Hace más de dos décadas, entre fines de los ‘90 e inicios de los 2000, un joven Andrés Montes Cruz comenzaba a desplegar su carrera laboral. En compañía de la abogada Leonor Etcheberry, quien dirigía la recientemente creada Academia Judicial de Chile, se dedicaron a recorrer e ir presencialmente, tribunal por tribunal de las regiones de Coquimbo y La Araucanía, por decisión propia.

Y ocurrió una anécdota. En uno de ellos, la jueza que los recibió en un pueblito de la Región de la Araucanía, al verlos tan formales y elegantes, creyó que eran los proveedores mueblistas que iban a armar los proscenios, la infraestructura para juicios y audiencias. Causó risas, porque Etcheberry y Montes iban a capacitar, de cara al debut de la Reforma Procesal Penal que partía con los pilotos en esas regiones, en diciembre de 2000. La misma reforma que sería el trampolín para Montes y su carrera ligada a este mundo de la persecución de delitos, y que luego, en 2018, cambió por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).   

Tras seis años en esa institución, a cargo de la Unidad de Investigación (UI) -el corazón persecutor de este regulador, que cumple el rol de indagar y formular cargos, que luego zanja el consejo colegiado-, Montes está viviendo días claves. En un mes más, el 16 de enero próximo, concluyen los seis años que dura el puesto en el que sólo él ha estado, pues se creó cuando la institución dejó de ser la antigua SVS y se cambió por un cuerpo colegiado.

Montes había arribado tras ganar un concurso público vía ADP desarrollado desde agosto de 2017. Ahora, este cargo puede ser prorrogado por un período más consecutivo, a discreción de los comisionados de la CMF, sin un nuevo concurso.

Y si hasta hace un mes se daba casi por descontada la permanencia de Montes en la CMF -en un trabajo que sólo en 2022 se tradujo en que este regulador del mercado aplicara sanciones a 109 personas, y que significaron multas a beneficio fiscal por 58.478 UF, el equivalente a unos US$ 2,5 millones-, la irrupción del caso audio, en el que los abogados Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla hablan con el empresario Daniel Sauer y dan a entender que habría pago de coimas a funcionarios públicos en la CMF y en el SII, puso a Montes en la palestra pública.

La veracidad o no del contenido de aquellas conversaciones está siendo investigada en el Ministerio Público -Montes no ha sido llamado a declarar en este frente, dicen conocedores- y en la propia CMF, con una indagatoria reservada que lidera el comisionado Beltrán de Ramón -uno de los dos recientes integrantes del organismo (ver recuadro)-, y cuyos primeros 20 días hábiles de plazo iniciales para investigar, aunque son prorrogables, también vencieron este viernes, conociéndose a nivel público sólo una baja hasta ahora: la asesora y periodista Marcela Gómez. Mientras, la presidenta de la CMF, Solange Berstein, dio este jueves una señal: “todos los funcionarios cuentan con nuestra confianza”, dijo a DF.

Personas relacionadas con el quehacer de la CMF indican que el timing de renovación no podía ser peor y puso al consejo en un zapato chino. No hay espacio legal para postergar la decisión más allá de la fecha indicada. Y mientras por un lado hay un evidente desgaste y efecto reputacional en este torbellino que le afecta a Montes, de la otra vereda -recalcan en el entorno- sería contraproducente no ofrecerle la renovación si es que no se ha verificado algún antecedente objetivo que lo impida, o la pérdida de confianza.       

Por el lado de Montes, pese a los “muy difíciles momentos” y lo “muy molesto” que está y lo injusto que estima todo este episodio -indican testigos que lo conocen-, este abogado de la UDP ha seguido trabajando, con su rutina normal y presencial en el piso 8 del edificio Santiago Downtown.

La ley del lobby deja en evidencia, que, por ejemplo, una semana después de conocerse el caso audio, vía telemática se entrevistó, el 21 de noviembre, con Javier Etcheberry, Marcelo Salazar y Andrés Fuchs, todos representantes de Multicaja, que estuvieron en una audiencia caratulada como análisis de una denuncia presentada por esta compañía contra Transbank, por la ejecución de actividades prohibidas (emisión de boletas de venta electrónicas). Presentes en dicha reunión afirman que el mismo Montes explicitó que por razones de público conocimiento le gustaría grabar la reunión, lo que fue comprendido por los interlocutores.

Generación ilustrada de la reforma procesal penal
Andrés Montes viene de una familia conocida a nivel político del entorno socialista que, coincidentemente, está pasando adversidades en distintos frentes: su padre es Carlos Montes, hoy en el ojo del huracán por el caso Convenios - Democracia Viva. Y su hermana, Javiera Montes, exsubsecretaria de Turismo en el período Bachelet, enfrenta un problema complicado de salud.

Desde su paso por Derecho en la UDP, Andrés Montes fue forjando lazos que lo vincularon rápidamente con su camino hacia el área penal que luego lo dejaría como parte de la “generación ilustrada de la reforma procesal penal”.

En la UDP, por ejemplo, conoció a dos figuras con las que luego se cruzaría su destino laboral. Una fue Leonor Etcheberry, exabogada integrante de la Corte Suprema. “Fue mi alumno. Fui profesora de derecho civil en la Portales y si bien civil no era su ramo favorito -era penal obviamente-, le iba bien”, recuerda la profesional. La otra figura fue el académico Mauricio Duce, quien fue ayudante de Montes en derecho penal.

Así, tras titularse y un paso como procurador del CDE, Montes arribó a la Academia Judicial, que había sido creada en 1994 para la formación de aspirantes a jueces y de capacitación a los ya designados. Precisamente su primera directora era Etcheberry, y ahí Montes se fue transformando en uno de los brazos derechos en este trabajo de la academia que encarnó un avance en el sistema judicial y de mejoramiento institucional, porque significó pasar a un sistema de entrenamiento meritocrático, con concurso y estructurado. Y allí Montes cumplió un rol crucial, de armar los equipos. Abogados que prefieren la reserva, lo retratan como una persona muy formal, pero a la vez cálida, de buen trato, y con mucho “señorío”, y que su paso por la institución moldeó su interés por el servicio público, más que el ejercicio privado de la profesión.

Mauricio Duce, a su turno, conocido como uno de los padres de la reforma procesal penal -fue secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley que integraron tal reforma-, se volvió a topar con Montes, porque el cambio de régimen penal obligaba a adaptar los programas y hacer capacitaciones, de acuerdo al nuevo esquema. “Fue un espléndido trabajador, cumplió con todo lo que se le pidió en la Academia. Y si bien yo la dirigía, tanto él como Rodrigo de la Barra fueron los encargados directos de la capacitación para la reforma procesal penal, un trabajo muy intenso. Y lo hicieron espectacular. Yo los puse a cargo de la reforma. De hecho, los dos después quisieron ser fiscales. Y se fueron”, rememora Etcheberry.

Registro Civil, La Polar, farmacias, Lan
Ese paso natural para Montes de migrar al Ministerio Público se dio en 2004, primero como fiscal adjunto, y seis años después como jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. Imposible nombrar la abultada cantidad de casos de connotación económica que estuvieron en su radar de acción en todos estos años.

Por mencionar algunos ejemplos, entre ellos, el del Registro Civil, que involucró al ex director nacional Guillermo Arenas, y también La Polar, por las repactaciones unilaterales. Coincidentemente, en ambos, fue contraparte el abogado Alex Carocca -que defendía a Guillermo Arenas en el caso Registro Civil y a María Isabel Farah, en La Polar-, quien consultado hoy dice tajante que no cree que Montes se haya prestado para una situación irregular. “Tengo la mejor impresión de él, de su integridad como persona y profesional. Es un tipo correctísimo. Le tengo la más absoluta confianza”, opinó.

Sin dudar de la probidad de Montes, un abogado, a condición de reserva, hace un matiz. “Cuando eres fiscal tienes que dejar enemigos y heridos en el camino”, dice este profesional, aludiendo a dos casos en que considera que Montes pudo avanzar más. Primero, en el caso colusión de farmacias, en 2013, cuando hubo un acuerdo de suspensión condicional, que fue duramente criticado y apelado por el querellante Jaime Mulet, pero defendido por Montes, basado en un ejercicio de realismo de visualizar que la legislación de la época no permitiría condenas mayores (no había sanción penal por colusión).

De hecho, dos años más tarde, en el juicio oral posterior, los imputados del caso farmacias fueron absueltos. El otro caso, Lan en Argentina, por cohecho, en que sí hubo condenas en ese país por el pago de un millón de dólares, pero que en Chile no tuvo correlato, levantando incluso criticas de la Ocde. Y pese al cambio de fiscal (de José Morales a Montes), no se llegó a resultados. “Para llegar a resultados hay que allanar, incautar computadores, telefonos”, dice este personero, quien celebra que esa “timidez” de los fiscales se haya perdido post caso Penta,

Algo de libre competencia
La relación de Montes en temas económicos también alcanzó fortuitamente la libre competencia. Fue a principios de 2016 cuando Andrés Montes tuvo un trabajo bastante intenso en relación con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), pues al estar subrogando al entonces fiscal nacional Jorge Abbott -quien había sufrido un infarto-, Montes quedó como contraparte ante la comisión de Constitución del Senado en la reforma que en ese momento se tramitaba del sistema de libre competencia, en que la sanción penal por colusión enfrentaba álgidas posiciones en su diseño.

Esta subrogancia allanó el camino a un acuerdo, recuerdan partícipes de esa negociación. Porque si bien Montes no ha escatimado en levantar alertas respecto del diseño secuencial -de hecho, en una reciente columna para CeCo dijo que el transcurso del tiempo compromete el éxito de la acción penal, pues “deteriora, desvanece y debilita la evidencia”-, de todos modos estuvo más proclive cuando intervino legislativamente en esta materia en el Congreso, que Abbott.

“Me tocó conocer profesionalmente a Andrés Montes, en su rol como fiscal nacional (s), a propósito de la tramitación de la ley que reformó el 2016 el DL 211. Me pareció un profesional riguroso y preparado, responsable y llano a buscar una solución razonable a la tensión existente entre la FNE y el MP. Gracias a la participación de Andrés, pudimos avanzar en la Comisión de Constitución del Senado, en una solución aceptable a los dos organismos”, recuerda el director de CeCo y ex titular de la FNE, Felipe Irarrázabal.

Cumplido su período como fiscal regional -ocho años, no renovables-, Montes optó por un cambio de rumbo. Fuentes del Ministerio Público indican que quiso evitar las “sillitas musicales”, la práctica de postular a otra región y de esa forma perpetuar la estadía en la fiscalía. Por eso optó por postular a este nuevo cargo en la CMF, que justo calzaba con similar perfil al que él se había dedicado y con sus competencias: sector público e investigaciones. Queda un mes para saber si se le cerrará este ciclo o no en la CMF.

“Andrés Montes es un profesional destacadísimo. Desde mi punto de vista personal es muy lamentable lo que está ocurriendo, porque se corre el riesgo de que se manche una trayectoria que ha sido impecable”, opina Mauricio Duce.