Fracaso de la Convención
Todas las encuestas disponibles; además, todos los dirigentes de peso de la DC (excepto Provoste); parte importante de la centroizquierda y los “amarillos”; las derechas; los ex presidentes Lagos y Frei, han reconocido el fracaso de la Convención.

Más allá del texto, la Convención no hizo lo más básico que se pedía de ella: producir un símbolo de unidad y encuentro, de integración nacional, que dejara atrás la operación de exclusión sobre la que se asentó la Constitución de Pinochet. La Convención marginó a las derechas, incluso a los más moderados; y fragmentó el sentido común nacional con jergas particularistas y distinciones arbitrarias.

Arrebato de Boric
Lo que define a las autocracias es la inexistencia de límites y divisiones institucionales del poder.

Que el Presidente Boric pretenda definir qué debe hacerse de triunfar el rechazo, revela un déficit de consciencia republicana. A él no le corresponde decidir qué se hará, sino al órgano del cual dependió el acuerdo del 15 de noviembre: el Congreso. Boric puede colaborar, pero no decidir. Su falta de lucidez es grave, en la precisa medida en que en los momentos de crisis como el que atravesamos, la fuerza de los acontecimientos puede sobrepasar los cauces institucionales.

Un liderazgo republicano exige especial responsabilidad y cuidado con las instituciones que aún cuentan. El descuido, bajo la premisa implícita de un Presidente que es capaz de “conectar” con el pueblo de modo privilegiado y eventualmente saltarse los procedimientos y reglas, es la actitud que está en el origen de las autocracias.

Trasfondo ideológico
Tras el fracaso de la Convención hay una propuesta ideológica radical. Ella condena moral y hasta teológicamente al mercado como ámbito de alienación. “Mundo de Caín” lo llama Atria, fungiendo de teólogo. Ella, además, valora moralmente a la deliberación política como un modo de interacción que produce plenitud: ahí valen los mejores argumentos y se reconoce al interlocutor, con quien se discute.

La mentalidad egoísta del mercado, sin embargo, no solo aliena al individuo, fomentando su egoísmo, sino que contamina la deliberación: los sujetos van a ella como a simular que debaten, pero en verdad, solo van a defender intereses personales o corporativos.

Por tanto: si se quiere superar la alienación mercantil y alcanzar la plenitud que promete la deliberación, debe prohibirse a la fuente del mal, o sea, al mercado, de áreas enteras de la vida social, idealmente de todas, por medio de la fuerza estatal.

La ideología de marras conduce así necesariamente a un debilitamiento del mercado o fuente del mal-alienación, y a un fortalecimiento del Estado, que nos defiende de la alienación mercantil y abre paso a la plenitud de la deliberación.

Replicando el gesto del Padre-Pinochet
Aunque en contexto muy distinto, la Convención no ha podido sacudirse la figura del padre. Tal como Pinochet impuso una Constitución partisana, dejando de lado la inclusión de quienes pensaban distinto, la Convención ha intentado imponer una Constitución partisana, soslayando la integración de quienes piensan distinto. Los paralelos son sorprendentes.

Si la izquierda de la Convención condena al mercado y valora al Estado como brazo armado de la plenitud, el “Chicago-Gremialismo” dominante cuando Pinochet, condena al Estado y enaltece al mercado como ámbito de plenitud.

Si los neoliberales soslayan severamente la dimensión comunitaria del ser humano (que sin comunidad no hay lenguaje, ni una cultura vital, ni confianza social), el socialismo racionalista de la Convención desconoce la importancia del mercado como factor de la división del poder social y de la libertad (un mercado fuerte evita que quien gobierna y quien emplea coincidan, y que la crítica y la disidencia signifiquen perder el empleo).

Asimismo, desconoce los límites de la deliberación: ella es generalizante y escrutadora, es hostil a la singularidad de los individuos y a su intimidad. No es mera coincidencia, que pensamientos tan abstractos hayan conducido a proyectos constitucionales (el de 1980 y el de ahora), partisanos y excluyentes, antes imposiciones partidistas que lo que se pide propiamente de una Constitución: ser un símbolo de unidad e integración nacional.