Pese a que ocurrió hace ya seis meses, de esto no se sabía. El 29 de junio de 2023 el juez de Policía Local de Litueche, VI Región, condenó a la Administradora Punta Puertecillo y a la Administradora Ayelén -ligada al empresario Jorge Gálmez- a pagar una multa de $39.606.813.700. Acusan de vulnerar el Decreto Ley Nº3516.

La entidad reclama haber subdividido (en 295 parcelas) el loteo de 215 hectáreas -cuyo uso de suelo es rural- para fines habitacionales. Para esta operación, a su juicio, se debió haber cambiado el uso de suelo a urbano.

La molestia no tardó en llegar. Tras ser notificados el 27 de julio, los abogados de Punta Puertecillo, Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Rancagua. “Nuestra representada ha sido víctima de una decisión judicial abiertamente ilegal, además de intrínsecamente injusta y voluntarista (...). A nuestra representada se le terminó aplicando la multa quizás más alta que jamás se haya impuesto en nuestro país, sin que existan razones que lo justifiquen, por un monto desproporcionado, exorbitante y confiscatorio de más de $ 39 mil millones”.

Y sigue: “Ni siquiera en casos de colusión, o de infracciones medioambientales, o de las leyes que rigen el mercado de valores, sanitarias, eléctricas, o de telecomunicaciones, se han aplicado multas así de cuantiosas”.

E increpa directamente al juez (Sergio Gajardo), quien encabezó la multa. “Pasó por alto el rol para el cual ha sido investido, convirtiéndose en un persecutor absolutamente parcial, que no trepidó en difamar de manera destemplada a nuestra representada”, señalan en el escrito.

Multa post multa

Esto ocurrió a los pocos meses de que la Corte Suprema acogiera la reclamación interpuesta por fundaciones comunitarias y vecinos de Litueche y condenara a la empresa Inmobiliaria e Inversiones Ayelén a pagar una multa de 5.001 UTA ($ 3.650 millones): cerca del proyecto  -que tiene sus orígenes en el 2015- se ubica el Humedal Topocalma, constatándose que se capta agua desde un afluente cercano.

Se dispuso entonces como medida cautelar, la prohibición de realizar ventas de terrenos que formen parte del proyecto Punta Puertecillo, a partir de la fecha de sentencia y hasta la obtención de la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

Como respuesta, la inmobiliaria contrató a ORBE consultores -quienes los asesoran en el trámite de Estudio de Impacto Ambiental-, al bufete de abogados de Julio Lavín y a Imaginacción, para contar con múltiples miradas en el proceso. Y, por su parte, Gálmez pagó la multa completa. “Con esto, se daba el asunto por cerrado”, dicen conocedores.

$ 12 millones vs $ 39 mil millones

El asunto está aún en la Corte de Apelaciones de Rancagua y todavía no ha sido visto. Cuando ello ocurra, los abogados deberán ir a defenderse al tribunal. De todas maneras, cercanos a ambas inmobiliarias aseguran que, pese al mal rato, están tranquilos. Están convecidos de que la multa es improcedente y fuera de la ley.

Conocedores del rubro explican que, de haber una infracción como la que se acusa, la multa correcta bordería los $12 millones, no los $39 mil millones. Dice la misma persona que el cálculo se hace multiplicando por dos el avalúo fiscal del predio dividido. En este caso, son 215 hectáreas y el avalúo fiscal, $6 millones. Por lo tanto, la multa sería de $12 millones. Eso, en el caso de haber infracción, cosa que además, creen que aquí no existe.

Andrés Prida, gerente general de Inmobiliaria e Inversiones Ayelen, asegura a DF MAS que “desconociendo la ley el juez de Policía Local de Litueche consideró que esta parcelación requería contar con un cambio de uso de suelo que no se había obtenido. Sin embargo, el proyecto cuenta con todos y cada uno de los permisos con los que debe contar, cuestión que el juez lisa y llanamente omitió. Esta multa es improcedente e irrisoria (...) no era necesario para una parcelación rural de acuerdo al ordenamiento jurídico.”

Sobre Gálmez, dice: “El propietario realizó un proyecto de buena fe, cumpliendo con todos los requisitos legales y administrativos y termina siendo nuevamente sancionado con una multa injusta y a todas luces improcedente, carente de lógica y absolutamente desproporcionada. Peor aún, por estos mismos hechos la Corte Suprema ya había aplicado una multa millonaria de $3.650 millones la cual fue pagada por la Inmobiliaria, y dando cumplimiento al fallo, se inició un proceso de Estudio de Impacto Ambiental que se encuentra en curso”.