El 13 de septiembre de 2019 fue un buen día para Itelecom y su fundador, dueño y gerente general, León Marcelo Lefort Hernández. Ese día, su empresa y gran parte de sus 100 trabajadores pasaron la tarde en la Hacienda Santa Martina de Lo Barnechea. La celebración de los 18 años de Itelecom fue en grande.

Lo que no sabía Lefort, vestido ese soleado viernes con polera azul y short deportivo, era que desde inicios de 2019, la PDI escuchaba y grababa cada una de sus llamadas telefónicas. “¡Vamos por más!”, se lee en el video del festejo con imágenes de aquella jornada.

Lo que ocurrió de ahí en adelante fue solo cuesta abajo para Lefort, sus socios, y la empresa. Hoy Lefort está formalizado junto a dos de sus socios (Heriberto Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama), por los sobornos que permitieron a la firma adjudicarse millonarias licitaciones para recambio de luminarias públicas a tecnología led en diversas comunas del país, entre ellas Chillán, donde ya hay otras 16 personas formalizadas, entre ellas funcionarios municipales.

El domingo pasado, La Tercera reveló un audio entre Lefort y el abogado Ramón Sepúlveda, que trabaja para el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). Según la versión del medio, ambos hablaban de una triangulación de pagos que, según sospecha la Fiscalía, irían a parar a Jadue.

Mientras tanto Lefort -quien es defendido en lo penal por el abogado Miguel Ángel Chaves- pasa sus días en Capitán Yáber en prisión preventiva, donde se contagió de Covid-19 y estuvo hospitalizado grave con una neumonía producto del virus. En tanto, el Ministerio Público no lo ha interrogado y ha sido él mismo quien ha declarado voluntariamente, asumiendo solo sus culpas, y sin salpicar a sus socios o ex empleados. El 9 de febrero próximo cumplirá 55 años.

En 2001, Lefort, ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Santiago, y su futura esposa, Ivonne Araya, crearon en su casa los inicios de Itelecom, representando a empresas de telecomunicaciones extranjeras en Chile, y a partir de 2004 ampliaron su giro hacia las tecnologías de la información, boleta electrónica y otros negocios. Entre ellos, las luces LED.

El éxito de esta última incursión fue total. Cuando la conciencia ambiental tomó fuerza en el mundo completo, Lefort llevaba camino andado y fue sumando socios: Marlon Jardel, Bustos y Rodríguez.

En 2016, además, dividieron la empresa y formaron un holding, del que dependían otras cuatro sociedades. Hoy, dicen conocedores, no existe relación entre Lefort y sus socios.

El sector público fue siempre el principal aliado de Itelecom. Municipalidades, el Ministerio de Energía y Gobiernos regionales era sus principales clientes. La investigación aún no arroja cómo Lefort pudo convertirse en el zar de las luces led.

Pero según cercanos, el empresario tenía muy buenas redes en el sector público. Ahora el Ministerio Público indaga si ese fuerte aliciente en el mundo fiscal se debe al pago de coimas u otras irregularidades.

En el ascenso de Itelecom un acuerdo con la división de inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue clave.

Lefort sabía que para seguir ampliando su negocio debía acercarse a los fondos de inversión multilaterales e internacionales que financian obras públicas en todo el mundo: en 2017 cerró un financiamiento por US$18,5 millones para reemplazar 81.000 luminarias públicas.

Allí, el BID puso US$7 millones, el Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (C2F), otros US$7 millones y el Fondo de Tecnología Limpia (CTF) US$4,5 millones.

En el comunicado emitido por el organismo multilateral en 2017, describían así a Itelecom:

“Es pionera en el modelo de iluminación como servicio con GO + Lighting Service, centrado en grandes empresas, instituciones, campus universitarios, y municipios. Con más de 100 empleados en siete países, Itelecom es una empresa de innovación con los recursos y la experiencia para diseñar, desarrollar y mantener despliegues tecnológicos que cumplan con los requisitos específicos del cliente”.

Consultado el BID por DF MAS sobre este financiamiento, respondieron que, a la fecha, “se encuentra totalmente desembolsado, y en etapa de amortización. Todas las luminarias han sido instaladas y los proyectos se encuentran en etapa de mantenimiento”.

De los ocho contratos vigentes con las municipalidades de Melipilla, Cartagena, Villa Alemana, San Javier, Til Til, San Joaquín, Negrete y Recoleta, los ingresos esperados por Itelecom ascienden a los $30.480 millones, hasta la terminación de dichos contratos.

Lefort iba en serio. Por eso para negociar ese financiamiento con el BID, fichó al estudio de abogados Barros & Errázuriz, y los atendió el socio Francisco de la Barra.

Sobre la situación legal de Lefort, el BID dijo que “tiene conocimiento de los acontecimientos en Chile y los está monitoreando. Además, el Grupo BID tiene mecanismos para responder a denuncias de prácticas prohibidas, como fraude y corrupción, en las actividades financiadas por el grupo. Las investigaciones sobre denuncias de prácticas prohibidas son manejadas por la Oficina de Integridad Institucional”, sin entrar en más detalles.

A través de la filial GO + Lighting Service, la firma de Lefort abrió oficinas en Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Argentina. Incluso, en China tienen una representación.

En 2016, crearon la filial Soluciones de eficiencia energética GO+. Ahí uno de los financistas es la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), una de las entidades financieras no bancarias más grandes del continente y que dentro de sus accionistas cuenta al Banco Pichincha de Ecuador y al Caixa Bank de España. Además de fondos de inversión soberanos finlandeses y noruegos. También participan el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del Caribe.

Este financiamiento otorgado en octubre de 2019 fue para prestar los servicios de largo plazo a la Municipalidad de Puente Alto y que se estima que serán de $12.524 millones por todo el periodo. Ahí también estuvieron asesorados por el estudio Barros & Errázuriz, mientras que Morales & Besa representó a la CIFI.

Pero ese pasado glorioso quedó atrás, y a fines de diciembre la empresa, esta vez representada solo por Ricardo Rodríguez, Marlon Jardel y Leonardo Bustos, además del abogado Jorge Lembeye, pidieron su reorganización judicial.

En el proceso, que se ventila en el 26º Juzgado Civil de Santiago, se logra apreciar el tamaño de la compañía y el descalabro por el que atraviesa. Al 31 de diciembre de 2019 -el mismo año que celebraron en grande sus 18 años- tuvo una ganancia de $1.669 millones.

A octubre del año pasado, Itelecom registró pérdidas por $4.118 millones.

El sábado 9 de enero se designó un veedor para la empresa. Se trata del abogado y ex subsecretario de Justicia, Nicolás Mena. “Estamos recién recibiendo todos los antecedentes de la empresa”, dice Mena a DF MAS. “Vamos a hacer todo lo posible para que la empresa siga funcionando. Tiene ocho contratos vigentes y tienen que seguir operando”, apunta el también veedor de la reorganización de Corona.

Entre los principales acreedores de Itelecom, se cuentan la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), con sede en Panamá, con $8.712 millones. Seguido de Banco Itaú con $2.209 millones. Y Trilinc Global Impact Fund, con sede en Islas Cayman, por $1.184 millones.

Itaú ya ingresó al proceso, representado por el abogado Andrés Silva. Mientras que CIFI está mirando de cerca y también podría entrar para recuperar los US$ 11 millones que le debe Itelecom.

La firma chilena registra más de 120 cuentas por pagar a proveedores, y debe hasta los sueldos de su oficina en China. Bancos como el Santander y el Chile les cerraron las cuentas, y tanto en los tribunales de Chillán como de Iquique, tiene parte de sus activos congelados.

En total, le deben $2.703 millones. Dentro de las cuentas por cobrar figuran la Municipalidad de Las Condes, con $1.940 millones. El Gobierno de la Región Metropolitana con $439 millones; y el Gobierno regional de Valparaíso, con $150 millones.

Mientras que las cuentas por cobrar dentro del mismo grupo empresarial aparecen Leonardo Bustos, con $43 millones, Ricardo Rodríguez, con $48 millones y Marlon Jardel con $ 44 millones. En total, las personas y sociedades relacionadas le deben $8.491 millones al holding.

En el proceso aún no se verifica cuántos trabajadores quedan en la empresa, y cuántos quedarán tampoco.

De los ejecutivos que públicamente siguen vinculados a la compañía aparecen Jaime Villegas, como gerente de contratos, que lleva seis años en la empresa; Alex Campos, como gerente de Administración y Finanzas; Maurizio Gecele, como subgerente de Administración y Finanzas; y Enrique Basagoiti, subgerente de Operaciones.

Eso sí, tanto Gecele como Basagoiti tienen publicado en sus LinkedIn que están buscando un nuevo empleo.