El CAE ¿Y la promesa de movilidad social?

Esta semana el Ministerio de Educación publicó un informe caracterizando la situación de las personas  deudoras del CAE. Las cifras, construidas en base a los datos de la operación renta 2021, fueron alarmantes y confirman estudios previos. Cerca del 70% tiene ingresos inferiores a $750.000, casi un 40% menos de $250.000 y solo un 19% gana más de un millón de pesos. Si bien los realizadores de este estudio advirtieron del impacto de la pandemia en el mercado del trabajo, las cifras no dejan de impresionar.

Una vez publicado el informe, personeros del Ministerio de Educación del gobierno anterior  salieron inmediatamente a criticar la metodología, aludiendo a que los montos declarados en el Servicio de Impuestos Internos no son los únicos que reciben las personas.

Alegan que también están los subsidios y que para eso habría que haber revisado el Registro Social de Hogares, o, incluso, que hay gente que vive con sus padres. El tenor de las advertencias, es decir, buscar el retorno en la economía informal o en las ayudas sociales, confirman el problema principal: el fracaso de la promesa de ascenso social que sostuvo la expansión de la educación terciaria vía endeudamiento con la banca privada desde la segunda década de los dos mil.

Casi veinte años después, el país tiene un millón de endeudados con el CAE por cifras que resultan absolutamente desproporcionadas. En vez de reconocer que esta política pública ha sido un rotundo fracaso, la crítica constata que la educación, concebida como capital humano, como inversión privada que provocará un retorno favorable, no está cumpliendo su promesa.

El CAE debiera ser considerado, por el conjunto de la sociedad, como un daño causado por el Estado y el mercado a jóvenes que creyeron en una promesa de ascenso social ofrecida irresponsablemente.

La derecha y el rechazo. Sin camino ni proyecto

Las declaraciones del Presidente de la República sobre la continuidad del proceso constituyente en caso de triunfar el Rechazo dejaron al descubierto el desorden de los sectores políticos unificados detrás del Rechazo, la derecha no tiene acuerdo sobre el camino que se debería seguir.

Varios líderes políticos de RN y la UDI declaran estar convencidos de la necesidad de una nueva carta fundamental, sin embargo, sus socios republicanos ponen en duda esta tesis y así lo han dicho públicamente. Tampoco tienen acuerdo sobre el mecanismo que debería emplearse. Algunos se inclinan por una comisión de expertos, otros por el Congreso, otros por un nuevo plebiscito de entrada, otros solo por reformas a la Constitución actual y otros ni siquiera eso.

La derecha ¿respetará la voluntad ciudadana de cambiar la Constitución? ¿Respetará al 80% que se pronunció por una Convención completamente electa? No lo sabemos.

Pero tampoco sabemos qué proyecto de país le ofrecen a Chile y cómo proponen superar las desigualdades y abusos que provocaron la crisis en la que estamos, o el agotamiento del modelo de desarrollo o el conflicto con el pueblo mapuche. Tampoco dicen qué pasará con la paridad o los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y disidencias.

En este momento de crisis, donde la sociedad chilena demanda certezas y seguridades, la derecha ofrece incertidumbre y vaguedades, fake news e interpretaciones torcidas. Malas señales para la salud de nuestra democracia.

Paridad, avance histórico en los derechos de las mujeres

Cuando las mujeres avanzamos, avanza la sociedad completa y así lo ha demostrado la Convención Constitucional chilena, primer órgano constituyente paritario que ha habido en el mundo. La paridad, lo sabemos, no fue un regalo. Fue una conquista.

La paridad no formó parte del acuerdo del 15 de noviembre de 2020, ni de la comisión técnica posterior que afinó la propuesta. Fue el movimiento feminista, en alianza con parlamentarias -incluso algunas de derecha-, el que empujó el cerco de la democracia formal para ponerle un piso mínimo que hiciera justicia a más de dos siglos de vida republicana con subrepresentación de mujeres en los órganos de poder.

Fue así que la Convención Constitucional comenzó con un paso al frente en lo que a democracia sustantiva se refiere y los resultados no dejan lugar a dudas de los efectos favorables de esta condición para el conjunto de la sociedad.

La propuesta constitucional contiene avances sustantivos en derechos y libertades para las mujeres y disidencias y, de aprobarse, Chile estaría a la vanguardia. La nueva Constitución consagra derechos sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y, por supuesto, establece una democracia paritaria en todas las órganos del Estado, porque la paridad ya es considerada un piso mínimo para una democracia moderna y que se precie de tal.

Si la nueva Constitución se aprueba, las mujeres habremos hecho de Chile un mejor país para todas y todos.