Para el próximo 13 de abril de 2022 a las 11:30 de la mañana quedó fijado el inicio del juicio por el despido de la exjefa del vacunatorio de Clínica Las Condes (CLC), Carla Garrido, quien denunció la aplicación de una tercera dosis contra el Covid-19 al presidente del directorio de la firma, Alejandro Gil, en julio de este año, cuando aún una tercera vacuna no estaba autorizada.

Esta semana se realizó la audiencia preparatoria, donde el juez del 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Cristián Fuentealba, desestimó el pago de la millonaria indemnización que la profesional pedía y propuso la entrega de un mes por cada año de servicio, más el mes de aviso previo y cuatro remuneraciones más.

En su denuncia, la exfuncionaria de Clínica Las Condes pedía más de $ 150 millones, producto de su despido considerado injustificado, traumático y en abierta vulneración a  sus derechos fundamentales.

El juez, además, marginó de las pruebas del juicio la declaración ante la PDI que el 4 de noviembre de este año hizo el médico de Gil y director técnico de CLC, Rodrigo Mardones, donde además de defender la vacuna de su jefe, acusó a Garrido de haber levantado una alerta que no correspondía, acusándola además de mentir.

“La enfermera Carla Garrido Ortiz relata información falsa al escribir que había comunicado este evento adverso a mi persona en mi calidad de director médico de la Clínica ya que declaro enfáticamente que eso no ocurrió. Como tampoco comunicó su jefatura y médico tratante en el momento y mediato como ella dice”, explicó el médico en la declaración.

La polémica llevó al gobierno a abrir un sumario sanitario y presentar una denuncia en el Ministerio Público. A su vez, el propio Alejandro Gil se querelló en contra de todos los que sean responsables de la divulgación de sus datos personales, protegidos por la Ley de Derechos y Deberes del Paciente.

Allí el presidente del directorio de la entidad privada acusa que “al parecer dos enfermeras técnico en enfermería superior accedieron a la información privada contenida en la ficha clínica del paciente y la difundieron a terceros”

Sostiene que las denuncias difundieron documentos e información de carácter privado de Gil Gómez, lo que además violaría la ley de protección de los datos personales.