Hace tres semanas TECHO-Chile dio a conocer su último Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, donde quedó en evidencia el aumento de estos asentamientos en el país y reveló un alza de 39,5% respecto al periodo 2021-2022, con 113.887 hogares. 

Lo que no midió ese estudio es cuántas de estas viviendas se ubican en los denominados terrenos “brujos”, es decir, en aquellos que han sido tomados por mafias que luego venden o arriendan paños de manera ilegal. 

Eso es lo que se propuso descubrir la oficina de urbanismo Atisba. A partir de los mapas digitales del catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 2022, que identifica como polígonos cada asentamiento en las diferentes ciudades del país, lograron revisar cuántos de éstos aumentaron.

Para actualizar la información digitalizaron las nuevas fotografías satelitales de Google Earth de diciembre de 2022, y con esos datos empezaron a comparar campamentos para saber cuánto habían crecido y qué características mostraban. 

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Caroline Iribarne, socia de Atisba, cuenta que en 2020 desarrollaron un reporte monitor de campamentos y empezaron a ver cómo en los últimos años los asentamientos informales empezaban a multiplicarse. Ya no se trataba de pequeños conjuntos de casas, sino de verdaderos barrios, algunos con más de mil viviendas. 

Pero otro asunto que llamó su atención fue empezar a ver ciertas tomas con características diferentes a las del típico campamento de los años ‘80. “Había algunos con trazados geométricos muy irregulares y con fisonomía distinta a los asentamientos que habíamos visto antes”, dice.

Fue entonces que decidieron hacer un “doble click” en esos territorios, realizar análisis fotométricos y ver en qué lugares y ciudades del país se ubicaban. El estudio de Atisba explica que este tipo de asentamiento, que denominaron Tomas Organizadas con Recursos y Logística (TORL), “parte con un trazado previo que abarca todo el terreno usurpado. Luego se delimitan los sitios y sólo algunos son ocupados con casas, con un tamaño que impida la erradicación en flagrancia.

Este aspecto es central en el ‘modelo de negocios’ de la toma organizada y que se diferencia del campamento tradicional, que avanza con mediaguas y vialidad, sin trazados regulares”.

Según el estudio de Atisba, por primera vez en 27 años los campamentos en Chile ya superan la barrera de las 100 mil viviendas, con un crecimiento de 59.350 unidades en sólo cinco años. El fenómeno se concentra en 79 comunas de las 15 regiones del país que fueron analizadas por el estudio.

“En términos de suelo, este crecimiento implicó una ocupación de 1.852 hectáreas, lo que equivale a toda la comuna de Providencia más el centro histórico de la comuna de Santiago”, indica el documento. 

De los nuevos hogares en campamentos registrados en los últimos cinco años, un 38% se inscriben bajo la categoría de TORL, es decir, sus trazados y su manera de instalarse en el territorio hacen suponer que existen organizaciones detrás de estos “proyectos inmobiliarios” que luego lotean terrenos de cerca de 400 metros cuadrados y los ponen a la venta o arriendo. Ahí se incluye, por ejemplo, la toma Terrazas de Marga Mar que le costó la vida a su propietario Alejandro Correa, asesinado por un sicario contratado por el controlador de la toma. 

Caroline Iribarne, explica que hoy en varias redes sociales es posible encontrar ofertas de este tipo de inmuebles. Esos insumos, además del trabajo en terreno realizado por Atisba en algunos de estos asentamientos, les permitió determinar el precio promedio al que se ofertan estos paños: alrededor de $ 4 millones cada uno. Con ese dato, la consultora estima que “este negocio ilegal generó recursos por $90.094 millones entre 2018 y 2023, lo que equivale a US$ 113 millones de dólares”. 

Las regiones donde estos asentamientos han crecido con más fuerza, son Valparaíso, Metropolitana y Arica Parinacota, y los casos más emblemáticos que cita el estudio de Atisba son Alto Molle de Alto Hospicio, con un alza de 4.600 viviendas entre 2018 y 2022; Toma 4, Capitán Ávalos y Punta Norte de Arica, que juntos suman 1.776 hogares en este mismo período.

Para Iribarne, “la explosión de los campamentos se explica por el efecto combinado de las crisis social, sanitaria y migratoria que inyectan demanda vulnerable, bajan las barreras de control del orden público y anulan la capacidad del Estado para fiscalizar o erradicar estos asentamientos”.

La arquitecta explica que la rapidez con la que actúan estas “mafias”, dificultan actuar a tiempo. “Sabemos que son personas particulares que se asocian para tasar los terrenos y ponerlos a la venta. Arman el grupo, se toman el terreno y llegan con maquinaria. Es todo muy rápido, hemos visto casos, como en El Quisco, donde en una semana se desarrolla todo esto”, explica. 

En este punto, la acción del Poder Judicial ha sido clave. Iribarne considera que “la autoridad judicial ha sido un poco ambivalente en los desalojos. En un primer momento dejó las cosas en manos de particulares”. Sin embargo, cree que hoy sí hay mayor presión sobre estos grupos. El fallo del máximo tribunal del 25 de noviembre de 2022 marcó un punto de inflexión.

Ese día, la corte revocó el rechazo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso a un recurso de protección y ordenó el desalojo de un terreno en Reñaca Alto en un plazo de seis meses. Una sentencia que se ha ido repitiendo en los últimos meses.  “Ahora estos grupos están poniendo más atención, porque hay más casos de desalojo”, afirma Iribarne.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), señala que para enfrentar este problema “es necesario, para empezar, el convencimiento de las autoridades, a todo nivel, de que los ´loteos brujos´ son un delito y, por ende, inaceptables. Y esto tendría que llevarlas a usar todas las atribuciones que les confiere el Estado de Derecho para evitar que se sigan produciendo a futuro y para erradicarlas con máxima rapidez cuando están surgiendo”.

Esto en paralelo al trabajo público privado y de las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente al déficit habitacional, que según cifras oficiales alcanza 640.000 viviendas, aunque desde la CChC creen que ya supera el millón. 

Sobre los últimos fallos de la Suprema, el gremio considera que responden al marco legal existente, pero a su juicio estos casos no debieran llegar a esa instancia. “Es necesario que todos los poderes del Estado actúen de manera oportuna, atendiendo las denuncias e instruyendo a las fuerzas de orden y seguridad a actuar a tiempo”, agregan.