La semana entre Navidad y Año Nuevo no dio tregua para que las aseguradoras afinaran a contrarreloj el escenario que comienza este martes. Reducir los costos lo más que se pueda, negociar contratos con clínicas y prestadores, como médicos, está sobre la mesa por estos días. 

El cálculo que hacen varios al interior de las isapres es que durante enero y febrero, históricamente, la gente gasta menos en salud producto de las vacaciones, lo que en cierta medida será un alivio para las aseguradoras, para cumplir con el fallo de la Corte de agosto de este año en el que se anula el alza de la prima GES y que se aplica desde enero 2024.

El impacto de cada isapre será diferente. En el caso de Consalud, isapre perteneciente a ILC, brazo inversor de la Cámara Chilena de la Construcción, ya anunció que rebajará el precio del GES y será la con mayor impacto en la rebaja de sus ingresos, toda vez que aumentó este guarismo en 25%. Eso significaría una caída cercana a los $ 200 mil millones al año. 

Le sigue Nueva MasVida con una baja de 17,7%, es decir, unos $ 62 mil millones menos al año. Cruz Blanca aparece como la tercera más afectada, al rebajar desde 11 UF a 8,88 UF su prima GES, con un impacto anual cercano a los $ 114 mil millones. Banmédica reducirá sus ingresos en 8,4%, unos $ 71 mil millones al año. Vida Tres caerá en 6,5%, unos $ 15 mil millones anuales. Isapre Colmena tendrá una disminución de 5,3%, un monto equivalente a $ 50 mil millones al año.

¿Caen o subsisten?

“Nadie va a poner plata en un proyecto que no tiene orillas”, dice un ejecutivo del sector. Lo que han hecho hasta ahora isapres como Colmena o Banmédica es recapitalizar créditos para mejorar contablemente sus resultados y así no amenazar el cumplimiento de los índices de garantías que pide la Superintendencia de Salud, lo que podría desencadenar una intervención y posterior quiebra. 

Nuevos aumentos de capital, o inyecciones para no incumplir los compromisos sí se ven en el mediano plazo. Pero eso se haría, más que con inyección de recursos frescos por parte de los controladores, con renegociaciones con la banca, aprovechando la caída de las tasas, o con negociaciones con proveedores para aplazar los pagos o apalancarlos de otra forma. Todo eso, cuenta un alto ejecutivo financiero, ya está en curso, a pesar de que las isapres ya le deben a las clínicas unos $ 600 mil millones.  

La apuesta de buena parte de la industria en privado es que la conversación “en serio” a nivel de Congreso y Ejecutivo, va a comenzar cuando las isapres no puedan seguir pagando tratamiento por la caída de ingresos, como lo adelantó Cruz Blanca en la carta a sus afiliados anunciando la rebaja del precio GES. 

“Esta modificación agrava la situación financiera de Cruz Blanca, donde los ingresos no son suficientes para costear las prestaciones de los beneficiarios -a pesar de los innumerables esfuerzos de contención de costos que se han realizado-, lo que aumenta aún más la presión de la actual crisis del sistema de salud”.

De hecho, es una de las razones de por qué Banmédica y Vida Tres, ambas isapres controladas por el holding estadounidense UnitedHealth Group, se retiraron de la Asociación de Isapres. Quienes conocen de la interna de esa decisión, dicen que cada isapre tiene realidades demasiado distintas, por lo que las acciones para defenderse y seguir adelante son demasiado variadas y seguir con una sola voz gremial le daba menos espacio de acción para tomar sus propias opiniones y medidas. 

En el caso de Banmédica y Vida Tres, por ejemplo, hicieron un profundo trabajo para reducir sus costos este año. Y como el reajuste de precios que aprobó el Congreso (el ICSA) permite un techo de alza de 5%, Banmédica y Vida Tres casi no podrán subir sus precios, empeorando con ello la frágil situación financiera: Banmédica tuvo pérdidas por $ 5.236 millones en el tercer trimestre, por lo que en el acumulado a septiembre su caída alcanza los $ 9.265 millones. Mientras que Vida Tres, aunque no tuvo pérdidas, vio descender sus resultados en 21%.

A todo esto, además, hay que sumar el primer fallo de la Corte Suprema, de fines de 2022, donde se terminó con las tablas de factores y se obligó a las isapres a devolver lo cobrado en exceso. Según el comité de expertos citado para tal efecto, con una serie de medidas, entre ellas compartiendo el riesgo entre los afiliados (mutualización) la deuda podría ser de  US$ 400 millones. Aunque sigue siendo alta, voces en la industria habían dicho que podían llegar a ese monto en una cierta cantidad de años. 

Sin embargo, el Gobierno dice que la mutualización no cumple con el fallo a rajatabla, y la cifra se acerca más bien a los US$ 1.000 millones. Esa cifra, han dicho las isapres, es impagable por el sistema. El detalle estará en el plazo y forma que se defina para ese pago. 

Negociaciones con doctores

Según explica Enrique Paris, ex ministro de Salud y presidente del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, la misma comisión de expertos para analizar los fallos de la Corte Suprema dio luces de cómo deberían reducirse los costos en el sistema. 

Por ejemplo, tomar medidas para controlar las prestaciones, lo que puede terminar en varios reclamos de usuarios acostumbrados a cierto nivel de prestaciones y que ahora disminuyan, pero ante la gravedad de la situación parece un camino obligado. Eso iría aparejado con nuevos mecanismos de pago de atención, por ejemplo, que todo esté acoplado a un paquete de prestaciones de las cuales no se pueda agregar nada extra (que una cirugía esté paquetizada y se incluyan ciertos servicios básicos, para que no varíen los precios entre cada clínica y doctor, por ejemplo), y también hacer un control más exhaustivo de las licencias médicas.

En este último punto, las isapres ya han tomado cartas en el asunto y han sido mucho más restrictivas en aceptar las licencias. A septiembre, el pago de subsidios por incapacidad laboral bajó 14% en el sistema de isapres. Según Paris, en el mediano plazo debería reformarse el sistema de licencias, dejando que un organismo autónomo, tipo Compin, pero reforzado, se haga cargo de esas evaluaciones. Hoy cada isapre evalúa las solicitudes de licencia, y sólo si hay un reclamo se eleva a la Compin. 

Pero uno de los temas sensibles que hoy está en negociación son los cobros que hacen los médicos. Según un ejecutivo de isapre, los horarios médicos representan cerca del 30% de los costos totales del sistema de salud. Por eso una de las negociaciones clave será con los facultativos para que se adecúen al nuevo panorama con una merma de ingresos y un frágil equilibrio en el sistema. 

El “todos nos apretamos el cinturón” va dirigido especialmente a los doctores, dice un directivo. Las clínicas, laboratorios y otros prestadores, ya han hecho ajustes de costos y precios, pero los médicos no han bajado sus aranceles ante la situación critica del sistema, explican en el sistema.  

Un problema político 

“Salvo que se busque un mecanismo de solución efectivo para salvar los planes de salud, a los usuarios, no a las isapres, el sistema va a colapsar”, dice Héctor Sánchez, ex superintendente de Isapres y actual director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello.

Por lo mismo, dice el experto, no se ve voluntad real de parte del Gobierno, toda vez que con el ICSA aprobado con un techo de 5% no alcanza siquiera a compensar la pérdida por la rebaja de los precios GES de en torno a 12%. 

“Estando de acuerdo en que no haya un salvataje para los dueños de las isapres, el Gobierno debería pensar en un salvataje para los afiliados, el problema real es que si hoy quiebra una empresa, se pone en riesgo una serie de tratamientos”, apunta Sánchez.

De hecho, un estudio de Ricardo Bitrán, Moisés Russo y Rodrigo Muñoz de la Universidad del Desarrollo, sacó la cuenta de cuánto le costaría a un usuario de isapre moverse hacia Fonasa.

“Si los beneficiarios de la isapre se viesen forzados a cambiarse al Fonasa y el 50% de ellos mantuviese su seguro complementario, su gasto anual de bolsillo se duplicaría, de $ 335.658 a $ 669.393. Si todos los beneficiarios de la isapre comprasen un seguro complementario al cambiarse al Fonasa, su gasto anual de bolsillo aumentaría algo menos, aunque de todos modos en forma considerable, de $ 335.658 a $ 621.335”, revela el informe financiado por Consalud. 

“Este mayor gasto de bolsillo se debe a que los ex beneficiarios de la Isapre intentarían preservar su acceso a prestadores privados incluso por fuera de la Modalidad de Libre Elección del Fonasa, consumo que los actuales seguros complementarios cubren sólo parcialmente”, recalcan, además de proyectar aumentos en listas de espera y hasta en mortalidad por suspensión de tratamientos.

“Temo que si en 2024 no se pone de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo, seguiremos en esta incertidumbre y eventual crisis sanitaria”, dice Enrique Paris.

En lo que hay que trabajar, concuerdan los expertos y directivos de isapres, es en pensar en la reforma larga de éstas. En los últimos 10 años ha habido tres comisiones de expertos y todas han llegado a conclusiones similares: ir hacia un plan universal de salud, tener un fondo de compensación de riesgos y hacer un sistema de seguridad social público-privado en serio. 

En todos los casos, pasar la valla del Congreso ha sido el problema. Ahora, en este punto crítico en que se encuentra el sistema, las cosas podrían cambiar.