En Puerto Montt, donde están buena parte de las casas matrices de las empresas que producen salmones, no hay otro tema por estos días. La pelea entre Isidoro Quiroga y los chinos de Joyvio por presuntamente haber ocultado información en el proceso de due diligence para adquirir Australis en 2019 es comentario obligado.

Pero el tema de fondo tras las acusaciones, la sobreproducción, y que ha afectado a varias empresas del sector, es lo que más preocupa a ejecutivos y accionistas. 

“Pueblo chico, infierno grande”, dice el director de una salmonera. “Hoy estamos todos revisando más quisquillosamente la cantidad de producción, el lugar y la mortalidad. La autoridad está súper encima”, añade el accionista de otra firma. 

Por primera vez, el presidente del gremio más grande del sector, SalmonChile, Arturo Clement, se refiere al caso. “El sector salmonicultor es una actividad regulada y fiscalizada, que cumple la normativa ambiental vigente, por lo que no puede decirse que la sobreproducción es una práctica transversal a toda la industria”, parte diciendo en una declaración por escrito que envió a este medio. 

Como gremio, agrega, “desde larga data hemos promovido buenas prácticas para reducir las brechas en aquellos ámbitos que aún persisten. Esto ha sido un proceso evolutivo, de menos a más, y gracias a la tecnología, el conocimiento, la experiencia y a la misma autoridad, hemos avanzado mucho. Con todo, y como siempre hemos afirmado: todas las empresas deben cumplir el marco regulatorio vigente y contribuir, con su actividad, al desarrollo sostenible de la salmonicultura”.

Lo cierto es que las fiscalizaciones han aumentado y lo mismo que las sanciones. Entre las empresas del rubro hay preocupación. Algunas han aceptado la mano más dura de la autoridad y presentado planes de cumplimiento para ajustarse a la producción máxima que tienen aprobada, pero otras han acusado a la autoridad de arbitrariedad y un conflicto de regulaciones, entre la ley ambiental y la de pesca. 

Datos de la misma Superintendencia de Medio Ambiente dan cuenta de que hay 38 procesos sancionatorios iniciados por sobreproducción entre 2015 y 2023. Claro que el grueso se concentra desde 2019, con Nova Austral que sobreprodujo gravemente en tres centros y la autoridad pidió revocar los permisos.

“Respecto a la sobreproducción, en 2020 se inició un trabajo con Sernapesca para el traspaso de información entre servicios, generando el Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA). Con esto se obtiene información de mortalidad, cosecha y existencias reportada semanalmente por los titulares de Centros de Engorda de Salmónidos (CES), la cual ha permitido generar el cálculo de producción de cada centro. De esta forma, la Superintendencia generó una herramienta que permitió -de forma inédita durante 2022- realizar un análisis masivo y automatizado de la producción de los CES, con un universo de fiscalización superior a los 600 centros”, responden desde la Superintendencia de Medio Ambiente, liderada por Marie Claude Plumer. 

En la industria saben que hay más mano dura con la fiscalización y están preparándose para mayores sanciones. Muchos, por lo mismo, han preferido autodenunciarse y ofrecer un plan de cumplimiento. 

Caso a caso 

Nova Austral fue uno de los casos más emblemáticos porque en 2019 asumió haber entregado información falsa a la autoridad respecto de la mortalidad en sus centros de Magallanes. En ese caso, debido a la alteración de información, la situación escaló y hoy los ejecutivos responsables están formalizados y siendo investigados penalmente. El indicador de mortalidad es clave para la industria, porque dependiendo de ese número, se permite mantener la producción o se ordena rebajar para el ciclo productivo siguiente. 

Pero además, la autoridad cursó una orden de revocar sus permisos en tres centros de cultivo ubicados en Magallanes por sobreproducción, la sanción más alta aplicada a una empresa del sector hasta ahora. La empresa alegó ante tribunales ambientales y el caso sigue a la espera de una resolución. 

En tanto, el año pasado la Superintendencia de Medio Ambiente nuevamente sancionó a Nova Austral. Esta vez también fue en dos centros de engorda de salmones ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini en Magallanes, que sobrepasaron la producción permitida entre septiembre de 2019 y marzo de 2021. 

La empresa anunció un cambio profundo en la administración y la forma de enfrentar la regulación. De hecho, en una declaración pública dijo que “pondrá a disposición de la autoridad toda la información requerida en los plazos correspondientes, y está disponible a adoptar las medidas necesarias para asegurar un alto estándar de cumplimiento en su operación”.

En el último caso, en particular, la empresa ha dicho que el incumplimiento se debió en parte a que durante la pandemia hubo que modificar turnos de trabajadores por las medidas sanitarias y eso provocó que no se sacara la producción a tiempo. 

La otra firma que tiene procesos sancionatorios por sobreproducción es Blumar, que desde 2019 suma cuatro procesos sancionatorios por superar la producción máxima autorizada entre 2016 y hasta 2019, en diferentes periodos para cada centro. 

Blumar responde a DF MAS que “somos respetuosos de la institucionalidad y normativa ambiental, por eso hemos sido rigurosos en tomar todas las medidas necesarias para ajustar nuestra operación, como la presentación de estrictos planes de cumplimiento ante la SMA para los procesos del 2021. Es más, los planes que presentamos para los procesos de 2021 ya se encuentran completamente ejecutados, por lo que estamos cumpliendo estrictamente con lo que exige la autoridad”.

Por esta mayor vigilancia, los casos de autodenuncia comenzaron a verse con fuerza en 2021. Ante el mayor celo de la autoridad, muchas empresas empezaron a mirar sus procesos de cosecha pasados y detectaron sobreproducciones. Según un listado enviado por la SMA a este medio, existen 21 autodenuncias de distintos centros de engorda realizados por las empresas Australis, Yadran y Acuícola Cordillera. 

El caso de Yadran, del empresario Felipe Briones, fue de los primeros. El año pasado dijo haber superado la producción máxima permitida en cuatro centros ubicados en Aysén, para los ciclos productivos ocurridos entre octubre de 2018 y febrero de 2021 por más de 4.000 toneladas. 

Sin embargo, Cultivos Yadran ya había superado la producción máxima autorizada en dos centros entre 2016 y 2020, y la autoridad abrió procesos sancionatorios. 

Pero es el caso de Australis, que a propósito del conflicto con su ex dueño, Isidoro Quiroga, ha presentado la mayor cantidad de Autodenuncias. Según el listado oficial de la SMA, suma 27 ciclos productivos con superación de producción máxima autodenunciados y cuyos periodos de incumplimiento varían entre junio de 2012, el más antiguo, y el 23 de diciembre de 2022, el más reciente. 

El 28 de marzo la firma emitió un comunicado y reiteró que estas autodenuncias se deben al supuesto esquema ilícito que llevaba adelante la anterior administración, cuando Quiroga era dueño.

“Como empresa, controlada por un inversionista extranjero responsable, sabemos que esta autodenuncia tendrá un impacto negativo en el corto plazo para nosotros. Sin embargo, estamos haciendo lo correcto para velar por el cumplimiento de la regulación ambiental chilena. Esperamos que la justicia sancione a los responsables y que las autoridades nacionales y otros stakeholders, locales y extranjeros, comprendan el daño que terceros le han generado a la compañía”, dijeron en el comunicado.

En 2021 y 2022 también tienen procedimientos sancionatorios, y en los del año pasado, reconoció dicha irregularidad e incluso corrigió al alza las toneladas sobreproducidas que había acusado la SMA. 

Cermaq también ha sido sancionada por superar la producción, y la empresa se comprometió en el último proceso, el año pasado, a un plan de cumplimiento para reducir drásticamente su cosecha. 

El caso de Cooke, la firma canadiense, es distinto y ha salido a criticar públicamente el actuar de la autoridad. Según el listado de la Superintendencia remitido a este medio, la firma suma tres procedimientos de incumplimiento grave, uno por haber sobreproducido 383 toneladas en el ciclo 2017-2019 y otros dos por modificar un proyecto y no haberlo evaluado ambientalmente, además de estar en el protegido Parque Nacional Laguna San Rafael. 

El abogado de Cooke Aquaculture Chile, David Cademartori, manifestó que “el conflicto que afecta a la empresa salmonera canadiense Cooke Aquaculture, se fundamenta en una actuación  absolutamente ilegal por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que contrariando la interpretación tanto de la Subsecretaría de Pesca como del Servicio Nacional de Pesca, ha dispuesto contra el texto expreso de la ley, la medida provisional de prohibición de siembra, la que tratándose  de una empresa salmonera, representa en la práctica una sentencia de muerte para su actividad  productiva”.  

En particular sobre la sobreproducción, dijo que “dado que la norma vigente  aplicable en este caso es la densidad de cultivo, lo que técnicamente está demostrado y aceptado por las autoridades pesqueras, que son las especialistas en el ámbito regulatorio y de fiscalización. En esta materia, Cooke cumple estrictamente la interpretación sostenida por dictámenes de la Subsecretaría de Pesca, que han sido ratificados por el Ministerio de Economía”.  

El caso promete judicializarse más. 

¿Cambio de criterio?

Tras el arbitraje entre Quiroga y Joyvio, este es el tema del que se habla en la industria estos días: hubo un cambio de criterio de la autoridad. 

Clement, de Salmon Chile, dice que “más que cambios, ha habido aclaraciones de la autoridad respecto de la aplicación de la normativa e, incluso, un fallo de la Corte Suprema que data de 2017. Asimismo, hay que considerar el contexto de la pandemia, donde hubo regulaciones especiales debido a que las condiciones de operación fueron más complejas”. 

Mientras que Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón, apunta a que están conscientes de los desafíos que significan para la salmonicultura alcanzar las mejores prácticas productivas; eso están empujando como gremio, y agrega que “acá no hay dos lecturas: todas las empresas deben cumplir a cabalidad con la normativa que rige sobre esta actividad tan relevante para la economía chilena, y en particular, para el sur de nuestro país”.

Pero fue un dictamen de la Contraloría de 2021 y que revisó los procedimientos en la industria del salmón para el periodo entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de marzo del 2019, lo que obligó a todos los agentes del Estado a cargo de fiscalizar al sector, a mejorar los procesos. Y aumentarlos.

“El criterio de fiscalización de la SMA no ha variado, lo que ha ocurrido es un incremento de fiscalizaciones y sanciones por mayores recursos humanos y también tecnológicos. En ese sentido, estamos usando la fiscalización remota con satélites para revisar el tema del posicionamiento de las concesiones. Por otra parte, en 2020 se inició un trabajo con Sernapesca para el traspaso de información entre servicios, generando el Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA)”, responden tajantes desde la SMA.  

De hecho, entre el 08 de febrero de 2016 y el 19 de agosto de 2019, no hubo procedimientos sancionatorios. Ex autoridades consultadas explican que dicha falta de fiscalizaciones y sanciones se debía a que efectivamente no había una buena coordinación entre Sernapesca, Subpesca y la SMA ,y que no había recursos financieros para fiscalizar. Los centros de salmones se encuentran en localidades alejadas, en plena Patagonia austral y con difícil y a veces nulo acceso por tierra. Llegar y mirar in situ no es fácil. 

“La ley de pesca vigente siempre ha buscado regular la producción de salmones en base al comportamiento sanitario y ambiental, y hay veces en que había distintas interpretaciones con la autoridad ambiental, porque son reglamentos distintos. Pero lo importante es que el sector público y privado trabajen juntos para mejorar los estándares y que los privados actualicen sus Resoluciones de Calificación Ambiental”, dice Alicia Gallardo, ex subsecretaria de Pesca y directora de Sernapesca. 

La autorregulación falló 

Por estos días se ha hecho famoso en redes sociales un barco de Greenpeace llamado Witness, que con ambientalistas a bordo, surca los mares de la Patagonia grabando centros de cultivo de salmones para denunciar irregularidades y abusos ambientales. 

Los salmones son hoy precisamente uno de los focos principales de denuncia de organizaciones ambientales, tal como lo fue en tiempos recientes la minería o las termoeléctricas. 

Liesbeth van der Meer, directora de Oceana en Chile, otra de las organizaciones que ha empujado por mejor regulación en la industria, dice que “la SMA es un ente bastante nuevo y de a poco ha elevado sus fiscalizaciones. Y al haber tantos procesos de sanción por sobreproducción esto demuestra que es algo sistemático en la industria, no son casos puntuales. Y lo de Australis lo deja al descubierto”. 

“El kilo de salmón se comercia a US$ 11. Y las sanciones que impone la autoridad, las que casi siempre se negocian con planes de cumplimiento, hacen que sea más barato infringir la norma que cumplir la legislación. El problema es que el daño ambiental es irreparable, si sube la mortalidad, o el uso de antibióticos o sobreproducen, las fecas de los peces se van al fondo marino y crean nitrógeno, el agua pierde oxígeno y nada puede vivir en ese fondo por los próximos 30-40 años. Aquí se pensó que la industria se iba a autorregular para evitar más desastres ambientales, pero no lo hicieron. Es hora de mejorar la regulación”, recalca Van der Meer.