Pareció un déjà vu. Un tiroteo que se llevó la vida de una inocente puso el tema de la violencia, una vez más, sobre la mesa de las autoridades. Una balacera el martes 22 de diciembre a las 17:00, en plena Plaza Maipú tuvo como resultado la muerte de una mujer de 59 años y otras cuatro personas resultaron heridas.

La línea investigativa de la Fiscalía Metropolitana Occidente apunta a una disputa entre dos bandas de la Villa San Luis de Maipú. Si bien este suceso es un problema recurrente en diversas comunas, la connotación pública que alcanzó este caso encendió las alarmas en el Ministerio del Interior, que por esa fecha tenía su cabeza en la logística sanitaria producto de las fiestas navideñas.

De inmediato comenzaron a trabajar en una respuesta unificada. De hecho, trascendió que al interior de La Moneda los ánimos estaban tensos con respecto a lo que después denominaron como una “ola de violencia”.

Sin embargo, hay opiniones diversas al interior del oficialismo sobre cuán fácil es conseguir armas en Chile, así como tampoco hay consenso sobre el vínculo que existe entre las armas legales y las balaceras.  Algunos sostienen que estas no se relacionan con los eventos entre bandas criminales.

Los números no son buenos, a pesar de que la crisis sanitaria prohibió, durante muchos meses, el libre tránsito por la vía pública. Durante 2020 se registraron 714 homicidios (donde casi el 20% fue con armas de fuego y el 60% en la vía pública), un 29% más que en 2019 cuando hubo 553, según cifras del Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros.

Al tomar solo la Región Metropolitana, el escenario es incluso más complejo: en 2019 se registraron 285 homicidios, mientras que un año después fueron 387, es decir, 36% más. En la Prefectura de Carabineros Santiago Sur —que incluye las comisarías de La Cisterna, San Miguel, La Granja, San Ramón, El Bosque, La Pintana y San Joaquín—, el aumento de este tipo de delitos creció un 69%. Por esto los expertos tienen el mismo análisis: los promedios sirven, pero no son ley. Este tipo de delitos pueden bajar considerablemente en una zona, pero pueden subir en otras.

A lo largo del año pasado, 2.574 armas fueron sacadas de circulación por Carabineros. Pero no ha sido suficiente. Las personas de sectores dominados por la “violencia narco” viven diariamente con el temor de las balaceras y que un proyectil entre a sus domicilios. Desde 2015 este tipo de incidentes han aumentado un 300%, los cuales, muchas veces, han afectado a menores de edad.

Cuarenta balas en El Bosque, que dejaron a dos menores de 8 años heridos; un muerto en un portonazo en Cerrillos; una balacera a plena luz del día en Meiggs; y una joven fallecida en La Pintana luego de una bala loca producto de un enfrentamiento entre bandas rivales. Todos estos hechos ocurrieron en los últimos días y demuestran el alza de la violencia que se dio durante diciembre.

En el Gobierno se analiza con preocupación lo que ocurre en muchas calles del país: Sebastián Piñera llegó a La Moneda con la promesa de mejorar los índices de delincuencia, pero el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública y el Plan Nacional de Barrios Prioritarios parecen no estar rindiendo frutos.

El análisis que se maneja, si bien es profundo, se puede resumir en una frase: las bandas de narcotraficantes han aumentado su poder de fuego y también el económico. Para peor, están agrandando sus círculos y su influencia en los barrios marginales. Pero no es solo una percepción del Gobierno. La Fiscalía también lo afirma. “(Existe una) mayor presencia de armas de fuego en poder de organizaciones o bandas criminales, donde llama la atención los proyectiles utilizados, su calibre y sofisticación”, estipulan en el Informe anual del Observatorio del Narcotráfico (2020).

Eduardo Vergara conoce bien el Ministerio del Interior: fue durante más de dos años el jefe de la División de Seguridad Pública en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Para avanzar, se requiere un acuerdo transversal y político, pero no el show que se dio en La Moneda con el Acuerdo Nacional”, dice.

“Lamentablemente, en Chile el uso de armas se ha democratizado. Ya no es necesario formar parte de carteles para conseguirlas. El problema es que los delitos que antes se cometían con armas blancas, ahora son con pistolas o revólveres”, añade.

Son tres pilares —legal, ilegal y contrabando— los que componen el mercado de las armas en Chile y en los últimos años su protagonismo ha cambiado.

El principal es el mercado legal, que se enfoca en las armerías. Son lugares especializados, regulados y limitados, los cuales se dedican a vender armas, municiones, chalecos antibalas, productos outdoor, entre otros.

Si bien no existe un registro público que dé cuenta de la cantidad de armerías en Chile, expertos mencionan que rondan las cien. De esas, Óscar Gatica tiene cinco. Es conocido como “el zar de las armas” en el Paseo Bulnes, frente a La Moneda: ahí tiene cuatro locales. Mientras camina por las calles del centro de Santiago muchos lo paran. “Don Óscar, necesito cambiar mi arma, ¿qué hago?”, le preguntan.

Gatica, además, tiene un polígono de tiro en Vitacura, el cual ya no da abasto. “La demanda de clubes y cursos de tiro aumentaron 200% en 2020. Las personas quieren saber cómo usar sus armas. Ahora es muy común que el padre, la madre y los hijos vayan a practicar. Hay un boom por tener armas”, afirma.

La Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), dependiente del Ministerio de Defensa, es la institución a cargo de la acreditación de las armas en el territorio nacional. Según información interna a noviembre, existen 760.134 armas inscritas en Chile. La mayoría (321.870) están en la Región Metropolitana. Y del total a nivel nacional, 269.479 son escopetas, seguidas por los revólveres (245.850) y las pistolas (177.355).

Hasta noviembre de 2020 se inscribieron, según el mismo organismo, 7.139 armas y se internaron (importaron) 7.729, cifra que sobrepasa a las registradas cada año desde 2016 a 2019.

Si bien en Chile no existe una institución como la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (que defiende el derecho a tener armas), la Asociación Gremial De Armerías (Agapech) cumple un propósito similar. Ennio Mangiola, su presidente, dice que desde el 18 de octubre se duplicó la demanda por este tipo de artefactos. Afirma que este es un negocio pequeño, pero que igual factura montos importantes. Según Mangiola, el negocio de las armas puede alcanzar los US$ 25 millones cada año.

Las llaman Mickey Mouse porque tienen dos rotadores de balas. Este implemento cambia por completo las características de las pistolas porque puede transformar una semiautomática —que se recarga de forma autónoma, pero necesita ser gatillada para disparar cada munición— en una automática, las cuales están prohibidas en Chile.

Si bien muchas de estas pistolas podrían ser compradas en el mercado legal, al momento de modificarlas pasan al terreno que más preocupa a las autoridades: la ilegalidad. No se conocen cifras, pero expertos en el Ejecutivo entregan un rango: entre 250 mil a 500 mil.

“Los delincuentes se nutren tanto del tráfico ilegal como del comercio legal. Las armerías no saben dónde están las armas que ellos vendieron. El problema que tenemos hoy es que el Estado no sabe dónde están muchas de ellas. La mayoría son robadas, pero también hay otras que son revendidas”, dice Eduardo Vergara, quien actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Y agrega: “Uno de los grandes problemas es la modificación de armas. Tenemos que entender que el dinamismo del mercado en Chile hacia la ilegalidad depende del mercado legal”.

En los pasillos de los ministerios a cargo de esta situación (Defensa e Interior) uno de los temas que más ruido hace, es el contrabando. Fuentes de estas carteras mencionan que a Chile no solamente están entrando encargos de droga, sino que también armamentos y municiones.

“¿De dónde crees que vienen las Uzi que utilizan ciertos grupos?”, dice un funcionario. Hasta que no se corrija el control fronterizo para evitar la llegada de sustancias prohibidas y armamento, opina el mismo trabajador, este conflicto no tiene cómo terminar en el corto plazo.