El 2015 el empresario Jorge Cardemil inició un proceso de importación desde Argentina de 27 caballos que, según ha dicho él, cumplían con todas las exigencias sanitarias solicitadas por el SAG, tales como el período de cuarentena y los 90 días de seguimiento para detectar cualquier síntoma de enfermedad.

Pero al ingresar al país, el SAG tomó muestras de sangre de los equinos y dictaminó una “emergencia sanitaria”. Supuestamente, tres de los ejemplares habían dado positivo en el examen que detecta la enfermedad del muermo, una infección que es mortal para los caballos y que también puede contagiarse a los humanos.

El SAG dictó una resolución en la que autorizó el sacrificio de todos los equinos. Pero al realizar una necropsia de los caballos se llegó a la conclusión de que “todos los caballos sacrificados estaban sanos. Los diagnósticos realizados por el SAG evidentemente arrojaron falsos positivos”, concluye la demanda presentada por el empresario Jorge Cardemil en 2015, donde exigió $ 1.800 millones al SAG por su negligencia y está representado por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.

El 24° Juzgado Civil de Santiago y luego la Corte de Apelaciones rechazaron, pero Cardemil presentó un recurso para invalidar el último dictamen. Luego de cuatro años de litigio, finalmente la Corte Suprema deberá definir si el SAG tendrá que indemnizar o no a Cardemil por daños y perjuicios. “Aquí hubo negligencia, ignorancia, desconocimiento y mal uso de los sistemas de control”, asegura Colombara.

“Confiamos en que los tribunales superiores corrijan el error de la sentencia de primera instancia. En este caso, el SAG efectivamente cometió un grave error al sacrificar caballos sanos, pese a la evidencia científica, tomando decisiones sobre la base de pruebas obsoletas y que arrojaban y arrojan una alta tasa de falsos positivos, circunstancia que conocía el SAG perfectamente”, sentencia el abogado.

DF MAS consultó al SAG, pero declinaron referirse al caso.