información bancaria, sobre todo con la Ley 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos que entró en vigencia el 20 de mayo de este año. Los oficios desde tribunales se multiplicaron por varias veces, y eso ha obligado a los bancos, según se lee en sus descargos, a redoblar equipos e incorporar inteligencia artificial para enfrentar las solicitudes de información.

EL BCI, que fue multado con 300 UF por registrar un retraso de hasta 487 días en una de las causas, explicó que legalmente está obligado a tener a la mano información de sus clientes por seis años, por lo que conseguir de años anteriores, como lo ha pedido el Ministerio Público, ha hecho más difícil la tarea. Eso, argumenta en su defensa, sumado a que la carga por ley de pensiones alimenticias ha aumentado. 

Entregó cifras inéditas: sólo el año pasado recibió 4.484 oficios de juzgados de familia y penales; 1.067 por embargos efectuados, otros 3.534 por embargos frustrados y 864 remisiones. Sin embargo, sólo en marzo de este año recibió más de 800 oficios de tribunales de familia. 

“Sin desmerecer de modo alguno la relevancia de otros requerimientos judiciales, incluidos obviamente los provenientes del Ministerio Público y especialmente aquellos que puedan ser de una naturaleza más compleja o sensible, también se debe tener presentes los delicados intereses comprometidos en esta clase de asuntos (esto es, pensiones de alimentos), que también han determinado que el Banco haya definido una atención a éstos, generándose -en suma con los demás- una relevante y creciente carga operativa y administrativa para poder dar respuesta a todos ellos, en tiempo y forma”, dijo el banco en sus descargos.  

Informó también que está implementando mejoras para subsanarlo, principalmente por las pensiones de alimentos. Entre ellos, automatizaciones de procesos para acelerar las respuestas de oficios. 

BancoEstado, en tanto, multado con 450 UF, por retrasos de hasta 98 días en responder un oficio, dio más antecedentes. Dijo que desde el 2022 dejó de funcionar una mesa de coordinación que había con la Fiscalía Nacional, “para coordinar los reclamos y casos más problemáticos”. Fuentes al tanto explican que recientemente hubo reunión entre la Fiscalía Nacional y la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, justamente por estos temas. Además se reactivó la mesa de trabajo con la Asociación de Bancos, y hay reuniones periódicas para avanzar en fluidez de la información y en la generación de una plataforma.

El Banco, que se allanó a pagar la multa el mismo día que se hizo pública, también apuntó hacia la premura del Ministerio Público, sobre todo en datos extensos y no tan fáciles de encontrar. 

“Un oficio que llega a un Banco un día viernes en la tarde, pidiendo remitir información en un plazo de 48 hrs., sin distinguir días hábiles o no, es imposible que pueda ser contestado, ya que debe recopilarse la información”, se lee en los descargos. 

Y al igual que el BCI, argumentó sobre la alta cantidad de oficios que llegan. “Estamos en un promedio de 3.000 solicitudes mensuales. Provenientes de los tribunales de justicia y del Ministerio Público, y el promedio de respuesta es de siete días hábiles bancarios. En el caso que nos convoca, son requerimientos más complejos de información, pero el promedio es de siete días hábiles bancarios”, agregaron. 

Esos argumentos en todo caso, no bastaron para que la CMF no los multara con la sanción más alta del grupo de bancos y cooperativas denunciadas por el Ministerio Público por retrasos. 

Scotiabank, también denunciado por no responder a tiempo causas en Santiago y Los Lagos y tardar hasta 44 días hábiles en contestar, recibió una multa de 100 UF. 

En el caso del banco canadiense argumentó que hay dificultades adicionales, como que han adquirido a varios bancos en el camino (Del Desarrollo, Royal Bank, Banco París y BBVA), lo que ha complejizado encontrar información antigua. 

Sebastián Labbé, abogado del banco, dijo en los descargos a la CMF que “la dificultad mayor es la cantidad de requerimientos que recibimos mes a mes, recuerdo que cuando era coordinador del equipo de oficios entre los años 2021 al 2022, recibíamos en promedio 600 a 700 requerimientos, actualmente en promedio recibimos entre 800 a 900 requerimientos por mes. En el presente año entre los meses de enero a abril asciende a un total de 3.300 requerimientos que incluyen oficios de tribunales de justicia de todas las competencias”.

De enero de 2021 a la fecha ha recibido 21.397 requerimientos judiciales de información. Y para enfrentar esa alza, el banco duplicó la dotación del equipo para la atención de estos requerimientos, con cinco personas más. Y además informó que “el banco se encuentra trabajando en un proyecto para evaluar la incorporación de inteligencia artificial en el proceso de atención de estos requerimientos, para hacer el proceso más eficiente y ágil”. 

El único que tuvo argumentos distintos fue el Banco de Chile, multado con 200 UF por demorarse hasta 356 días en una de las causas. Además de insistir en que han aumentado exponencialmente la cantidad de oficios judiciales y administrativos que llegan. Sumado a eso, dijo que había que tener en consideración la pandemia para entender los retrasos. 

Pero el argumento más diferenciador respecto a los otros multados fue que el artículo 154 de la Ley General de Bancos, fija un plazo de 10 días hábiles bancarios para la entrega de información sujeta a secreto, “contado desde la recepción de la solicitud del titular o a quien éste autorice”, por lo que ni los tribunales ni el Ministerio Público caben en la categoría de “titular” de la información bancaria. 

“En ninguna de las dos investigaciones a que se refiere la formulación de cargos, se cumple con ese requisito claro, preciso y que no permite lugar a dudas: no se ha iniciado el plazo que establece el art. 154 inciso 9° de la Ley General de Bancos toda vez que la solicitud no la ha formulado el titular ni alguien autorizado por éste, como expresamente lo exige la norma indicada”. 

Pero la CMF los contradijo: “Los fiscales del Ministerio Público, previa autorización del juez de garantía, podrán asimismo examinar o pedir que se les remitan los antecedentes indicados en el inciso anterior, que se relacionen directamente con las investigaciones”. El consejo de la CMF los sancionó de todas formas. 

Este, al igual que todos los otros, no apeló administrativamente a la multa. Sin embargo, fuentes del sector legal bancario dicen que todas las entidades están invirtiendo y contratando más personal, en su mayoría abogados, para reforzar la tarea.