Contra el ministro Enrique París, la subsecretaria Paula Daza, casi todos los Seremi, el propio Minsal y hasta el presidente Sebastián Piñera se dirige una verdadera ola de recursos de protección contra los sucesivos confinamientos decretados para combatir la pandemia del coronavirus.

En todas las Cortes de Apelaciones del país hay escritos presentados por pequeños empresarios, municipios, alcaldes, asociaciones gremiales, dueños de bares, restaurantes, gimnasios, trabajadores del área y personas naturales que acusan a las autoridades de poner en peligro sus garantías constitucionales: los derechos a la vida, a desarrollar actividades económicas, de educación y hasta de culto han sido invocados por los querellantes.

Y aunque las cortes han fallado en su mayoría en contra, por considerar que en casi todos los casos esos tribunales no son la sede donde se debe analizar el tema, dado que las restricciones no han sido aplicadas al azar, sino que en base al riesgo de contagio, éstos siguen llegando.

Solo esta semana se contabilizaron más de 15 acciones judiciales en todo el país. Según comentan en la Corte, ésta no puede abstenerse de revisarlos, dado el mandato legal de los tribunales, por lo que se prevé que sigan llegando más recursos, pese al levantamiento de restricciones que rige para casi todo el país desde este fin de semana.

Abogados consultados por DF MAS opinaron que la situación tendrá que ser revisada más adelante, una vez que exista un mayor control de la pandemia. En otros países ha pasado algo parecido y la actuación de los tribunales ha sido apoyar a las autoridades.

Casi todos los recursos de protección analizados coinciden en apuntar a las sucesivas y algunas veces repentinas cuarentenas y cambios de fases del plan paso a paso.

Consultado al respecto, el Ministerio de Salud declinó entregar su versión..