Alejandro Verdugo lleva 67 años viviendo en la misma casa. Ahí, sentado en la silla de la peluquería “Katty”, que su esposa instaló en el frontis, recuerda que en su infancia era normal que para Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, todos en la cuadra de la calle Placilla de Estación Central, se invitaban a las casas de los otros. “Yo conocía a todos los chiquillos del barrio”, dice.

“Ahora al frente tengo mil vecinos, y atrás, otros 500”, dice mirando hacia afuera donde se ven edificios de más de treinta pisos, todos habitados y otros en construcción.

Cada cierto tiempo, las torres de Estación Central salen al ruedo. En menos de una década la comuna creció para arriba sorprendiendo a todos. Y lo hizo de una manera tan desordenada que desde entonces se habla de los guetos verticales. Y en la Justicia, se han intentado paralizar varias obras porque sus permisos de edificación están viciados, o derechamente son ilegales.

Algo de eso contenía la sentencia del 21 de octubre que rechazó una reclamación de la inmobiliaria Dalmacia en contra de la Municipalidad de Estación Central y Contraloría, que establecía que el permiso con el que pretendían levantaron miles de metros cuadrados no es legal.

La pregunta que queda ahora es qué pasará con las construcciones que ya están habitadas. “Lo que corresponde es que se demuelan porque son ilegales. Pero, ¿qué pasa con la gente que vive adentro?”, se pregunta el concejal de la comuna, Felipe Muñoz.

Uno de los que enfrentó este tema fue el alcalde Rodrigo Delgado, quien este miércoles asumió como el cuarto ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera. Para algunos, dio la batalla, para otros la nueva cara de Estación Central es simplemente un triste legado de su gestión.

La postura que siempre defendió el ex edil fue que bajo su mandato intentó frenar estas construcciones masivas que terminaron por estigmatizar a la comuna. Pero la realidad, al salir del Metro Ecuador, es otra: decenas de torres por allá y por acá.

De hecho, esta misma semana él estuvo en un matinal de televisión explicando, nuevamente, su versión: en 2008 se intentó levantar un plano regulador que frenara la construcción indiscriminada en la comuna, limitaba la cantidad de pisos y le daba todo un sentido urbanístico. Dijo que la Corema, antecesor regional del actual Servicio de Evaluación Ambiental, lo echó abajo.

También dirigió sus dardos al director de obras de la época. “Ese cargo lo nombra la Seremi de Vivienda”, sostuvo el martes el actual jefe de gabinete.

Pero recién hace tres años Estación Central logró tener un plano temporal para una parte de la comuna y que limita las construcciones a 12 pisos en la Alameda.

“El problema es que todas las calles que comprende ese plano temporal, ya están con edificios, o tienen obras y ya hay permisos aprobados para más torres”, reclama Alejandro Verdugo, también presidente de la Agrupación de defensa de barrios de Estación Central.

El municipio de Estación Central declinó participar en este artículo.

Deibymar Jiménez

Deibymar Jiménez vive en el 55 de la Avenida María Rozas Velázquez, la continuación norte de la Las Rejas, desde el año pasado.

Desde Venezuela llegó junto a sus padres y dos hermanos pequeños. Hoy, los cinco viven en un departamento de una sola habitación, mezclando el living con un segundo dormitorio.

“Por lo visto, los edificios están bien construidos, porque cuando tiembla se mueven, pero normal”, dice Deibymar. Pero sus quejas por el lugar donde vive vienen de sus vecinos “Los arrendatarios hacen mucha bulla, no tienen control incluso con las multas que les pasan. No dejan dormir a los demás que trabajan”, alega.

Esta joven de 20 años trabaja en un puesto de venta de accesorios para celulares a la salida del Metro Las Rejas. Su padre lo hace en Chilexpress, su madre entró hace muy poco a una pastelería, y están juntando dinero para traer a su hermano mayor, quien se había asentado en Colombia.

“La situación ha estado difícil para el extranjero”, dice enfundada en una mascarilla azul.

De arriendo, la familia Jiménez paga $200 mil al mes y debe destinar otros $20 mil a gastos comunes. “El agua a veces no sube bien por la presión, los shaft de basura se acumulan demasiado y a veces sale un olor a podrido en el pasillo”, relata. “Pero es lo que tenemos y es lo que hay”, dice resignada, tomándose su pelo color negro azabache. 

Alejandro Verdugo, vecino de Estación Central hace 67 años.

Mientras que la ola migratoria explica que torre inaugurada, torre habitada casi de inmediato, el valor del metro cuadrado no ha parado de subir.

Según cuenta Alejandro Verdugo, por lo menos desde 2014 que él y sus vecinos han recibido un sinfín de ofertas para vender su casa. Le han llegado a ofrecer hasta 50 UF por cada metro cuadrado, un precio inimaginable hasta hace poco en esa zona de la capital.

Por su casa, que tiene 10 metros de frente y 35 de fondo, “lo tentaron” con $450 millones. El avalúo fiscal de su propiedad alcanza los $130 millones. “Yo no quiero vender porque esto tiene un valor sentimental para mi y mi familia. Pero muchos vecinos quisieron tomar la oferta y ahora más apurados porque ya no hay seguridad en el barrio”, dice.

Con tres casas compradas, explica Verdugo, una constructora puede levantar una torre de departamentos. La cruzada que ha liderado ha sido constante. “En 2014 empezamos a mandarle cartas al alcalde Rodrigo Delgado, después enviamos los antecedentes a la Contraloría, después presentamos un recurso de protección contra el alcalde. Pero fue en vano, ellos siguieron construyendo”, dice.

El problema es que quienes han decidido no vender, ven caer dramáticamente su calidad de vida. La señal de teléfono es pésima porque la tapan las torres, la presión del agua no da y muchos tuvieron que cambiar sus calefont por termos eléctricos; deben construir tragaluces en el interior de las casas para tratar de tener algo de luz natural, porque las megatorres les tapan el sol.

Hoy, con todos los fallos a favor de la invalidación de permisos de construcción, están evaluando pedir indemnizaciones a las empresas para que asuman los costos de ese descontrolado boom inmobiliario.

“Gracias a ese plano temporal, hay 20 edificios que no se van a hacer y otros tantos a los que se les forzó a rebajar los pisos”, se defendió Rodrigo Delgado el martes en televisión.

Uno de los edificios que no se podrá hacer, o no como se había planificado, es el de Dalmacia, que el 21 de octubre perdió su última carta ante la Corte Suprema. “La justicia desconoció nuestros derechos adquiridos”, dice al otro lado del teléfono Renato Sánchez, gerente de desarrollo de Grupo Coloso, firma matriz de la inmobiliaria. 

Según explica, ellos compraron el terreno, presentaron el anteproyecto a la municipalidad y se les aprobó. Pero luego empezó una vorágine de dimes y diretes judiciales y administrativos, hasta el fallo último. “Nuestro proyecto no era los departamentos estudio que se están ofreciendo ahora, sino de 1 y 2 dormitorios, con balcón, con 40% de estacionamientos que es el mismo ratio que tiene Santiago centro, pero nos estigmatizaron y no pudimos desarrollarlo”.

Hoy, como inversionistas les quedan dos opciones: vender el terreno con un castigo por la nueva normativa que limita las construcciones y que ellos no tenían cuando compraron; o construir igual, pero con un límite de pisos, lo que convierte al proyecto en uno menos rentable. Todavía no tienen nada decidido. 

Otro de los problemas evidentes de Estación Central tiene que ver con la saturación de servicios ante más habitantes. Los dos centros comunitarios de salud están colapsados. Hay que ir a las 6 de la mañana a hacer fila para una hora en el consultorio, dice Alejandro Verdugo.

Según el concejal Muñoz, a Estación Central llegaron 80 mil vecinos. “En las salas cunas de la comuna hay una lista de espera de 100%, es decir, la misma cantidad de cupos que hay, ya están en lista de espera”.

El año pasado, la Cámara de Diputados anunció la creación de una comisión investigadora sobre las responsabilidades políticas en la construcción de todas estas torres. Estallido social y pandemia de por medio, todo quedó en el tintero. Ahora, con Delgado como ministro del Interior, puede que todo se reactive.

En todo caso, el psicólogo de 46 años tendrá una lista de tareas bastante más grande que sus días como alcalde de la comuna de las megatorres.