Pareciera que el tiempo pasa distinto, más lento, en La Higuera. Era 2006 cuando se descubrió un yacimiento de hierro, cobre y oro en la comuna de la Región de Coquimbo. Desde entonces, y hasta que en 2013 entró el estudio de impacto ambiental, han pasado decenas de procesos judiciales, protestas a favor y en contra, un acuerdo con la comunidad; y ansiedad, expectativas, pero Dominga, la mina que Andes Iron de la familia Délano quiere construir, no logra, todavía, avanzar. La última resolución del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta permitirá repetir la votación del Comité de Ministros que lo rechazó y el proyecto de US$ 2.500 millones podría ver la luz. O no.

Basta hablar con personas de La Higuera para entender el ambiente que se da. Todos, sin excepción, hablan mal del otro: que los que están a favor fueron comprados por la empresa; que los que están en contra, no viven en la comuna. Todos, también, sienten que la opción del otro es minoritaria. Los mismos recalcan que existe un temor que recorre las calles: ser funados o agredidos si muestran apoyo o rechazo al proyecto.

“Una compañera nos reportó que por andar con una polera que decía “No a Dominga”, la atacaron y le tiraron huevos a su casa”, cuenta Carolina Bahamondes, presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema).

Lo cierto es que la comuna, con o sin Dominga, vive en una profunda precariedad. La tasa de pobreza es de 15,6%, cinco puntos más que el promedio nacional. El 50,2% de sus poco más de 4 mil habitantes carecen de servicios básicos, y hay un 10,5% de hogares hacinados. La gente vive de la pesca, marisquería y ganadería, eso a pesar de que el agua escasea.

En el centro de la comuna, “el pueblo de La Higuera” como le dicen, hay tres calles pavimentadas. El resto son de tierra. Una de esas calles es donde está la Municipalidad, y otra la casona donde Andes Iron funciona que, según vecinos, está siempre, o casi siempre, cerrada, salvo cuando hacen algún evento de la empresa.

No son de aquí

Flor Castillo cuenta que su hija se levanta al alba para ir al liceo. Muchas veces, debe recorrer de vuelta de inmediato las dos horas de camino porque en el establecimiento no hay agua potable y las clases se suspendieron. De hecho, hace un par de días la Corte de Apelaciones de La Serena detuvo un embargo que tenía preocupado a sus vecinos: habían ordenado retener las subvenciones a las escuelas públicas para saldar una deuda de $ 176 millones que dejó el anterior alcalde.

“Llevamos tantos años esperando, llevo siete años esperando un techo, vivo de allegada. Mi única oportunidad es un trabajo en tierra, en el mar es imposible trabajar para mí, soy madre y padre de dos hijos”, cuenta la dirigenta social y quien se ha mostrado a favor de Dominga.

“Llevo siete meses cesante, estábamos trabajando en un proyecto de la Compañía Minera del Pacífico, pero descubrieron algo arqueológico y frenaron todo”. Intentó irse a La Serena a probar suerte, pero el sueldo no le alcanzaba para arrendar, vivir y mantener a sus hijos.

“Aquí no le estamos entregando todo gratis a Dominga. Vamos a ser los primeros en fiscalizar si le hacen daño a nuestro medio ambiente. En 2016 firmamos el acuerdo marco y todavía no pasa nada, puros tiras y afloja”, dice.

“La gente que se opone no es de acá, son ONG de afuera que vienen a inventar una película de terror que no es real. Los que deberían alegar algo son los de Totoralillo Norte, porque ahí estará el puerto, y ellos están a favor”, cuenta, enrabiada.

“En Punta de Choros, que son los que más alegan, pueden hacer turismo, tienen cabañas, restaurantes. Y ellos están lejos del puerto y alegan. En Chungungo donde vivo yo no se puede hacer turismo. Con Dominga es la única opción que tenemos”, acota Castillo. “Le pedimos al Gobierno que deje de tomar esto como algo político y escuche los argumentos técnicos”.

Carolina Bahamondes, de Modema, difiere. “La promesa de progreso dividió a la comunidad. En Totoralillo Norte no había nada, la empresa compró casas y trajo gente para que apoyara el proyecto y armar sindicatos a favor. Hay gente que vive allá y que está en contra del proyecto, nos han dicho, pero tienen temor de decirlo en voz alta porque los pueden atacar”.

Según la dirigenta, los habitantes de la comuna se han cansado de esperar y con el tiempo se han dado cuenta del real daño que causaría este proyecto. Pero, recalca, tienen temor de expresarlo. Además, el anterior alcalde, Yerko Galleguillos (UDI), un férreo defensor del proyecto, bloqueaba los recursos para comunidades que se mostraran contrarias a la minera. Eso esperan que cambie ahora que asumió la alcaldesa Uberlinda Aquea (PS), quien durante la campaña se mostró contraria al proyecto, sin embargo, cuando se supo del fallo del Tribunal Ambiental hace unas semanas, en un escueto y críptico video en sus redes sociales sólo dijo que había que respetar el estado de derecho.

Cuenta Bahamondes que la gente en La Higuera no vive bien. Más allá de las calles no pavimentadas, escuelas como la de Los Choros deben ser lijadas por las tías del jardín infantil para sacar los hongos impregnados en las paredes y techos. O las rondas médicas a las zonas más alejadas tardan 15 días en llegar, si hay suerte. Si no, pueden ser 30 días de espera. Hay escasez de ambulancias para el tamaño de la comuna. 4.158.2 kilómetros cuadrados en total.

“Andes Iron llegaba con cajas de mercadería para la pandemia, pero la gente se fue dando cuenta de que los estaban utilizando, han cambiado su perspectiva del proyecto”, apunta. “Esperamos que se mantenga el rechazo, que está bien fundamentado. Por si fuera poco, el estudio es de 2013, es extemporáneo”.

En un país serio ...

El abogado Marcelo Castillo lleva tres años representando a un grupo de seis sindicatos de pescadores de Totoralillo Norte, donde pescan en alta mar, o sacan recursos bentónicos a orilla de costa. Son ellos, lo que tras tensas y largas conversaciones con la empresa, decidieron apoyar el proyecto.

“No fue fácil ganarse la confianza de los pescadores, pero ellos confían en el acuerdo. Antes de apoyarlo, fueron a Antofagasta y vieron que era compatible su actividad con la actividad de un puerto, con eso se convencieron”, explica.

Además, recalca algo que también ha dicho hasta el cansancio Andes Iron. La reserva de Humboldt, una de las principales reservas ecológicas de la región, se encuentra a 40 kilómetros de donde estará el puerto. Más cerca, dice Castillo, quedará el puerto aprobado a la Compañía Minera del Pacífico.

“Hay tres posturas en la comunidad. Los que están a favor, los en contra y los ‘veamos’, ha pasado mucho tiempo desde que se anunció este proyecto. No es un pueblo dividido, como dicen los ambientalistas. La impresión de división siempre es mayor en los medios, pero en la realidad no es así”, recalca. “El desarrollo y progreso es una oportunidad para esta zona”, repite.

A la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, recuerda Castillo, le dijeron antes de que votara en el Comité de Ministros que debía inhabilitarse, porque ya había emitido juicio. El Tribunal Ambiental no hizo más que confirmar esa tesis. “En cualquier país serio, ella ya habría renunciado. Si decide volver a votar, entonces está cayendo en prevaricación”, advierte el abogado.

Pero sobre el desarrollo y el empleo también hay dudas.

Las plantea Rodrigo Flores, presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pingüino Humboldt y vicepresidente del gremio de pescadores de Punta de Choros. “Sí, dicen que habrá 10 mil empleos. Pero en la comuna somos 4 mil personas, muchas de ellas no son expertas en construcción o en minería. Y después van a ser 1.500 en la mina en operación. Los van a traer de otras zonas mineras, o del sur, no serán de La Higuera. Además, ¿dónde van a instalarse estas personas? En La Higuera ya no hay agua, el acuífero está agotado”, dice.

Andes Iron ha prometido que la mina operará con agua desalada y se comprometió a potabilizar agua para la comuna. En la web de Dominga existe una serie de compromisos económicos, sociales y medioambientales, con sus respectivos detalles, pero una leyenda con letras pequeñas deja claro que todavía no: “Los beneficios serán entregados luego de la aprobación definitiva del proyecto”.

“En un principio, todos, todos los pescadores estábamos en contra. Y de un momento a otro ‘algo pasó’ y ahora hay sindicatos que están a favor. No quiero especular, pero al menos eso es raro”.

Otro punto que levanta Flores es que la gente pone en Andes Iron una responsabilidad que debería ser del Estado. “Fuimos declarada zona de rezago económico, pero los fondos que tenían que llegar se han trancado. Los pescadores confían en que van a tener trabajo, la gente en que va a tener agua potable, luz eléctrica, gracias a Dominga, pero deberían exigirle al Estado que instale esos servicios básicos, no una empresa”, señala.

“Tenemos gran presencia de locos, de los mayores productores a nivel nacional. Tenemos un banco de machas, hay gente haciendo agricultura, ganadería, el turismo se reactiva y se puede potenciar más. No podemos resignarnos a ser otra zona más de sacrificio”, concluye.