A las 17:50 horas del miércoles 27 de diciembre los representantes de las 18 comunidades que integran el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) recibieron por WhatsApp un mensaje: Codelco y SQM habían suscrito un acuerdo respecto a la extracción de litio en el Salar de Atacama por el cual se alargaba el contrato al 2060 y se aumentaba la producción a 300.000 toneladas anuales.

Exactamente 15 minutos después, ingresaban a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) hechos esenciales de la estatal y la minera no metálica informando del Memorándum de Entendimiento (MoU, en sus siglas en inglés).

La mayoría de las comunidades -que se emplazan a lo largo de los 90 kilómetros del Salar de Atacama- recibieron la noticia con estupor. Tras firmar el acuerdo de voluntades el 14 de diciembre con las empresas, habían quedado de participar en una mesa tripartita y contar con toda la información del acuerdo.

De ahí la airada reacción del pueblo atacameño o Licanantay en su lengua, el kunza. “Estamos hace 11.000 años en este territorio y pedimos el mínimo respeto”, señala a DF MAS Rudecindo Espíndola, dirigente de Soncor. “Esa acción rompió la buena fe y la confianza”, agrega.

Wladimir Reyes, presidente del CPA, solicitó el viernes 29 de diciembre la presencia en San Pedro de Atacama de los directorios de Codelco y SQM, además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. Los primeros en concurrir fueron los directivos de la minera no metálica: el sábado 30 de diciembre llegaron al Salar en el avión de SQM el presidente de esta empresa, Gonzalo Guerrero, y la directora Gina Ocqueteau.

El martes 2 de enero fue el turno de la mesa de Codelco. Su presidente, Máximo Pacheco, se conectó desde París (donde esta acelebrando Año Nuevo con su familia), y presencialmente fueron Pedro Pablo Errázuriz, Nelson Cáceres, Josefina Montenegro y Alejandra Wood. 

Según asistentes a ambas citas, la molestia de las comunidades se debe a razones de forma y de fondo. 

De forma, según Wladimir Reyes, “por enterarnos por la prensa”, y de fondo, porque a su juicio la sustentabilidad del Salar de Atacama queda en riesgo al aumentar la producción a 300.000 toneladas anuales, además de extender el contrato al 2060.

“Las empresas reconocemos la molestia y prontamente haremos una propuesta al CPA”, señala un profesional que participa de las reuniones. Según conocedores del proceso, el planteamiento incluirá el compromiso de mantener informado al CPA de manera contínua pero les exigirá a los miembros suscribir acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones y eventualmente, infracciones a la ley de sociedades anónimas.

Pero, puertas adentro, ambas compañías reconocen que era imposible operar de otra forma, ya que comunicar los hechos antes podría constituir un problema de uso de información privilegiada. De hecho, fuentes del sector señalan que la CMF está investigando las transacciones de SQM previas a la suscripción del pacto con Codelco. 

Otra interrogante es si el rechazo de los pueblos atacameños a la ampliación de la cuota de extracción y al plazo puede implicar cambios en estos aspectos. Y la respuesta es un rotundo no. “Esos son los bordes de la negociación, costó llegar a acordar esto. No se cambiará”, reconocen en las empresas.

Lo que sí es que el aporte monetario de la nueva sociedad que explote el Salar -en la que Codelco tendrá la mayoría accionaria- será superior a lo que ya hay. Y lo que hay es bastante, pero no reemplazan la ausencia histórica del Estado en la zona, enfatiza Rupendindo Espíndola, de Solcor, otro de los pueblos del Salar. 

En el caso de SQM, desde la vigencia del nuevo contrato -2018- más los años 2019 y 2020, la firma ha entregado a Corfo como concepto de aporte a los pueblos atacameños un total de US$ 13 millones. En 2021 y 2022 se transfirieron a la agencia estatal US$ 29 millones, de los cuales la mitad no han llegado a las comunidades porque está paralizado por una consulta indígena. 

Y en 2023 se entregarán US$ 15 millones, que es el tope pactado en el contrato con Corfo.

Además de lo pactado en el contrato, la minera chilena entrega otras ayudas a la comunidad, como atención dental, apoyo al turismo y emprendimiento local, electromovilidad, entre otros. 

Albemarle, en tanto, tiene pactado un aporte del 3,5% de las ventas, sin techo. De ese porcentaje, el 3% va a desarrollo comunitario y un 0,5% a I+D. Aquí, señalan, rige el principio de autodeterminación y la comunidad define el destino de los fondos. Según conocedores, la transferencia de recursos supera largamente los US$ 70 millones. A diferencia de SQM, estos recursos no pasan por Corfo ni están sujetos a jurisdicción ambiental, por lo que no cabe en la consulta indígena y por ello, algunas comunidades son partidarias de un esquema parecido en el acuerdo Codelco-SQM. 

En total, los aportes de las empresas por la producción de litio del Salar de Atacama superan los US$ 130 millones desde 2018 a la fecha. 

Las comunidades más duras

La comunidad más crítica al acuerdo Codelco-SQM es Toconao. Su representante Yermin Basquez, ex trabajador de Codelco, es uno de los dirigentes más severos en las reuniones del CPA. 

Pero no es el único. Rudecindo Espíndola, dirigente de Soncor, mantiene una opinión similar. “Estamos hace 11.000 años en este territorio y pedimos la mínima consideración”, señala. “Esa acción rompió la buena fe y la confianza”, agrega. 

Sandra Cruz, de Socaire, también cuestiona el proceso. “Han sido días complejos”, admite, “porque la estrategia del litio no quiere conversar con las comunidades”. 

La dirigenta plantea que “resulta cuestionable que el Estado de Chile a través de Codelco, junto a SQM, planifiquen el desarrollo de un proyecto desde 2031 hasta 2060, en un territorio declarado Área de Desarrollo Indígena, con demandas territoriales reconocidas, sin hacer parte de la discusión a las comunidades que han habitado ancestralmente dicho lugar”.

Cruz estima que “la forma en que se abordó el acuerdo, probablemente dada la urgencia política de tener compromisos firmados antes de finalizar 2023, resultó en un error estratégico que terminó por aumentar las tensiones y posibilidades de acuerdos y diálogos”. 

Hay también siete comunidades que no forman parte del CPA. Una de ellas es la que aglutina a los habitantes de Puna de Tocol, Alis, Celeste y Puques; otra a los agricultores del río Vilama y una tercera es la comunidad de Tulor y Beter. A ellas se suman la localidad Estancia de Chalarquiche; la agrupación Hijos de Solor; la comunidad Checar Bajo y la entidad indígena atacameña de Checar. 

Las cercanas

Mientras Albemarle dice mantener relaciones cordiales con las 18 comunidades del CPA, en SQM admiten que intentan tener una relación más estrecha con aquellas que son vecinas a las operaciones, como Camar, Talabre, Socaire, Toconao y Peine. ¿Se logra? No con todos, reconocen en la compañía. “Es un trabajo continuo”. 

Tanto Codelco como SQM destacan que las comunidades tienen asesores de primer nivel. De ahí que las reuniones -siempre enmarcadas en un clima respetuoso, insisten quienes asisten a ellas- tienen un carácter muy técnico.

De hecho, en la primera reunión que tuvo Máximo Pacheco con el CPA, el 4 de junio de 2023, el coordinador general de Medio Ambiente de esa instancia indígena, Francisco Mondaca Espíndola, hizo un completo análisis del impacto de la extracción de litio en la cuenca atacameña. “Pacheco pidió la presentación para cotejarla con los técnicos de Codelco y ellos destacaron el nivel del análisis”, señala un profesional que participó en algunos encuentros.

Otro asesor clave es el abogado Sergio Chamorro Avilés, un dirigente muy conocido en Calama que además ha trabajado con el Colegio de Profesores de la región. 

Como SQM lleva décadas reforzando la relación con los pueblos de la zona, Codelco optó por potenciar su equipo en terreno y dispuso de tres personas para aquello. El grupo es liderado por Irene Vega, encargada de asuntos comunitarios de la zona norte.