Se van a cumplir seis años desde que se desatara una intensa disputa entre los hermanos dueños del grupo alimentario ICB, reconocido por sus papas fritas y condimentos Marco Polo.

En todos estos años, los herederos de Víctor Signorio Ferreti, creador de la compañía hace más de 60 años, se lanzaron potentes acusaciones, que incluyeron denuncias de fraude y machismo. Pero, al igual que los hermanos Calderón, controladores de Ripley, que también se enfrascaron en conflictos de este tipo, el clan de origen italiano firmó la paz.

ICB es uno de los grupos de alimentos más grandes de Chile. Su principal marca es Marco Polo, pero además importa productos como Cola Cao, Kellogg’s, Pringles y Ferrero Rocher, entre muchos otros. Factura al menos US$ 300 millones al año.

La disputa entre los hermanos se originó tras la muerte del fundador del grupo en 2009. La posesión efectiva que se concretó dos años después tuvo como herederos a Mario, Francesca, Donatella y Chantal Signorio Larzabal, quienes en 2015 suscribieron una partición parcial de la herencia, con lo cual cada uno se adjudicó aproximadamente el 20,5% de ICB.

Pero, en marzo de 2016, se desató la tormenta. Chantal demandó a su hermano Mario, a quien acusó de simular un traspaso de acciones con lo cual –aseguró– se hizo del “control total” de la compañía, por lo que solicitó la nulidad de la partición de la herencia o una indemnización de $11.365 millones.

Empresa multimillonaria

Según Chantal, hubo dos traspasos de acciones, en 1986 y 1995, que le permitieron a Mario Signorio tomar un 22,73% de la compañía antes de la partición de la herencia, quedando finalmente con poco más del 40% de la firma. A su juicio, si es que se pagó por esas acciones, el valor fue muy bajo. Además, apuntó a que su hermano era muy joven y no tenía recursos para pagar por esas participaciones.

Recién dos años después, Mario contestó la demanda. Dijo que las acciones de ICB “no fueron donadas”, sino que adquiridas mediante un contrato y que su hermana Chantal tenía “perfecto conocimiento” de los traspasos de acciones en razón de su calidad de hija de Víctor Signorio.

Además, estableció que el cónyuge de su hermana, el abogado Arturo Majlis, fue director de ICB, ocupando aquel cargo cuando se celebró el segundo de los actos supuestamente simulados.

“Contrariamente a lo dicho por la Sra. Chantal, don Víctor, nacido en Italia y radicado en Chile, era sumamente moderno para la época, y una persona que no presentaba en absoluto rasgos machistas. Por lo tanto, esta teoría de ‘discriminación de género’ que ha tratado de construir es completamente falsa”, señala la defensa del empresario.

Añadió que, para el año 1986, época en la cual se celebró el primer traspaso de acciones, ICB era una empresa pequeña, con un valor de 18.000 UF, siendo su principal actividad la importación de yerba mate, té y café a granel.

“Mario Signorio no heredó una empresa multimillonaria, sino que tomó una empresa pequeña de su padre, la administró y la hizo crecer, con su esfuerzo y más de treinta años de trabajo”, se lee en el escrito.

No se veía una salida amistosa a la disputa. Hasta que llegó.

La formalización

En una de las aristas, Chantal Signorio, a través de la sociedad Inversiones y Rentas Quimán S.A., de su propiedad junto a sus hijos, presentó una querella por el presunto delito de estafa en contra de su hermano el 5 de octubre de 2016. Apuntó a un perjuicio para la sociedad superior a los $400 millones.

El año pasado, el Ministerio Público resolvió formalizar a Mario. Un día antes de la fecha fijada para la audiencia, el 14 de febrero de 2022, los abogados de las partes solicitaron que, en la misma instancia, se sometiera a aprobación del juez un acuerdo reparatorio al que habían arribado los hermanos.

Al día siguiente, Claudia Pizarro, jueza del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, aprobó el acuerdo, el que según se reveló se había sellado a fines de noviembre del año pasado. Tras esto, se decretó sobreseimiento definitivo del empresario.

Antes, el 13 de enero de 2016, Chantal presentó una demanda civil contra su hermano, instancia en la que solicitó la nulidad de la partición de una herencia realizada en 2015, o la indemnización superior a los $11.000 millones.

El pasado 17 de marzo, los abogados de las partes solicitaron al juez del 12º Juzgado Civil de Santiago, de común acuerdo, suspender el proceso por 90 días, lo que fue aprobado cuatro días después. Abogados conocedores del proceso explican que en este tiempo, los hermanos afinarán un acuerdo que terminaría con este juicio.

Pero hay otra arista que también terminará en un acuerdo entre las partes: un juicio arbitral que lleva adelante el abogado Felipe Bulnes Serrano (ex ministro de Educación y Justicia, ex embajador en Estados Unidos y quien también fuera representante chileno en el litigio con Bolivia en el Tribunal de La Haya). Este proceso se inició luego de una solicitud presentada a principios de 2018 por Arturo Majlis ante el 9º Juzgado Civil de Santiago, por lo que llamó “serios y continuos conflictos” con Mario Signorio.

En su escrito para solicitar un árbitro, Majlis sostuvo: “Hemos constatado diversas y gravísimas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a su reglamento (...) Mario Signorio Larzabal ha causado cuantiosos daños a ICB y a sus accionistas”.

Pero los hermanos firmaron la paz, y este litigio –que también fue suspendido de común acuerdo– terminará en una salida amistosa.

“Están todos los procesos (judiciales) terminados”, dijo un abogado que conoce los detalles de cada una de las causas que enfrentan a los hermanos.

Hay platas de por medio, pero todo se mantiene, hasta ahora, bajo siete llaves.