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Análisis

La estrategia de Briones detrás del segundo retiro de las AFP

La estrategia de Briones detrás del segundo retiro de las AFP

El ministro de Hacienda contactó hace casi tres meses a los abogados Gastón Gómez y José Francisco García para armar un caso jurídico y presentarlo en el Tribunal Constitucional cuando fuese necesario.

Por: María José Gutiérrez | Publicado: Sábado 28 de noviembre de 2020 a las 09:00
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"Presidente, con esto de que no defendamos la institucionalidad, usted se juega mucho el cómo va a ser recordado". Con esas duras palabras, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, le planteó a Sebastián Piñera la urgencia de llevar al Tribunal Constitucional la reforma de la Cámara de Diputados que permitiría un segundo retiro de los fondos de pensiones.

Ese lunes 16 de noviembre en la reunión del comité político había dos visiones: la de los ministros Cristián Monckeberg y Rodrigo Delgado que no querían que el mandatario recurriera al TC -Bellolio tampoco quería sin un proyecto paralelo- y la de Briones, quien venía trabajando desde hacía casi tres meses en un plan.

A Piñera, pese a estar favorable a la necesidad de detener lo que algunos han llamado "parlamentarismo de facto", el timing no le calzaba. Testigos del encuentro comentan que el titular de Hacienda fue categórico con el Presidente y que, aunque el tema no se cerró ese día, a Piñera se le vio convencido con la postura.

A la mañana siguiente en la Sofofa dijo: "Como gobierno vamos a intentar, en el proceso legislativo, corregir este abuso, este resquicio y de lo contrario vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque no solamente es una opción, es una obligación". Fue recién el viernes en la tarde cuando se zanjó: el Gobierno iría al TC el domingo y todos tenían que alinearse con la postura.

Llegado el día, y mientras pasaron las horas, en el oficialismo algunos pensaron que la idea se podía caer. Briones a esas alturas ya les había dicho a los senadores –oficialistas y de oposición– cómo actuaría el Gobierno, por lo que hubo parlamentarios que se mostraron nerviosos al ver que no se hacía el anuncio. Si eso no ocurría, les tocaría a ellos decidir si el segundo retiro iba o no, cuestión que a esas alturas parecía inevitable, pese a las críticas al proyecto de Pamela Jiles.

A las 5:48 pm el requerimiento fue timbrado por el Tribunal. Minutos después el gobierno envió un comunicado dando cuenta de la jugada.

Las 124 páginas

Tras la primera aprobación del retiro de fondos en julio, el titular de Hacienda inició conversaciones con los abogados constitucionalistas José Francisco García y Gastón Gómez. Esto iba más allá del impacto en las pensiones. "Se abrió demasiado la llave de paso. Esto es una avalancha", se comentó en el círculo más cercano del ministro por la presencia de una decena de proyectos del Congreso que van en contra de principios constitucionales. Habría que preparar un caso jurídico fuerte y tenerlo listo para actuar cuando fuera necesario. Fuese pensiones o cualquier otro tema.

Gómez y García ya habían vuelto a trabajar presencialmente en la oficina que comparten en calle Miraflores. Y comenzaron a redactar un caso jurídico estructurado en tres grandes infracciones constitucionales: al artículo 127 por la modificación a través de disposiciones transitorias que no respetan el procedimiento, forma ni quórum de la Carta Magna; al derecho a la seguridad social y al estatuto de la iniciativa legislativa exclusiva del Presidente.

A medida que avanzaban lo fueron pimponeando con José Riquelme, asesor legislativo de Hacienda y el subsecretario de Segpres Juan José Ossa. Hasta que el miércoles de la semana pasada entregaron la versión final a Piñera en un documento de 124 páginas.

"Lo que está en juego no es sólo el último año y medio de gobierno, sino también la Convención Constitucional", explica un asesor de La Moneda. "En el primer mes de su operación, cuando se tengan que fijar las reglas, la pregunta es si en ese momento de tensión se van a poder poner disposiciones transitorias que vayan en contra de la Constitución", agrega.

El proyecto paralelo y el factor Navidad
La estrategia de Ignacio Briones tenía una segunda pata: el gobierno tenía que presentar un proyecto de ley que permitiera un segundo retiro. Esto por dos motivos: Uno, los parlamentarios oficialistas votarían otra vez a favor del 10%, por lo que frenar la iniciativa era prácticamente imposible; y dos, para despolitizar la decisión en el TC y éste pudiera fallar -con tranquilidad- sobre el tema técnico de fondo, sin la presión de la calle.

Hace tres semanas el equipo del Ministerio del Trabajo -compuesto por Mónica Titze, Úrsula Schwarzhaupt, Miguel Ángel Pelayo y el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro- comenzó a redactar un proyecto que estuviera en línea con el caso jurídico que estaba preparando el Gobierno. Por ejemplo, si el requerimiento defendía la idea de que los fondos pese a ser propiedad de cada uno de los cotizantes, no pueden usarse con cualquier fin, el proyecto debía plantear la reintegración de estos.

La presentación de un proyecto también le daría tranquilidad al segundo piso. El equipo que lidera Cristián Larroulet si bien quería ir al TC, percibía que este caso era muy rudo para hacerlo. "Estaban muy temerosos de que se les acusara de dejar a la ciudadanía sin plata para Navidad", relatan en el círculo de Briones.

El miércoles pasado, el documento de 12 paginas estuvo listo y firmado. A diferencia del de Jiles, este aplicaría impuestos, no correría para todos los afiliados, permitiría un monto menor de retiro y obligaría a los cotizantes a reponer los fondos. En la propia Moneda reconocen que la iniciativa "se pasaba varios pueblos", porque sabían que tendrían que negociarla en el Congreso. Pero de algo había claridad: con él la reforma opositora no tendría esta vez los votos de Chile Vamos.

Llega la hora de votar
No solo los votos oficialistas eran clave. Tres senadores opositores se abstuvieron en la votación del martes pasado con lo que se aprobó la idea de legislar el proyecto de La Moneda. Pese a que se rumoreó que Briones habría negociado con Carolina Goic (DC), Jorge Pizarro (DC) y Juan Pablo Letelier (PS) ceder algunos puntos en la reforma previsional (donde aún no hay acuerdo), Goic lo descarta: "Ambos proyectos corren por vías separadas", dice. Y agrega: "Nos abstuvimos por una razón súper práctica y es que, habiendo un proyecto del Gobierno, era obvio que los senadores oficialistas no iban a votar a favor de la reforma. Es pragmatismo: quería garantizar el 10% y no teníamos los votos en la reforma. Distinto hubiera sido si el gobierno no hubiera presentado el proyecto".

¿Habrá reforma previsional?
Todo apunta a que la iniciativa que contempla el alza de 6 puntos en la cotización obligatoria quedará en standby. Goic asegura que le dieron un plazo de 15 días al Gobierno para que presente su propuesta y se pronuncie so-bre los puntos que la oposición le puso sobre la mesa: "Que el 3% vaya a las cotizaciones individuales y el otro 3% a un fondo solidario no corre de ninguna forma", asegura. Y agrega: "Esta es una reforma de transición, una actualización de cosas que debimos hacer hace mucho, pero no es algo definitivo", agrega.

Mientras Briones y Zaldívar quieren llevar adelante la iniciativa a toda costa, en el segundo piso, lo miran con cierta distancia: si la posibilidad es entregar el 6% completo a un fondo solidario, preferirían que se congele, porque -han argumentado- eso sería pan para hoy y hambre para mañana, dado que cada vez habrá más adultos mayores y menos jóvenes que puedan sustentar un sistema de reparto. El mandato a los ministros es "impulsar la reforma, siempre y cuando ésta sea razonable".

Por ahora todos los ojos están puestos en el fallo del TC. A pesar de que la jugada de Briones ha hecho que por primera vez en los últimos meses el gobierno ordene a sus filas y "demuestre que existe una estrategia", asegura una fuente de La Moneda, el balance final se dará cuando el tribunal -que tiene a la cabeza a la abogada María Luisa Brahm, jefa de asesores presidenciales en Piñera 1- se pronuncie.

"Si el TC dice que esto no es inconstitucional, sería el acabose", advierte un asesor del Mandatario. "Significaría que murió esta Constitución y que el Parlamento vía transitoria puede hacer lo que quiera", agrega.

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