Siete son las medidas recientemente anunciadas por el gobierno del presidente Gabriel Boric con el objetivo de rellenar el bolsillo de los chilenos en los próximos meses, ya que mientras la inflación sigue dificultando las compras de bienes esenciales, la actividad económica se encuentra más deprimida respecto de 2022.

El paquete se divide en siete medidas que en conjunto abarcan un gasto público cercano a los US$ 2 mil millones, según indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"La autoridad ha señalado que este desembolso no tendrá efecto en la inflación, lo que parece una buena noticia, pero también debiéramos preguntarnos si no va a llevar a que se mantengan altas las tasas de interés", dijo por su parte el economista y socio de PKF, Héctor Osorio.

"Si ese fuera el caso, quizás debiéramos mirar el efecto agregado y preguntarnos qué tan válida es una inyección que tiene como contrapartida obligar al Banco Central a mantener las tasas altas por un período más largo", agregó.

Bono Marzo, Bolsillo Familiar Electrónico, AF y SUF

De acuerdo a la minuta del Gobierno, la primera medida consiste en duplicar en 2023 el monto del Aporte Familiar Permanente (conocido como Bono Marzo), con lo que el gobierno espera beneficiar a 3 millones de personas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Concretamente, al aporte de $ 60 mil se sumaría un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez que se apruebe el proyecto de ley en el Congreso, alcanzando un aporte total cercano a los $ 120 mil.

"Duplicar el bono marzo parece algo positivo, pero solo en la medida en que se logre efectivamente una focalización del gasto adecuado. El ministro Marcel ha señalado que ese es el objetivo, pero el grado en que esto se logre es vital para que la medida sea valiosa", dijo Osorio.

La segunda medida es crear una transferencia estatal de $ 13.500 mensuales por carga, denominada “Bolsillo Familiar Electrónico”, que cubriría hasta un 20% del valor de las compras relacionadas a la alimentación, y que se entregaría dentro de la Cuenta RUT como un monto separado.

Esto reemplazará al “Aporte Canasta Básica de Alimentos”, cuya vigencia expira en abril de 2023. El beneficio propuesto se convertiría en un monto fijo que se extenderá durante todo el año.

La tercera medida: de forma permanente, se incrementará en un 20% el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF) con el objetivo de beneficiar a más de 3 millones de cargas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Esto implicaría un incremento de hasta $ 3.500. Una familia beneficiaria del SUF o del primer tramo del AF que recibía $ 16.828, ahora obtenga $ 20.328, según el ejemplo que da el Gobierno. Para los dos tramos restantes de la AF, los valores pasarían de $ 10.327 a $ 12.475 y de $ 3.264 a $ 3.943, respectivamente.

Un hogar con dos cargas familiares recibiría $ 40.656 por concepto de SUF (o primer tramo de Asignación Familiar). Además se automatizaría el SUF para que llegue a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes que pertenecen al 40% más vulnerable de la población.

"En general estas ayudas me parecen medidas bastante adecuadas, porque están apuntalando el poder adquisitivo de los salarios de los sectores de menos ingresos que se ha visto mermado con la inflación", dijo el economista y académico de la Universidad de Talca, Rodrigo Saenz.

"Me parece correcto que se focalice la ayuda en los que más lo necesitan. Eso hace que el esfuerzo fiscal se enmarque dentro de lo que es el presupeusto de la nación para 2023, y por tanto, las medidas no deberían tener mayor efecto sobre la inflación", agregó.

Medicamentos, alimentación, IFE y construcción

Como cuarta medida, se busca ampliar los convenios directos con las cadenas de farmacias en 2023 para aumentar de 2.700 a 6.900 los medicamentos con descuentos, entre otras cosas, los que disminuirán en un 32% promedio en su valor. Aumentarían de 240 a 512 locales que cuentan con estas rebajas.

La quinta es expandir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 50 mil niñas y niños de pre-kinder y kinder de colegios públicos, y subir en $ 5 mil la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).

En sexto lugar, se extenderá la postulación al IFE Laboral y al Subsidio Protege durante todo el primer semestre de 2023, con miras a impulsar la creación de cerca de 600 mil empleos formales.

La séptima y última medida consiste en la implementación de un programa de garantías especiales estatales de $ 50 mil millones para créditos en el sector de la construcción.

Según el Gobierno, "esto permitirá mantener miles de empleos y fomentar la creación de otros nuevos para trabajadores de este rubro, así como dar continuidad a los proyectos de inversión en vivienda e infraestructura afectados por las alzas internacionales de costos".

"Me parece que esta es la gran medida que puede ayudar efectivamente al cambio en el mundo económico. Sabemos que las pequeñas y medianas empresas (PYME) son aquellas que mueven finalmente la economía, y dentro de ellas existen muchas entidades que tienen el atributo de absorber mano de obra o devolverla a la disponibilidad cuando dejan de operar", destacó Osorio.

También un Fogape

Buscando asistir a las PYME con mejores condiciones de financiamiento para sus negocios, el gobierno ya había lanzado a fines del año pasado el programa Fogape Chile Apoya.

No hay necesidad de un pie para la postulación, mientras que normalmente se exigía el 20% o 30% de la deuda. El crédito tendrá un tope de 48 cuotas y no 24 como era anteriormente, y además se condonará el 100% de las multas y los intereses, cuando antes era el 60%.

"Todas estas son medidas muy positivas y que van en la línea correcta, pero este tipo de ayuda será solo para un universo acotado de PYME", dijo el gerente comercial de CFC Capital, Francisco Goycolea.

El ejecutivo indicó que la demanda por estos créditos siempre supera a la oferta, y además solo ayudan a empresas que pasan por una baja de ventas transitoria, distinto al caso de un número importante de PYME que cuentan bajas permanentes.

"Estamos esperando medidas gubernamentales que permitan que otros actores como los factoring no bancarios puedan entregar liquidez a la gran cantidad de PYME catalogadas como no bancarizables (entiéndase las que no son sujeto de crédito al menos para la banca tradicional) y transformarse en una parte importante de la necesaria solución", sostuvo.