La escena marcó un antes y un después. La irrupción de un grupo de manifestantes, algunos vestidos con uniforme escolar, en un departamento del quinto piso ubicado en Alameda con San Francisco, quienes arrojaron los muebles por la ventana, amenazaron con quemar el edificio y golpearon a un conserje y al propietario del inmueble, cambió el panorama de la violencia que hasta ahora se veía en las manifestaciones.

Aunque en comparación con 2021 este Día del Joven Combatiente registró menos eventos de desorden público –una baja de 50% según datos de la subsecretaría de Interior–, la imagen de los jóvenes manifestantes marcó un punto de inflexión respecto de hasta dónde están llegando los linchamientos entre la población adolescente.

Sucedió en Peñalolén el 24 de marzo. En un colegio ubicado en la comuna, las alumnas de enseñanza media se dieron cuenta de que uno de los auxiliares del establecimiento les estaba sacando fotos. De inmediato, un grupo de estudiantes empezaron a increpar al hombre e intentaron pegarle. “Querían tomar la justicia por sus manos”, relata un testigo del suceso.

El sujeto tuvo que ser resguardado por la inspectora, quien llamó a Carabineros para sacarlo del establecimiento e iniciar una investigación en su contra. Pero los estudiantes no se quedaron tranquilos. Incluso llegaron alumnos desde otro colegio cercano, todos con la intención de linchar al auxiliar. Terminaron destrozando el frontis del edificio y escaparon de clases antes de la hora de salida.

Funas masivas, golpes a profesores y auxiliares, maltrato físico y sicológico e incluso apuñalamiento y peleas con armas, son parte del panorama que se repiten en varios centros escolares del país y también en las calles, desde que comenzaron las clases. De hecho, son varios los colegios que han optado por clausurar clases en las últimas semanas producto de eventos de violencia que no han podido controlar internamente.

Desde el ministerio de Educación explican que no tienen cifras totales de estas suspensiones, porque varios de estos establecimientos dependen de sostenedores y no siempre las denuncias llegan hasta la Superintendencia. Sin embargo, según los registros de este organismo, el maltrato físico y sicológico entre alumnos registra un aumento de 38% respecto al periodo 2018-2019.

“Este regreso a clases no fue como cualquier otro. Muchas y muchos estudiantes volvieron luego de dos años de ausencia en que no estuvieron vinculados comunitariamente y donde vivieron situaciones que pudieron afectar su salud mental. Esa socialización de la que se vieron privados, muy posiblemente les hizo enfrentarse con pocas herramientas al regreso a sus escuelas. Lo que está ocurriendo también tiene un contexto, sabemos que es parte de una violencia estructural, un problema de salud mental que es anterior a la pandemia”, explica Marco Antonio Ávila, ministro de Educación.

Grito de auxilio

Pero el hecho no solo se está mirando desde la cartera de Educación, sino también desde la Subsecretaría de Interior, liderada por Manuel Monsalve, de quien depende el orden público.

“Por supuesto que estamos preocupados. En este caso en particular, le corresponde el liderazgo al Ministerio de Educación, pero la subsecretaria del Interior va a concurrir a colaborar en materia de orden público y de seguridad. De hecho, este lunes está convocada una mesa intersectorial por a la cual va a asistir nuestra jefa de la división de seguridad pública, Carolina Garrido”, explica Monsalve.

“Efectivamente hemos visto un amento en el ámbito de los desórdenes públicos de niños, niñas y adolescentes. Y hay que analizar las causas: durante el transcurso de los últimos dos años creo que todos los chilenos y chilenas y particularmente los más jóvenes han perdido los espacios que les permiten desarrollar las habilidades de convivencia de manera pacífica.

Producto de la pandemia los colegios estuvieron cerrados, la gente estuvo confinada, por lo tanto, eso es una de las razones que pudiera explicar que hoy día sean más violentas las reacciones en ese grupo etáreo”, agrega el subsecretario.

Mientras tanto, desde la Subsecretaria de Prevención del Delito crearon una fuerza de trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación, la delegada presidencial, la Defensoría de la Niñez y algunos municipios para enfrentar los casos que desde marzo se multiplican en los establecimientos escolares. El objetivo es prevenir delitos y situaciones de violencia en colegios y sus alrededores.

El plan tiene por objetivo aumentar el patrullaje en las cercanías de establecimientos educacionales de las comunas afectadas e implementar a mediano plazo patrullajes mixtos preventivos en colaboración con Carabineros y municipios. Además, incluye la elaboración de protocolos de actuación preventivos para las comunidades educativas, para que sepan cómo actuar.

Los alcaldes también están preocupados. Christopher White (FA), edil de San Bernardo, comuna en la que esta semana un grupo de niños entre 13 y 14 años ingresó a la oficina de rentas de la municipalidad para provocar destrozos fue uno de los primeros en levantar la voz.

Esta semana llegó hasta La Moneda y se reunió con el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara y el de Educación, Nicolás Cataldo para pedir mayor resguardo policial fuera de los colegios y proponer un plan de convivencia nacional que promueva la tolerancia y el respeto entre los estudiantes.

“Nuestra visita a La Moneda fue un grito de auxilio para pedir apoyo porque nuestros colegios municipales están desfinanciados y es difícil avanzar. Y además necesitamos policías afuera de los colegios a propósito de las disputas y peleas que se dan día a día”, dice.

¿Salud mental o validación
de violencia?

Mientras por un lado, se intenta explicar el fenómeno desde los efectos en la salud mental provocado por el confinamiento de los adolescentes durante la pandemia, hay quienes creen que se trata de una justificación de parte del gobierno.

“Esta explicación de los efectos de la pandemia y el confinamiento las veo como malas excusas, porque este aumento de la violencia se ha visto en los escolares en el último tiempo. No sé si esa es verdaderamente la causa, más bien veo un proceso de validación de la violencia que ya lleva un buen rato”, dice un funcionario del gobierno anterior, quien agrega que “quizás la característica distinta hoy es que se está viendo que quienes han sido más receptivos a los mensajes de violencia han sido los jóvenes, que hoy día están validando ciertos mecanismos de acción”.

El doctor en psiquiatría y profesor de la Universidad de Los Andes, Jorge Gaete, opina que aunque es prematuro hacer una correlación entre las cuarentenas y el aumento de la violencia escolar, sí indica que hay un hecho que nos diferencia de otros lugares del mundo: Chile estuvo entre los 20 países que más tiempo tuvo sus colegios cerrados, al menos los municipales.

“Es difícil establecer esa relación, muchos estudios que investigan esto van a ver la luz en un año más”, indica. Sin embargo, algo de evidencia hay.

Un estudio realizado por la Universidad de Los Andes en la comuna de Lo Barnechea, donde se incluyeron todo tipo de colegios –la comuna tiene un 30% de población de bajos ingresos- evaluó la salud mental de los alumnos desde prekinder a cuarto medio.

“Lo que más nos llamó la atención fue el deterioro de la escala prosocial, que mide habilidades sociales para resolver problemas y de comunicación, que mostraba niveles de riesgo. Y creo que es un indicador esperable. Durante la pandemia, debido a disminución de la interacción social hubo una merma importante en el desarrollo de esas habilidades y eso lo estamos viendo hoy día”, explica el investigador.

Y agrega: “Pobres habilidades sociales con deterioro de salud mental provoca la mala regulación de emociones y eso es caldo de cultivo para de alguna forma no explicar completamente, pero sí en parte las dificultades de los colegios con la violencia”.