Aunque el viernes 26 de mayo Ricardo Ramos, gerente general de SQM, y Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, “se sacaron la foto” en las oficinas de la minera estatal en Santiago Downtown y dijeron que partía la negociación entre ambas firmas por el Salar de Atacama, lo cierto es que las tratativas se iniciaron 11 días después, el 5 de junio, en la Torre Titanium, donde está el bufete Carey que junto con la sede de Claro & Cía en Apoquindo 3721 fueron los lugares de encuentro de los equipos negociadores.

De parte de la estatal el estudio Carey velaba por sus intereses legales, siendo el líder de este team Rafael Vergara, secundado por Cristián Eyzaguirre. En el caso de SQM, sus abogados fueron Rodrigo Ochagavía y Nicolás Luco, socios de Claro & Cía.

En cuanto a los bancos de inversión, por la estatal está Morgan Stanley, mientras SQM es asesorado por Tyndall Group, donde trabajaron los expertos Juan Ignacio Langlois y Raimundo Lira. 

Y aunque Ramos y Pacheco eran los únicos que negociaban, cada uno tuvo un “petit comité”, con miembros de los respectivos directorios. En el caso de Ramos, pimponeó la estrategia y los términos de los acuerdos con el exministro Hernán Büchi, parte del círculo más íntimo del otrora presidente de SQM, Julio Ponce.

En el caso de Pacheco, su equipo del directorio está compuesto por Eduardo Bitran -ex negociador del acuerdo con Corfo en 2017- y el ex ministro de Transportes Pedro Pablo Errázuriz.  El timonel de Codelco también contó con la asesoría de Jaime San Martín y Alejandro Rivera, ex vicepresidente de administración y finanzas de la estatal. 

Y, por supuesto, Pacheco y Ramos visitaron el objeto de la negociación, el Salar de Atacama, dos veces. La primera de ellas solos y la segunda para convencer a los pueblos atacameños de las bondades de este deal.

Aunque no fue parte del equipo negociador, un par de veces participó de encuentros el vicepresidente de Litio de SQM, Carlos Díaz Ortiz, para aclarar temas técnicos, por ejemplo, el proyecto Salar Futuro, que involucra US$ 1.500 millones, e implica optimizar la extracción de litio en la cuenca altiplánica.

De hecho, este ejecutivo sorteó una verdadera maratón de encuentros este jueves 28, al día siguiente de que SQM y Codelco anunciaran públicamente el acuerdo. El ingeniero civil industrial de la UC, responsable del 80% de los ingresos de la minera no metálica, viajó desde Santiago al Salar de Atacama en la mañana del jueves a explicarles a los trabajadores los alcances del acuerdo.

Luego partió a la planta química de Antofagasta por la tarde y en la noche fue a la fiesta de la empresa, en Santiago, pues coincidentemente SQM tenía planificada para ese mismo dia su celebración de fin de año en un centro de eventos, en el Parque Araucano. Y ahí, en un discurso improvisado, arengó a los concurrentes, todos de la minera no metálica.

“Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien durante los últimos 30 años”, enfatizó en esa cena. “Los últimos cuatro años hemos aumentado la producción y lo vamos a seguir haciendo”, dijo.

“Somos de las pocas empresas en Chile, por no decir la única, que aumentó de forma considerable la venta y la producción en los últimos años”... “Somos la única empresa en Chile que aportó US$ 5.000 millones al Fisco el año pasado”, destacó el profesional, nacido y criado en Maipú.

Díaz hizo ver que el proyecto Salar Futuro, que incrementa la producción de litio de la cuenca altiplánica, “fue un enganche muy potente para poder conseguir esta renovación” del contrato para operar en el Salar de Atacama hasta el 2060. 

Aunque todos los aspectos del Memorándum de Entendimiento (MOU, en inglés) fueron complejos de negociar, hubo dos temas en los que por su trascendencia costó más que saliera humo blanco.

En el caso de Codelco, para la estatal resultaba fundamental contar con el litio en el período más cercano posible y la mayor cantidad de mineral que fuera factible. Al final se logró que desde el año 2025 a 2030, SQM le entregara 201.000 toneladas de litio equivalente (LCE) que, en seis años equivalen a 33.500 toneladas de venta de litio anuales.

No obstante, para SQM ceder esta producción no resulta tan lesivo, dicen profesionales  ligados a la negociación, y sí le genera todo el incentivo para aumentar producción lo antes posible, de modo de que la proporción de Codelco pese menos en el total  En ese marco, cobra especial relevancia su proyecto Salar Futuro, que incrementa la extracción hasta 250.000 toneladas de litio (actualmente bordean los 180.000).  

En SQM, el aspecto más importante fue extender el plazo del contrato al 2060. El anterior contrato Corfo-SQM tiene una duración de 12 años y este es de 30 años -el contrato vigente vence el 2030- y logra superar el que tiene Albemarle con Corfo, que dura 27 años y expira en 2043. 

Otros profesionales conocedores del proceso precisan que los aspectos más polémicos fueron la propiedad de la nueva sociedad (donde Codelco tendrá 50% más una acción) y el gobierno corporativo, así como la repartición de los beneficios de la aún nonata compañía.

En el directorio hay una separación de dos períodos. En el primero (2025-2030) ambas empresas nominarán igual número de directores, pero Codelco designará al presidente, con la gestión en manos de SQM. En el segundo período (2031-2060) el directorio será impar, con la mayoría siendo nombrado por la estatal, quien tendrá en sus manos la gestión del negocio. 

Mención aparte es la cesión de las 5.000 hectáreas de propiedad minera que SQM tiene en el Salar de Maricunga y que con el pacto pasan a ser de Codelco, quien ya tiene un proyecto en la zona y además se está comprando una empresa australiana -por US$ 244 millones- con intereses allí. 

Fuentes ligadas a la estatal recuerdan que a fines del gobierno de Sebastián Piñera se había llegado a un preacuerdo entre SQM y Codelco para unificar la propiedad minera en esta cuenca, que se emplaza en la región de Atacama, y así explotar litio conjuntamente.

A ese acuerdo, de crear una empresa conjunta, habían arribado el entonces presidente de Codelco, Juan Benavides, y el entonces mandamás de SQM, Alberto Salas, en un deal en que expresamente se estipuló que quedaba sujeto a que fuera ratificado por las nuevas autoridades de Codelco, pues ya venía el cambio de gobierno y de signo político. Y, en efecto, ocurrió que ese pacto fue desechado en la era Boric.

  

Los que se tomaron muy mal el acuerdo Codelco-SQM fueron los pueblos atacameños, que dijeron que “se actuó a espaldas nuestras” y “nos enteramos por la prensa”. Les molestó, dice el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Wladimir Reyes, que no les hayan informado pese a que el pasado 14 de diciembre pasaron a conformar una mesa tripartita y, bajo esta fórmula, eran parte de la negociación por el litio del Salar de Atacama. Y pasaron de la queja a la acción: convocaron para este fin de semana a SQM, Codelco y Corfo. 

Este sábado 30 de diciembre, el presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero Yamamoto, partió al Salar de Atacama. 

En la estatal comentaron que tienen un equipo completo desplegado en la zona y que ellos irían a la cita, en tanto que a Corfo -al cierre de la edición- aún no les llegaba la citación. 

A Rupanco. Dos días después de firmado el acuerdo Codelco-SQM, quien fuera presidente durante 27 años de SQM y en gran medida, artífice de la compañía, Julio Ponce Lerou, partía al sur para descansar con su familia. Aunque oficialmente no jugó ningún rol en la negociación de la alianza entre la estatal y la firma privada, oficiosamente sí siguió de cerca el proceso y asesoró en el mismo desde fuera, explicaron conocedores del mismo.

Estas “consultas” se hicieron muy privada y esporádicamente, dado que Julio Ponce Lerou está legalmente impedido de conocer sobre las materias propias del directorio de SQM. El contrato previo de Corfo-SQM de 2018 estipula que “no puede estar en el directorio ni ningún pariente suyo hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive”.

Dicha cláusula expira cuando se acabe ese contrato, en 2030. Según fuentes del actual proceso, este tema no fue tratado en estas nuevas negociaciones y por ello no se menciona en el documento de entendimiento. Consultadas las partes, no hay consenso sobre si sería beneficioso extender la prohibición de que Ponce y su familia participen en la mesa directiva de SQM o la nueva sociedad que explote el Salar de Atacama en los nuevos contratos.

“Julio tiene casi 80 años, ya no le interesa”, dice un amigo del empresario, que admite que los años “no le pasan por encima”, porque se cuida, hace equitación, va al gimnasio y aprendió a jugar golf.

En su exilio de SQM, el ingeniero forestal sí se interesaba en la empresa, por ejemplo, estudió e implementó técnicas para aprovechar el 100% del litio de las salmueras y evitar el descarte. “Si la operación de litio de SQM es la más eficiente del mundo es gracias a él”, cuenta un profesional que lo conoce. 

Otros cercanos explican que “Soqui es su vida”  y que si aceptó dejar el directorio de la empresa y de SQM Salar fue porque era lo mejor para la compañía. 

Igual se dio un gusto. En el investor day del 5 de septiembre de 2018 realizado en Nueva York, nueve meses después de suscrito el contrato SQM-Corfo que lo empujó al ostracismo en la minera no metálica, Ponce sorprendió a todos y llegó a Wall Street a tocar la campana que marca el inicio de las operaciones bursátiles en la plaza norteamericana. 

El grupo Pampa -Pampa Calichera, Potasios de Chile y Global Mining- que creó y lideró Julio Ponce durante tres décadas posee el 25,19% de las acciones sumadas las series A y B, de acuerdo al formulario 20-F de la Securities Exchange Comission de Estados Unidos. 

En privado, y precisamente por este factor Ponce, hay actores que ponen en duda que este camino -una negociación directa con SQM- haya sido la mejor estrategia para Chile. “No me gusta el trato con SQM, no veo por qué no se licitó. Creo que lo van a lamentar”, dice una ex alta autoridad minera, quien apunta al daño que le hizo al país todo el episodio de financiamiento irregular a la política protagonizado por SQM.

Una visión que, en todo caso, no es compartida incluso desde el mismo mundo de centro izquierda. El senador (PS) Juan Luis Castro, que presidirá en 2024 la Comisión de Minería y Energía, señala que “SQM se ha ido sobreponiendo al daño reputacional, sobre la base de la gestión y experiencia en la explotación de litio”, de ahí que no sea un problema la alianza con Codelco.

Como sea, personas que participaron del acuerdo afirman que este es un deal empresarial y que no hay aspectos que deban pasar por aprobación en el Congreso. La empresa que se crearía es una fliial y, por tanto, no aplica la norma legal sobre creación de empresas del Estado, que requiere quorum parlamentario de aprobación.

Hay también una valoración positiva de la gestión de Pacheco. “Sus resultados en defensa de los intereses de Codelco son evidentes, positivos”, dice Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining. El experto reflexiona que el anuncio de esta alianza hizo un clic en términos de ambiente, en especial para la cuprera estatal. “El mundo político o parte de él vio una buena oportunidad de apoyar a Codelco con este tema”, afirma.

Desde el punto de vista netamente comercial, también hay dudas de por qué no se optó por haber lanzado una licitación internacional en la que competidores hubieran pujado por entregar las mejores condiciones al Estado chileno.    

“El primer gran ganador es Albemarle”, dice María Elina Cruz, abogada, exfiscal de Corfo, quien no tiene una buena evaluación del acuerdo. “El Gobierno ha cerrado la competencia en el mercado del litio para siempre. Eliminó la competencia”, opina tajante.

Su punto es que la ventana natural de auge del litio la sitúa con suerte al 2040, porque después tomarán fuerza otros productos sustitutos, incluso los sintéticos o, sobre todo, el reciclaje de baterías. Así, primeramente, Albemarle -cuyo contrato expira en 2043-, se mantiene intacta, sin tener que compartir ingresos con el Estado.

Y luego, cree la abogada, SQM no sale perdiendo porque se perpetúa en el salar con las mejores condiciones a nivel mundial también por mucho más plazo, en todo el período de apogeo del litio. Y, en cambio, “el gran perdedor es el Gobierno”, agrega, porque no va a poder viabilizar la entrada de competidores en los otros salares, porque no hay “bajada” en esa política y porque incluso con el nuevo gobierno de Javier Milei, los actores están mirando más a Argentina.

Y agrega otro punto relacionado con las arcas fiscales y los ingresos que esta actividad genere: “se van a confundir los patrimonios de Codelco. No entran a la Dipres, van a entrar a los estados financieros de Codelco”, alerta.

No es la única que plantea dudas al acuerdo. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, indica que “no está claro si había alternativas mejores para esta mayor producción. Por ejemplo, que Corfo hubiera negociado el contrato directamente o hubiera licitado ¿Hubiera sido superior el resultado al modelo utilizado vía Codelco?”, inquiere.

Como experto minero, no deja de preguntarse “¿Qué va a hacer Codelco con esta plata?. ¿Va a ir al Estado o se la va a quedar?”.

Nada está dicho sobre el futuro de este acuerdo, pues lo firmado es recién el MOU, no la concreción de los contratos en sí, que es la ardua tarea que se avecina para este 2024 para las partes.

Aun así, fuera de micrófono, un actor partícipe de la negociación cree que con este anuncio, políticamente se descomprimió para el Gobierno la presión por llevar a cabo la Empresa Nacional del Litio, porque ya puede exhibir haber cumplido con su promesa de que el Estado chileno participe directamente, a nivel empresarial, del litio. 

“Con esto el Gobierno hizo un “check” en el litio. Puede que no pase nada más”. Otro profesional cree que por lo mismo, esto incluso abre la puerta a que otros actores privados puedan tener más chance en el resto de los salares.

Menos tajante, para el analista político Juan Carlos Portales, director de LLYC, el acuerdo “es un paso importante en materia de atracción de inversión privada para la producción de litio desde la generación de alianzas público-privadas”.

Opina que “es esperable que este anuncio vaya acompañado de nuevas y rápidas definiciones en relación a la calificación de los salares estratégicos y protegidos, la potencial creación de una empresa nacional del litio o la entrega de CEOL de exploración y explotación a actores realmente cualificados, con experiencia, tecnología de extracción directa y estándares ESG probados”.