La Contraloría volvió a emitir un dictamen sobre el plan de diversos municipios del país que quieren distribuir gas licuado en sus comunas y así bajar los precios.

Ya a fines del año pasado, la entidad liderada por Jorge Bermúdez había señalado que los municipios no tienen facultades para la venta de gas licuado y que se requerirá un cambio en la normativa legal.

El pasado 26 de enero, la Contraloría volvió a echar por tierra el plan de los municipios, luego de que la alcaldía de Chiguayante solicitara un pronunciamiento del organismo, ya que en su opinión aquello no se trataría de una actividad empresarial, por lo que no estaría prohibido.

“Al no existir autorización legal para que las municipalidades puedan vender y/o distribuir gas, debe necesariamente concluirse que tampoco resulta posible realizar dichas actividades a través de corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales. Entender lo contrario, implicaría que por medio de la sola voluntad de los municipios, al constituir estas organizaciones, se pueda evadir las normas constitucionales y legales que regulan la materia”, dijo la Contraloría.