Recuerdo haber sentido una combinación entre alivio y satisfacción cuando hace alrededor de 15 días leí que el presidente Boric descartaba enfáticamente que el gobierno fuese a entregar algún tipo de bono a la población en medio de las fuertes presiones inflacionarias. Un gobierno de izquierda responsable con la macro es un activo sumamente valioso para el país y pensé para mis adentros: aún hay patria, compañeros.

Lamentablemente los cambios de opinión del Presidente, si bien no son novedad para nadie, están siendo cada vez con una menor diferencia de días, lo que los hace cada vez más difíciles de tragar, incluso para almas benevolentes con los políticos como la de este servidor.

Esta semana tuvimos finalmente el anuncio de un bono que al fisco le costará alrededor de mil millones de dólares, llegando a más de siete millones y medio de ciudadanos. No hay que ser un genio de la realpolitik para darse cuenta de que las adversas cifras que enfrenta el gobierno frente al plebiscito primaron por sobre la cacareada responsabilidad fiscal.

La apuesta no deja de ser riesgosa. La reacción generalizada de los economistas de la plaza, y de la oposición (faltaba más), fue que este influjo de circulante solo agravaría la preocupante situación de alza de precios. Hasta ahora el gobierno había sido capaz de asociar la alta inflación a un entorno internacional donde a diario podemos ver noticias de altos índices de precios al consumidor en la mayor parte del planeta.

Los efectos internos asociados a los retiros de fondos de las AFP y a la fuerte presión política para los IFE universales han quedado en el olvido, pese a que fueron las actuales autoridades los guaripolas de tales medidas.

Con este bono de invierno, el gobierno hace propios los resultados de la lucha contra la inflación y en momentos donde el dólar se ha disparado todo hace pensar que los guarismos de los meses que vienen pueden ser bastante aterradores.

El gobierno será responsabilizado directamente por la inflación en los meses venideros, y eso puede terminar siendo electoralmente aún más perjudicial que el supuesto beneficio de poner 120 luquitas en el bolsillo a la gente.

El que ha quedado en una posición claramente incómoda ha sido el ministro de Hacienda Mario Marcel. Lejos de su habitual ortodoxia ha tenido que salir a defender lo indefendible para un técnico como él que sabe que mientras arrecia la inflación meterle gasto fiscal va en la dirección contraria de lo requerido.

Como el que nace tecnócrata muere tecnócrata, incluso en estas aciagas circunstancias Marcel salió a hacer proyecciones. Su estimación es que el bono impactará en un 0,12% el dato de inflación, ese intento de precisión solo muestra que los economistas, aunque no parezca, tienen buen humor.

El problema para Marcel es que no estamos hablando aquí de frías cifras macro que no tengan mayor relevancia para la población. Tal como lo señaló esta semana en el Congreso la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, “debido a la inflación el número de pobres está aumentando en Chile”; por mucho que Marcel se repita a sí mismo que donde manda capitán no manda marinero, él sabe que haber cedido a este bono perjudica a esos chilenos que luchan con por caer en la pobreza, y esa es una renuncia. Una renuncia importante.