El 29 de marzo Raimundo Valenzuela citó al directorio y a la plana mayor de Primus Capital, la compañía de factoring que controla el empresario, a una reunión. Dejen sus celulares afuera, les pidió.

Luego vino un intenso intercambio de palabras, porque una auditoría interna había descubierto que un acotado grupo de clientes usó cheques falsos para respaldar operaciones y la investigación interna había arrojado indicios de que que el gerente general, Francisco Coeymans, y el gerente comercial, Ignacio Amenábar -sus socios-, estaban involucrados. 

Pero el problema entre Valenzuela y sus otrora dos ejecutivos de confianza había comenzado en agosto del año pasado. En esa ocasión, Eduardo Guerrero, el hombre a cargo de su family office, intervendría directamente Primus y se convertiría en vicepresidente ejecutivo. Por él tenían que pasar las operaciones más importantes y, sobre todo, debía liderar una campaña para recuperar préstamos que habían hecho y que estaban deteriorando la cartera total.

Las versiones de esta historia son dos, y muchas veces contradictorias. Mientras algunos dicen que era normal que un director visara las operaciones más grandes de la empresa, y en esta ocasión Guerrero se hizo cargo tras un cambio en la mesa, otros aseguran que ya en esa época Valenzuela decidió “intervenir” a Coeymans y le quitó su confianza.

Comentan que no lo echó, porque es accionista: su padre, Juan Eduardo Coeymans Avaria, es parte de la propiedad y fue director hasta el 27 de abril. Tampoco lo despidió, cuentan, porque además con Guerrero son cercanos. Desde entonces, Valenzuela y Francisco Coeymans apenas intercambiaron conversaciones. 

La idea, según relatan varias fuentes, era vender Primus. El factoring es riesgoso, pues consiste en el préstamo de dinero principalmente a pymes a quienes los bancos no le otorgan financiamiento o lo hacen a tasas muy altas, por lo que siempre hay que estar con un delicado equilibrio con las cuentas por cobrar. Todo eso fue empeorando en la industria del factoring en general durante la pandemia y tras el menor ritmo de la economía. 

Hubo dos interesados. Latam Trade, una firma que apareció en 2018 en Chile y se hizo con el tercer lugar del mercado comprando otros factoring como Euroamerica, Incofin y Nuevo Capital. Y aunque las conversaciones iban muy avanzadas, el mismo Coeymans se opuso férreamente a dicha operación porque, dicen las fuentes, dudaba del origen del financiamiento y los socios de Latam Trade. 

Según relata una fuente, luego el mismo Coeymans ofreció comprar la operación y buscar un socio para ello. Ahí apareció un inversionista mexicano, pero los posibles compradores se tomaron demasiado tiempo en iniciar el due diligence y la operación terminó por caerse. Entremedio de todo eso, aparecieron los cheques

Primus acusó en su último hecho esencial del 28 de abril, que un informe de auditoría interna había detectado un total de $ 9.200 millones de operaciones factoring que habrían sido respaldadas con cheques falsos. 

Falsos, dicen conocedores del caso, no se refiere a que las firmas o los números estaban adulterados, sino que el papel no era real: alguien mandó a imprimir un cheque falso y lo entregó. Según el relato de una de las partes del caso, fue el área de auditoría interna la que en revisiones habituales de documentos dio cuenta que unos sellos de agua de dichos documentos “se veían raros”. Esa primera alerta, en marzo, fue lo que encendió todo. 

Aquí la historia vuelve a dividirse en dos versiones. 

Por una parte se indica que buena parte de los cheques llegaron a Primus después de agosto de 2022, cuando Guerrero ya estaba involucrado en el día a día. Otra versión indica que aunque los cheques corresponden a un grupo de varios clientes, detrás de ellos habría un denominador común que vincularía a esos clientes con Coeymans y Amenábar. Ellos lo han negado en reiteradas ocasiones. Y Primus no ha hecho público el nombre de estas empresas. 

Eso sí, todos comentan que las operaciones con partes relacionadas, los préstamos cruzados y el complejo panorama financiero de Primus por los impagos de clientes producto de la contingencia era sabido por todos en la empresa. Así funciona el factoring, asegura una fuente, y eso lo tenían claro desde el directorio hacia abajo.

Pero además, dice una de las partes, existiría una serie de pruebas (correos y sistemas internos de mensajería) que darían cuenta de que a pesar de que el área de riesgo de la empresa levantaba alertas por operaciones sospechosas, Coeymans pedía darles curso de igual forma. Era parte de una cartera “tensa”, explica una fuente. Es decir, un grupo de clientes con problemas de pago a los que se les hacían nuevas operaciones con tal de seguir recibiendo fondos y no dar por castigado o en impago el préstamo. 

Las partes involucradas quieren dar a conocer públicamente sus argumentos en tribunales. 

Lo que sí es cierto es que las relaciones están cortadas, y aún no se sabe el destino de los accionistas minoritarios. Una de las dudas que existen en el mercado es qué ocurrirá con la suscripción del aumento de capital de $ 20 mil millones por parte de los exejecutivos cuestionados. 

Legalmente, en su calidad de socios de ACM SpA, podrían suscribir sus acciones; sin embargo, hay un hecho que da cuenta de que no lo harían. En el primer aumento de capital de $ 5.600 millones, Coeymans y Amenábar no suscribieron sus acciones y sí lo hizo Brian Moore, quien forma parte de ACM (A, de Amenábar, C, de Coeymans y M, de Moore), gerente de operaciones de Primus, y quien no ha sido sindicado como partícipe del eventual fraude.

Moore aumentó su participación accionaria a través de Inversiones ABM SpA.

Con el primer aumento de capital, ACM se habría diluido desde 16,79% a 13%. Y podría seguir bajando. 

De las aristas que deberían abrirse ahora está la penal, según anunció Primus. Para ello contrató al abogado Francisco Velozo, mientras que Pedro Pablo Gutiérrez está asesorando en materia corporativa. 

También se va a abrir una arista laboral, porque Coeymans y Amenábar han asegurado que ambos fueron suspendidos de sus funciones, figura que ellos han señalado que legalmente no existe. Además, han comentado que se les pidió dejar las oficinas de mala manera. Como defensa, contrataron al abogado Jorge Meneses, de Grasty Quintana Majlis, y podrían ampliar su equipo legal por estos días. 

Una de las acciones que más preocupa es el involucramiento de la CMF. El ente regulador ya habría oficiado reservadamente a Primus para que le entregue todos los detalles y la investigación interna. Valenzuela, por su parte, ha enviado antecedentes al ente de motu proprio. Fuentes al tanto dicen que si la Unidad de Investigación de la CMF se involucra, puede salpicar a todos los directores y gerentes por su responsabilidad y eventual falta de cuidado. 

Además, Primus contrató a KPMG, a quien le pidió investigar a fondo el asunto. Por lo mismo, por estos días hay una operación en segundo plano para tratar de bajar el perfil al conflicto, y existen negociaciones para tener una salida conversada entre las partes, sanear la empresa, vender la cartera buena, y cerrar Primus por fuera. Cuentan en el mercado que ya hay varios interesados mirando la cartera sana y están haciendo ofertas.